El serio problema de orden público generado por los “barrabravas” sigue irresuelto, pese a la experiencia recogida desde hace años por los organismos estatales y los dirigentes del fútbol. La violencia causada por esos delincuentes organizados se ha vuelto tan habitual que era innecesario que lo recordaran los graves incidentes ocurridos cerca del polideportivo de la Secretaría Nacional de Deportes (SND), que tuvieron el penoso saldo de un hincha muerto de un balazo y 157 detenidos, en su gran mayoría jóvenes. Un agente fiscal los imputó por los delitos de perturbación de la paz pública, daños a obras construidas o a medios técnicos de trabajo y transgresión de la leyes Nº 4036/10 y 1866/02, que se ocupan, respectivamente, de las armas de fuego y de la no violencia en los estadios. Habrá que ver si alguien rendirá cuentas ante la Justicia por el crimen de homicidio.
Por de pronto, ya han surgido, como era de esperar, unas propuestas para acabar con el fenómeno en cuestión, que no difieren mucho de las formuladas en las últimas décadas y que no han modificado la conducta de los violentos. Más allá de que sean o no sensatas, lo que sería deseable es que simplemente se apliquen las leyes, en especial la Nº 1866/02, salvo que se concluya en que resultan inútiles.
El viceministro del Interior, Hugo Sosa Pasmor, está en lo cierto al afirmar que “los directivos (del fútbol) tienen que tomar conciencia y aprender que no existen esas barras organizadas, sino que son delincuentes organizados” (las negritas son nuestras), a los que, cabe agregar, les importa mucho menos el fútbol que el desahogar su agresividad, incluso contra seguidores de su equipo favorito. El pequeño inconveniente es que la ley “por la no violencia en los estadios” trata de los “hinchas organizados”, en cinco de sus artículos. El 8° fija los siguientes requisitos para que ellos ingresen a dichos recintos y zonas aledañas: a) que hayan cumplido 17 años; b) “que estén registrados y empadronados como tales en la entidad deportiva en cuestión”; y c) que tengan cédula de identidad y un “documento de habilitación como hincha organizado, otorgado con la firma del presidente y un secretario del órgano rector de la entidad deportiva de que se trate”. Como se ve, el soporte legal para combatir el flagelo de la violencia deportiva existe; lo que como siempre falta es la voluntad política para aplicarlo.
El presidente del Club Olimpia, Marco Trovato, entregó al viceministro del Interior una lista de personas con sus respectivos números de cédula de identidad, que el penúltimo domingo ocuparon una gradería de su estadio. No está mal, pero ¿debe suponerse que los “hinchas organizados”, tanto de este club como de los otros, cumplen con todos los requisitos legales antes referidos, para poder ingresar a sus estadios y zonas aledañas? A propósito, dado que la batalla campal en la SND provocó severos daños materiales, es de señalar que el art. 12 de la Ley Nº 1866/02 dice que “las entidades deportivas serán solidariamente responsables por los actos ilícitos cometidos dentro de los estadios deportivos y zonas aledañas”. La Procuraduría General de la República debe hacer algo al respecto. Trovato habría sugerido también que los policías hagan pruebas de narcotest y alcotest en las bocas de ingreso a los estadios, que las “barras” ya no ingresen a sitios donde se desarrollen deportes amateurs y que aumente la custodia policial.
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En cuanto a la primera propuesta, justificada por razones obvias, el art. 17 de la Ley Nº 1866/02 dispone que las personas que en los estadios o zonas aledañas se hallen “bajo los efectos de bebidas alcohólicas o de estupefacientes o demás drogas peligrosas, serán alejadas y puestas fuera de la zona de seguridad”, si otras normas legales no fijan algún procedimiento especial. La ley no limita el control a las bocas de ingreso y no habla de narcotest ni de alcotest, exámenes estos que requerirían una gran inversión en la compra de equipos, salvo que las pruebas sean aleatorias cuando haya miles de visitantes. No resulta coherente por qué habría que prohibir que las “barras” asistan a eventos deportivos amateurs, pero sí permitirles, en cambio, que presencien los que son profesionales, cuando que los violentos no discriminan los lugares donde desatar su barbarie.
¿Aumentar la presencia policial? Ello implicaría desatender otros lugares o acontecimientos, es decir, generaría una dificultad inversa a la acaecida en la deplorable noche del último viernes: la pelea empezó luego de que los agentes apostados en la SND fueran enviados a defender una base de la Armada. La Policía Nacional no puede estar en todas partes a la vez, de modo que los dirigentes del fútbol deben contribuir mucho más para acabar con el flagelo en cuestión.
Según el ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, 22 jugadores obligan a que se movilicen 2.500 policías. Sin los “barrabravas”, bastarían 150 uniformados.
La realidad es que los propios dirigentes financian a los “barrabravas”, como lo dijo el mismo ministro. Estos grupos están muy bien organizados, tanto que hasta son alquilados por políticos para sus campañas proselitistas, como se ha publicado en la Argentina. Así, el dinero fluye hacia ellos.
Como siempre, se anunció que se instalará una imponente “mesa de trabajo”, con la participación del Ministerio del Interior, la Asociación Paraguaya de Fútbol, las federaciones amateurs y los clubes. Probablemente, será tan inútil como las Cumbres de Poderes de las autoridades nacionales. ¿No saben, acaso, que para combatir esta calamidad bastaría con cumplir y hacer cumplir la ley, además de dejar de dar dinero a los “barrabravas”? No hay tiempo que esperar, salvo que se quiera que continúe muriendo gente a manos de delincuentes disfrazados de deportistas.