La Contraloría General de la República publicó un extenso y rotundo “Informe sobre la rendición de cuentas de la ejecución de los programas y proyectos financiados con los recursos del Fonacide”. Allí se lee que, entre 2013 y el 30 de junio de 2019, el Ministerio de Hacienda transfirió 2,9 billones de guaraníes (485 millones de dólares) a los Gobiernos departamentales y municipales y que el 98,5% de ellos los gestionó en forma “deficiente e inicial, niveles que se consideran muy por debajo de lo deseado para una buena gobernanza”. La Contraloría constató que la “incorrecta” administración de los recursos es atribuible en algunos casos a la ignorancia que los ejecutores tienen de las normas legales, algo que “tampoco les exime de responsabilidad”, en tanto que en otros “se torna difícil (...) no presumir la existencia del dolo liso y llano”. O sea que en casi todos los casos, el dinero que debía destinarse a financiar proyectos de educación y de almuerzo escolar estuvo en manos de ineptos o de ladrones.
El balance no puede ser más deprimente. Se creía que la descentralización iba a permitir que los educandos de los departamentos y de los municipios fueran bien atendidos por unas autoridades locales controladas de cerca por la población. En otros términos, se suponía que su interés en que los hijos de los pobladores estén bien alimentados y asistan a escuelas bien construidas iba a ser mucho mayor que el de un ministro y unos funcionarios residentes en Asunción. Resultó que les tienen sin cuidado el presente y el futuro de esos niños, pues no leen las leyes para saber cómo administrar el dinero público o, simplemente, prefieren robar. Sobre esta última afición, tan difundida, la Contraloría da cuenta de que ha mantenido informado al Ministerio Público de indicios de hechos punibles contra el patrimonio, que en el caso de las Municipalidades causaron un perjuicio de 15.141 millones de guaraníes y en el de las Gobernaciones de 949 millones. Entre las fechorías constatadas figuran sobrefacturaciones, pagos por obras no ejecutadas, transferencias de fondos a entidades privadas, irregularidades en la contratación y ejecución de obras, como también en la provisión del almuerzo escolar, y pagos a funcionarios con recursos del Fonacide.
Y bien, en estos últimos seis años, con una sola excepción –el exintendente de Laureles, Ñeembucú, Roberto Chávez Pasotti–, ningún otro intendente, ni gobernador, ni concejal ha ido a dar con sus huesos en la cárcel. Los bandidos están impunes y muchos de ellos siguen en sus respectivos cargos.
El Fonacide ha sido prostituido hasta el punto de que el intendente de Jesús de Tavarangue, Hernán Schendler (ANR), utilizó la cuenta para lavar dinero del narcotráfico. El intendente de J. Augusto Saldívar, Daniel Báez (PLRA), no llegó a tanto, pues se habría limitado, en lo esencial, a realizar obras “fantasma”, causando un daño patrimonial de 1.072 millones de guaraníes, razón por la cual fue imputado por el Ministerio Público. Por su parte, el intendente de Lambaré, Armando Gómez (PLRA), habría recurrido a 217 alumnos “fantasmas” para justificar el pago del almuerzo escolar. Como se ve, para timar al fisco existen miles de recursos.
A propósito, hay treinta intendentes que están en falta por no rendir cuentas de la administración de los recursos y que, no obstante, los siguen recibiendo, pese a que el art. 5º de la Ley Nº 4758/12 dice que para disponer de ellos, “las Gobernaciones y Municipalidades deberán estar al día con la rendición de cuentas de las partidas (...) que hayan sido recibidas con antelación y haber cumplido la obligación de publicar la información correspondiente en su portal electrónico en los términos del art. 8º de la presente ley”. Uno de los diez reincidentes –Sergio Cuéllar (ANR), de Fuerte Olimpo– fue imputado por el Ministerio Público por desviar dinero del Fonacide, pero ello no impidió que en septiembre haya recibido del Ministerio de Hacienda 777 millones de guaraníes.
El latrocinio que se viene perpetrando, con toda impunidad, afecta severamente el derecho a aprender de los alumnos de hogares de bajos ingresos, así como “la igualdad de oportunidades en la participación de los beneficios de la naturaleza, de los bienes materiales y de la cultura”, al decir de la Constitución. Aunque sea imposible cuantificar el perjuicio causado en este sentido, es indudable que se está atentando contra el bienestar futuro de las nuevas generaciones. Para peor, quienes debían haber sido los primeros en esforzarse por controlar el manejo de los recursos del Fonacide –los padres de familia y los maestros– hacen muy poco para impedir que sean malversados. Quizás no sepan que el Ministerio de Hacienda transfiere ingentes sumas a las Gobernaciones y a las Municipalidades para la alimentación y la formación de sus hijos, por lo que deberían tratar de enterarse o de interpelar a quienes no tienen una gestión transparente. Si bien la Contraloría, el Ministerio Público y el Ministerio de Hacienda deben ser mucho más rigurosos, también la población debe dejar de confiar a ciegas en intendentes, gobernadores y concejales. El informe comentado es lapidario, de modo que se impone que tanto la sociedad civil como la Justicia tomen cartas en este indignante asunto.