Se necesita un Presupuesto que genere verdadera revolución económica

El Poder Ejecutivo remitió recientemente al Congreso el proyecto de Presupuesto General de la Nación para el 2020, al que el ministro de Hacienda, Benigno López, ha calificado de “austero”, porque considera que el mismo no deja margen al despilfarro, está ajustado a la delicada situación económica y permitirá un funcionamiento relativamente bueno del sector público. La ocasión es excelente para reflexionar sobre el cumplimiento de las promesas realizadas por las autoridades de turno, los avances planteados en materia de reformas públicas y si las mismas apuntan hacia un verdadero desarrollo del país. Hasta el momento, por lo menos, las expectativas en tales sentidos no han sido satisfechas, ya que los numerosos comensales de todos los colores han caído como aves de presa sobre el Presupuesto para tratar de rapiñarlo como un botín. Ante la realidad que se vive ya no es suficiente que el Ejecutivo presente un Presupuesto “austero”. Lo que se necesita es una verdadera revolución económica que acabe con el Estado fofo y obsoleto y genere las bases para el verdadero desarrollo del Paraguay.

El Poder Ejecutivo remitió recientemente al Congreso el proyecto de Presupuesto General de la Nación para el ejercicio 2020, la norma más importante de la República después de la Constitución Nacional a través de la cual define sus prioridades en materia de políticas públicas. El ministro de Hacienda, Benigno López, lo ha calificado de “austero”, porque, a su criterio, no deja margen al despilfarro, está ajustado a la delicada situación económica y permitirá un funcionamiento relativamente bueno del sector público.

Este procedimiento, que se repite cada año, es una excelente oportunidad para reflexionar sobre el cumplimiento de las promesas realizadas por las autoridades de turno, los avances planteados en materia de reformas públicas y si las mismas apuntan hacia un verdadero desarrollo del país. Hasta el momento, por lo menos, las expectativas en tales sentidos no han sido satisfechas, ya que los numerosos comensales de todos los colores han caído como aves de presa sobre el Presupuesto para tratar de rapiñarlo como un botín.

Sin embargo, en los últimos tres quinquenios las sucesivas administraciones gubernamentales han respetado los lineamientos que permiten mantener el equilibrio de los principales indicadores macroeconómicos. El plan 2020 no está ajeno a ello en cuanto al crecimiento económico esperado y la inflación; sin embargo, la ralentización de las recaudaciones tributarias está presionando a las autoridades gubernamentales a echar manos al mayor endeudamiento del país con el objeto de atender las inversiones, fundamentalmente, lo cual podría derivar en un mayor déficit del Gobierno Central. A raíz de ello, ha puesto sobre la mesa, inicialmente de manera tímida pero ahora con mayor fuerza, la necesidad de una autorización legislativa para romper el tope de 1,5% del PIB conforme lo dispone la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF).

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El poder de turno justifica su Presupuesto “austero” bajo el argumento de que la estructura del gasto no permite mayores reformas, aunque en el mensaje remitido al Congreso se ha puesto énfasis en que se ha trabajado en una “nueva estructura Presupuestaria orientada a resultados”. Pese al difícil momento económico, el proyecto del Ejecutivo propone un aumento del 16% en los salarios docentes, además de ajustes del 3,8% en las remuneraciones de militares y policías, a los que se ha sumado un pedido de jugosa mejora salarial del 20% por parte de la Corte Suprema de Justicia. Este contexto ha azuzado a los docentes de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), quienes se han puesto más duros en el reclamo de una “nivelación” salarial. El total de cargos previstos asciende a casi 305.000, previéndose nuevas creaciones para policías y el sector de la salud.

Lo cierto y lo concreto es que el Presupuesto público “austero” mantiene viejos vicios. Por ejemplo, el 76% del total de las recaudaciones impositivas será utilizado para pagar remuneraciones al personal. Si se tuvieran en cuenta las jubilaciones y pensiones, el dinero ya no alcanza. Se habla de unos US$ 700 millones para las inversiones públicas, suma que no está lejos de la planteada anualmente. Los programas sociales que reciben subsidios directos, cuyos costos ascenderán el año venidero a aproximadamente US$ 325 millones, obtendrán algunos aumentos pese a que se desconocen los controles aplicados sobre el destino del dinero y sus resultados en materia de lucha contra la pobreza. Además, el Estado seguirá financiándose mediante la colocación de bonos en el mercado internacional, con lo cual la deuda pública, que en menos de una década casi se ha duplicado, seguirá su curso ascendente, tal como se advirtió desde un primer momento.

Queda claro que el proyecto del poder administrador no propone los cambios radicales que necesita de manera urgente nuestra República. Solo a modo ilustrativo se puede mencionar que nada se observa en cuanto a medidas para frenar el déficit galopante de la Caja Fiscal, que fagocita una parte importante de la contribución impositiva de la ciudadanía. Tampoco aparece plan alguno para transformar o desprenderse de las obsoletas empresas públicas, muchas de las cuales solo sirven para alimentar el clientelismo político y seguir generando nuevos millonarios. Hacienda se jacta de haber elaborado un proyecto Presupuestario “por resultados”, sin embargo, se desconoce de alguna intención para que las entidades públicas se desprendan de los funcionarios contratados, estimados en unos 50.000 conforme al último dato oficial. Basta con recorrer las oficinas públicas para concluir que están abarrotadas de chupópteros que deberían estar en la calle.

Las autoridades de turno han anunciado en su momento la conformación de una Comisión Interinstitucional Público-Privada para analizar una reforma en los gastos públicos, que por ahora no se ha justificado a juzgar por sus resultados. Apenas han aparecido tímidas medidas administrativas que solo han servido para justificar la existencia de este grupo. Tampoco hay propuestas más radicales en el sector de las compras de las instituciones gubernamentales, cuyos montos ascienden a miles de millones de dólares cada año. Como en el pasado reciente, cuando todo el país avizoraba una crisis económica, el Gobierno no la admitía, retrasando medidas anticíclicas, y el Poder Ejecutivo persistía en su intención de una reforma tributaria en un momento inoportuno. De nuevo ahora está equivocando el camino al desaprovechar una brillante oportunidad para iniciar un proceso de verdadera transformación.

Nadie ignora que el entorno económico internacional se presenta complicado, con una guerra comercial entre los Estados Unidos y China en la que aún no asoma una solución; con una crisis política en el Reino Unido que no define la manera de su retiro de la Unión Europea, que sea cual fuere tendrá duras consecuencias económicas para el bloque; con una Argentina tambaleante económicamente que el próximo mes va a las urnas para elegir a su próximo presidente, y un Brasil que ha asumido reformas y medidas que tímidamente muestran indicios de retoma en su senda de crecimiento. A nivel interno, la recuperación de la próxima campaña agrícola depende de la ayuda del clima, y la ganadería trata de levantarse del fuerte golpe asestado a causa de la última crecida.

Ante la realidad que se vive ya no es suficiente que el Ejecutivo presente un Presupuesto “austero”. Lo que se necesita es una verdadera revolución económica que acabe con el Estado fofo y obsoleto y genere las bases para el verdadero desarrollo del Paraguay.

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