El Equipo Económico Nacional realizó una reunión ampliada con exministros de Hacienda, expresidentes del Banco Central y analistas económicos con un objetivo: preparar el camino para violentar el espíritu de la ley de responsabilidad fiscal. Este año quieren saltarse el tope del déficit, accionando una cláusula pensada para situaciones muy excepcionales, y para el año que viene recurrir a una peligrosa “trampita” y excluir las inversiones del cálculo del déficit, como ya se quiso hacer en más de una ocasión en el pasado.
La Ley N° 5098/13 establece en su artículo 7, numeral 1, que el déficit fiscal anual de la administración central, incluidas las transferencias, no será mayor que el 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB) estimado para dicho año fiscal.
El numeral 2 estipula que el incremento anual del gasto corriente primario (gasto corriente total menos pago de intereses) del sector público no podrá exceder la tasa de inflación interanual (actualmente de 3,1%) más 4%.
El artículo 11 de la misma norma dispone que, en casos de “emergencia nacional”, crisis internacional que pueda afectar “seriamente” la economía nacional o una caída de la actividad económica interna, a solicitud del Poder Ejecutivo, el Congreso de la Nación podrá suspender por el año fiscal correspondiente la aplicación de los numerales 1 y 2 del artículo 7, y agrega que en ningún caso el déficit podrá exceder el 3% del PIB.
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Si bien existe una caída de la actividad económica interna, el país está lejos de atravesar una emergencia nacional o de verse seriamente afectado por una crisis internacional. Hay otras maneras de enfrentar la retracción y paliar sus efectos hasta que lleguen tiempos mejores. Recurrir a la vieja y fracasada fórmula de simplemente “abrir el grifo” es pan para hoy y hambre para mañana, como lo demuestran las dramáticas experiencias de los países de la región.
Por su parte, la propuesta para el ejercicio 2020 de incluir un artículo que permita aumentar la inversión sin afectar el déficit fiscal no es otra cosa que un maquillaje de las cuentas estatales que no engaña ni a los mercados ni a los inversores internacionales. Aflojar las exigencias legales solo contribuirá al descrédito del Paraguay.
El principal argumento del Ejecutivo es que no repuntan los ingresos del Estado y que existe una necesidad de reactivar la economía. El 1,5% de tope actual representa unos US$ 600 millones de déficit anual. Si se eleva este tope al 3% previsto como máximo significará elevar el saldo negativo a US$ 1.200 millones. Está claro que el objetivo es endeudar más al Estado a través de algunos de los instrumentos disponibles, posiblemente bonos o préstamos de organismos internacionales.
Si se necesitan recursos para invertir, ¿por qué, en vez de proponer gastar más de lo que se tiene, no se insiste en la reducción de la cantidad de funcionarios, amantes, amigos, correligionarios en instituciones que ofrecen un pobre servicio a la ciudadanía?
El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, llegó a convocar a una cumbre de poderes para un supuesto “pacto de austeridad”. En la práctica, lo único que han hecho hasta el momento es aumentar la ya pesada carga impositiva sobre los mismos contribuyentes de siempre. El plan de reforma y racionalización del gasto, tal como se sospechó, no ha aparecido. No existe proyecto presentado y las reuniones con los gremios y los especialistas terminaron en la nada.
Los tan mentados ahorros en el sistema de compra pública han quedado en discursos. Apenas se lanzó un tímido decreto cuyos resultados efectivos se desconocen. Aquí podrían ahorrar montos multimillonarios para canalizarlos a inversiones sin necesidad de mayor endeudamiento y mayor déficit fiscal.
Para mejorar las recaudaciones deberían extremarse los controles en fronteras y castigar a los grandes contrabandistas. No se tiene conocimiento de peces gordos que hayan sido sentados en el banquillo de los acusados. Tampoco se ha llegado a los grandes lavadores del dinero proveniente de mercaderías que son permanentemente incautadas, especialmente en el Brasil. Nunca se implementó el sistema de cruce de informaciones entre las principales instituciones del Estado (Registros Públicos, de propiedad, automotor, municipalidades, IPS, entre otros) para cazar a los ladrones de guante blanco.
Además, el aumento en el endeudamiento no garantiza la eficiencia en la gestión de las principales instituciones que tienen a su cargo las inversiones físicas. Más dinero sin eficiencia podría solo significar inyectar insumos para la corrupción y no para el beneficio de la ciudadanía. El Ejecutivo ya había presentado un publicitado plan de reactivación económica con montos de proyectos de inversión, con los nulos resultados a la vista.
No es la crisis internacional ni la retracción interna las que nos han llevado a esta situación, sino la ausencia de reformas profundas en el presupuesto público, el populismo, los planilleros, las jubilaciones de privilegio, el derroche en los gastos corrientes, la corrupción, la ineficiencia, todo lo cual pone en riesgo la sostenibilidad de la República.
El Equipo Económico, los agentes económicos, la sociedad en su conjunto no tendrían que estar pensando en cómo exceder el tope del déficit fiscal, sino en cómo recuperar el equilibrio de hace una década que, lamentablemente, se despilfarró. Gastar más y, peor aun, gastar por encima de las posibilidades, sin resolver primero todos esos serios problemas estructurales, además de comprometer la credibilidad del país, será echar más nafta al fuego. Si estamos mal hoy, estaremos peor mañana. Las mismas recetas no producirán resultados diferentes.