Un fiscal “de la casa” para Ramón González Daher

Se ha señalado que la instalación de un nuevo Gobierno conllevó que el Poder Judicial y el Ministerio Público dieran ciertas muestras de querer desprenderse del tremendo influjo del poder político. Pero la primavera judicial fue efímera. En efecto, el pacto abdo-carto-llanista, primero, y abdo-cartista, después, demostraron que el entorno político sigue influyendo notablemente en las actuaciones fiscales y judiciales. Como un ejemplo se puede mencionar que la fiscala adjunta de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, Soledad Machuca, encargó al agente fiscal Osmar Legal que investigue a Ramón González Daher, a su esposa y a su hijo, por los delitos de usura y lavado de dinero. Legal es el mismo que aparece en una comprometedora conversación con Raúl Fernández Lippmann, el exsecretario del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, entonces presidido por el hermano menor de Ramón, Óscar González Daher, sugiriendo la intervención de este en un fallo judicial. Se tiene la impresión de que estamos ante un nuevo caso de “justicia delivery”.

Se ha señalado, más de una vez, que la instalación de un nuevo Gobierno conllevó que el Poder Judicial y el Ministerio Público dieran ciertas muestras de querer desprenderse del tremendo influjo del poder político. Las pesquisas sobre las presuntas actividades ilícitas de los Zacarías Irún y las prisiones preventivas dictadas contra el exsenador Óscar González Daher (ANR), el diputado Ulises Quintana (ANR) y el expresidente del Indert Justo Pastor Cárdenas alentaron la esperanza de que los que mandaron o mandan ya no estén muy seguros de la impunidad a la que están habituados desde siempre. Pero la primavera judicial fue efímera. En efecto, el pacto abdo-carto-llanista, primero, y el abdo-cartista, después, demostraron que el entorno político sigue influyendo notablemente en las actuaciones fiscales y judiciales. González Daher y Cárdenas guardan hoy arresto domiciliario, en tanto que Quintana volvió a su banca y el jefe del clan esteño logró que una amistosa Cámara de Apelación archivara la causa que se le seguía por enriquecimiento ilícito. Si a estas medidas favorables a los indiciados de haber cometido graves hechos punibles se suma que el exsenador Víctor Bogado no cumple la irrisoria pena de un año de cárcel por complicidad en un cobro indebido de honorarios, y que el diputado Miguel Cuevas (ANR) será juzgado por delitos varios en su feudo de Paraguarí, resulta que se ha difuminado aquella ilusión de que la ley penal también empiece a regir no solo para los peces gordos de la política, sino también para sus parientes, amigos o favorecedores.

Por si faltaran más signos de que se ha vuelto a la deplorable normalidad, la ciudadanía acaba de saber que la fiscala adjunta de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, Soledad Machuca, encargó al agente fiscal Osmar Legal que investigue a Ramón González Daher, a su esposa Delcia Karjallo de González y al hijo de ambos, Fernando, por los delitos de usura y lavado de dinero. Lo hará en reemplazo de su colega Liliana Alcaraz, quien informó hace poco más de una semana que se está estudiando si se formula o no una imputación al respecto.

En los audios difundidos por la 730 AM ABC Cardinal a fines de 2017, se escuchó un diálogo telefónico entre el agente fiscal recién designado, quien era entonces secretario del juez penal de garantías Alcides Corbeta, y Raúl Fernández Lippmann, quien era secretario del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y hoy está procesado por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y tráfico de influencias. Por este último delito y por el de asociación criminal, que habría cometido desde la Presidencia del JEM, también está enjuiciado Óscar González Daher, hermano menor de Ramón. La conversación mantenida en la ocasión y consignada en los audios, entre el ahora designado fiscal y el exsecretario del JEM, que no tiene desperdicio, giró en torno a las medidas alternativas a la prisión que podrían otorgarse a un procesado por narcotráfico. El agente fiscal Legal sugirió a su interlocutor, Fernández Lippmann, que su jefe (“lekaja”) llamara al juez al respecto, porque él no habría podido lograr nada. O sea que propuso que el tráfico de influencias se ejerciera a un nivel más alto, para que fuera más efectivo. En otros términos, le dijo a Fernández Lippmann, con todo descaro, cuál sería la mejor manera de perpetrar un hecho punible, incurriendo así en algo muy parecido a la complicidad. Y ahora es este fiscal quien se apresta a investigar al hermano del “Lekaja”, gracias a una designación sospechosa, que hace suponer, en el mejor de los casos, que la fiscala adjunta ignoraba el contenido de los audios entregados a la Unidad Especializada que dirige, o, en el peor, que estemos ante otro caso de “justicia delivery”, como los que venimos presenciando.

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Aparte de que el agente fiscal Legal no tiene la menor autoridad moral para integrar el Ministerio Público, se da la circunstancia de que debe ocuparse de unos manejos financieros a los que no habría sido ajeno el exsenador cuya intervención directa en un caso penal tuvo a bien aconsejar, aunque la Constitución prohíba que los miembros de otros Poderes intervengan en los juicios, “de cualquier modo”. Si Fernández Lippmann se dirigió a él para que influyera en una decisión judicial es porque gozaba de su plena confianza, es decir, porque hablaban el mismo lenguaje.

La Ley N° 1562/00 dice que “el fiscal general del Estado podrá designar directamente a un agente fiscal, cuando así sea conveniente por la naturaleza del caso o su especialización”. En buena medida, la naturaleza del caso es también política, en el sentido de que el investigado es pariente cercano de quien sigue ejerciendo no solo un considerable poder económico. Como legislador y presidente del JEM, Óscar González Daher habrá hecho favores a muchos elementos del Ministerio Público y del Poder Judicial, que bien podrían creer apropiado retribuirle siendo benevolentes con su hermano Ramón. Cabe preguntar, entonces, por qué la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, no ejerció su facultad legal de nombrar directamente a un agente fiscal que tenga una foja de servicios impecable, dentro y fuera de la institución que encabeza. ¿Por comodidad, obsecuencia, o complicidad?

Por de pronto, lo que cabe esperar es que el agente fiscal Legal sea reemplazado cuanto antes por alguien que no pueda ser sospechado de afinidades con el opulento y aún poderoso clan luqueño. Ni siquiera debería continuar en el Ministerio Público, si es que este organismo desea gozar de alguna credibilidad. Pero, lamentablemente, estamos “lo mismo que igual”, como dice un giro popular. O quizás, peor.

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