Debe ponerse fin al robo legalizado de la Opaci

Pasaron tres años y medio, pero la Contraloría General de la República aún no ha terminado de auditar el ejercicio financiero 2015 de la Opaci, presidida entonces por Ricardo Núñez, miembro del voraz clan liderado por el hoy diputado Basilio “Bachi” Núñez (ANR), que la manejó a su antojo desde 2006. En el periodo de examen administró nada menos que 41.000 millones de guaraníes. Entre 2010 y 2015, la mencionada entidad percibió 182.000 millones de guaraníes, sin que se sepa que hayan sido invertidos en beneficio de municipio alguno. En verdad, solo se dedica a cobrar ilícitamente, sin prestar ningún servicio público ni realizar obras de bien común. Es un robo descarado a la ciudadanía, nada menos que garantizado por la ley. De hecho, la Opaci nada hace, salvo enriquecer a quienes la manejan a su arbitrio. Siendo una ONG y no una entidad pública, no debe seguir percibiendo un centavo más de los contribuyentes. Si la Contraloría cumple con su deber, es de esperar que el Ministerio Público intervenga este fétido asunto de tan larga data.

Pasaron tres años y medio, pero la Contraloría General de la República aún no ha terminado de auditar el ejercicio financiero 2015 de la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci), presidida entonces por Ricardo Núñez, miembro del voraz clan liderado por el hoy diputado Basilio “Bachi Núñez (ANR), que la manejó a su antojo desde 2006. En el periodo en examen, administró nada menos que 41.000 millones de guaraníes, solo como parte del total recaudado por las municipalidades por expedir, renovar y anular las licencias de conducir. Nadie sabe dónde fue a parar tan voluminosa suma.

Aunque la Opaci, creada por el dictador Alfredo Stroessner, es una entidad del Derecho Privado desde su reforma estatutaria de 1997, la Ley Nº 5016/14 le otorgó la facultad de coordinar esas labores –representando a las municipalidades– con la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial. De hecho, la organización no gubernamental (ONG) se queda con la mayor parte de un tributo municipal, con lo que se viola el principio constitucional de que todo tributo debe originarse en una ley. Lo mismo ocurre con el que dice que debe basarse en la igualdad, pues los pobladores de una ciudad cuya municipalidad no integra la Opaci –la membresía no es obligatoria– quedan exentos del pago irregular, como también lo es el de las tasas por la trasferencia de bienes raíces e hipotecas, cobradas mediante un convenio con el gremio de escribanos.

Entre 2010 y 2015 percibió la friolera de 182.000 millones de guaraníes, sin que se sepa que hayan sido invertidos en beneficio de los municipios afectados. En verdad, solo se dedica a cobrar ilícitamente, sin prestar ningún servicio público ni realizar obras de bien común. Es un robo descarado a la ciudadanía, nada menos que garantizado por la ley. De hecho, nada hace, salvo enriquecer a quienes la manejan a su arbitrio. El objeto de la auditoría aun inconclusa –la más larga de la historia del órgano contralor– es determinar qué se hizo de lo recaudado al menos en ese último año. Empezó el 14 de febrero de 2016; poco antes, Ricardo Núñez dejó de presidir la ONG para integrar la Junta Directiva de este adefesio jurídico, junto con el encausado por hechos de corrupción Roberto Cárdenas, exintendente de Lambaré. Puso el lucrativo cargo en las manos de la intendenta de Ybycuí, María del Carmen Benítez (ANR), esposa del diputado Tomás Rivas (ANR), imputado por delitos varios, como el de estafa.

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Aparte de que la Opaci cobra ilícitamente, fuertes indicios sugieren que lo recaudado acaba siempre en los bolsillos de sus capitostes y sus padrinos. Urge que la Contraloría se apresure a emitir su dictamen, pues el paso del tiempo puede hacer que prescriba una eventual acción penal. Empero, el contralor general, Camilo Benítez Aldana, afirma que verificar el borrador del informe final “tardará lo que tarde”, de modo que no se puede confiar en que sea emitido antes de fin de año. Resulta que el borrador tendría “serios cuestionamientos” y los documentos estarían siendo verificados de nuevo para evitar denuncias o demandas contra los responsables. También podrían ser denunciados, por cierto, si su lentitud provocara la prescripción, es decir, la impunidad de los eventuales malversadores. La prolongada demora para concluir la auditoría de un solo ejercicio fiscal es intolerable, tanto que hasta se podría presumir que es deliberada.

Por de pronto, la Opaci no debe seguir percibiendo un centavo más de los contribuyentes, por tratarse de una ONG y no de una entidad pública. En la anterior legislatura, el Senado ya había suprimido de la Ley N° 5016/14 esta copiosa fuente de corruptelas, pero una mayoría cartista de la Cámara Baja la reintrodujo, con toda certeza porque “Bachi” Núñez influía mucho como “asesor político” de Horacio Cartes. El ávido clan se resistió con éxito a abandonar la gallina de los huevos de oro, siendo presumible que la siga explotando. Nadie notará o, en todo caso, lamentará la desaparición de la Opaci por falta de financiamiento público y de generosos aportes voluntarios. ¿Quién colaboraría con una entidad privada que se mantiene con dinero público, vulnerando la Constitución, para atender única y exclusivamente las necesidades de sus administradores? Allí se ha venido robando con mucho entusiasmo, sin que hasta hoy ningún sinvergüenza haya rendido cuentas ante la Justicia.

Lo que se buscó hace dos décadas, modificando los estatutos para crear una persona jurídica del Derecho Privado, fue escapar en gran medida al control del uso del dinero público, sin renunciar al mismo. Son numerosas las ONG que, a través de la Ley del Presupuesto General de la Nación, reciben fondos públicos para realizar alguna actividad de interés general. Pero no los reciben cada año, como la Opaci, que cobra una suerte de comisión por coordinar, supuestamente, la concesión de licencias de conducir, entre otras cosillas. Por supuesto que nada coordina y que mal podría realizar una labor exhaustiva, pues hay municipalidades que han tenido el acierto de no formar parte de ella, para bien de sus respectivos vecinos. Cada día que pasa se roba a conductores de vehículos y a quienes venden inmuebles o constituyen hipotecas, para alimentar a unos vividores de marca mayor, ligados al poder político de turno. Si “Bachi Núñez –presidente desde 2007 hasta 2011– es cartista, su hermano Ricardo, presidente entre 2011 y 2015, es abdista. El clan juega a dos puntas, con un solo propósito: seguir valiéndose de la ONG para cualquier cosa, menos para hacer algo en favor de la población.

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Si la Contraloría cumple con su deber, es de esperar que el Ministerio Público intervenga en este fétido asunto de tan larga data. Por su parte, el Congreso tendría que dejar de proteger a los Núñez y a sus compinches, borrando de la Ley Nº 5016/14 toda mención a este “rebusque” tan descarado.

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