Fallo contra Víctor Bogado y su niñera despierta esperanzas

Al rechazar de entrada y por unanimidad los recursos extraordinarios de casación interpuestos por el exsenador Víctor Bogado y su niñera Gabriela Quintana, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia puso fin, en principio, a un largo proceso en el que los encausados buscaron la prescripción de la acción penal. Quedaron definitivamente confirmadas las respectivas condenas a un año de cárcel por complicidad en el cobro indebido de honorarios y a un año y seis meses de cárcel por la autoría de dicho delito, en ambos casos con suspensión de la ejecución de la pena. Como son tan desvergonzados, la defensa del exsenador anunció que presentará un recurso de aclaratoria contra el referido fallo, al solo fin de que se llegue al 24 de octubre, día en que se habrá de operar la prescripción, sin que el mismo sea resuelto y, por tanto, acaben siendo “inocentes”. Si ello ocurriera, la sucia maniobra tendría que ser repelida de inmediato para que no logren lo que siempre buscaron porque se sabían culpables. Los ciudadanos y las ciudadanas están indignados con los sinvergüenzas, tal como se puede observar en las manifestaciones públicas y en las redes sociales.

Al rechazar de entrada y por unanimidad los recursos extraordinarios de casación interpuestos por el exsenador Víctor Bogado y su niñera Gabriela Quintana, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia puso fin, en principio, a un largo proceso en el que los encausados apelaron a múltiples artimañas para lograr la prescripción de la acción penal. Quedaron así definitivamente confirmadas las respectivas condenas a un año de cárcel por complicidad en el cobro indebido de honorarios y a un año y seis meses de cárcel por la autoría de dicho delito, en ambos casos con suspensión de la ejecución de la pena.

Como son tan desvergonzados, la defensa del exsenador anunció que presentará un recurso de aclaratoria contra el referido fallo, al solo fin de que se llegue al 24 de octubre, día en que se habrá de operar la prescripción, sin que el mismo sea resuelto y, por tanto, acaben siendo “inocentes”. Si ello ocurriera, la sucia maniobra tendría que ser repelida de inmediato para que no logren lo que siempre buscaron porque se sabían culpables. Sus innumerables chicanas, que empezaron prácticamente desde que fueron imputados el 25 de octubre de 2013 –¡hace seis años!–, fueron toleradas sin que sus defensores ni los jueces que las permitieron fueran sancionados de acuerdo a lo que mandan el Código Procesal Penal y el Reglamento del Sistema Disciplinario del Poder Judicial. Recién el 25 de septiembre de 2019, la Sala Penal de la Corte, al rechazar la última recusación planteada contra los jueces, multó al abogado Felipe Duarte, defensor de Gabriela Quintana, por sus “reiteradas e infundadas presentaciones”, que implicaban un ejercicio abusivo del derecho a la defensa. Ellas también favorecían a su patrón, con quien actuaba de consuno para exhibir una mala fe procesal que suponía una burla a la Justicia.

La Fiscalía pidió cuatro años de prisión para ambos, como coautores de los hechos punibles de estafa y cobro indebido de honorarios, de modo que las penas que les fueron impuestas resultaron demasiado leves. Con todo, mucho peor hubiera sido que ellas no quedaran firmes ni ejecutoriadas debido a las dilaciones provocadas por los encausados. Además, para la salud moral de la República es importante que, por primera vez en nuestra historia, alguien haya sido condenado por actos de corrupción perpetrados como legislador. Bogado lo seguiría siendo si la Cámara Alta no hubiera dispuesto su ignominiosa expulsión tras el fallo del Tribunal de Sentencia.

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Por de pronto, el desenlace de este vergonzoso proceso, suponiendo siempre que la Sala Penal de la Corte rechace in limine el anunciado recurso de aclaratoria como postrera maniobra retardataria, también implicaría un mensaje de desaliento para aquellos políticos de avería que vienen trabando incluso la pesquisa fiscal, con el mismo objeto que tuvo en mente Bogado. Los diputados colorados Miguel Cuevas, Ulises Quintana, Tomás Rivas, Esteban Samaniego, Justo Zacarías Irún y Rocío Abed de Zacarías Irún; los liberales Carlos Portillo y Teófilo Espínola, así como sus correligionarios “parlasurianos” Enzo Cardozo y Milciades Duré; el senador colorado Javier Zacarías Irún y su esposa Sandra McLeod; los exsenadores Óscar González Daher y Jorge Oviedo Matto: todos ellos, entre otros, se están valiendo de chicanas diversas para impedir que se llegue a dictar en tiempo oportuno una sentencia que sería condenatoria.

El caso Quintana es singular, ya que está trabando la realización de una nueva audiencia para imponerle medidas luego de que fuera anulada la resolución de la jueza Magdalena Narváez, que levantó su prisión preventiva y dispuso su libertad ambulatoria. El presunto autor o cómplice de varios delitos, muy optimista él, acaso por tener padrinos poderosos, acaba de asegurar que obtendrá un sobreseimiento definitivo en la audiencia preliminar y que se postularía a la Intendencia de Ciudad del Este. Cree tener el apoyo del Presidente de la República, lo que podría entenderse como un aviso al Poder Judicial. Es de esperar que sea desoído, que sus arterías procesales o las de sus coencausados sean punidas y que en el futuro se tenga en cuenta lo señalado por los camaristas Pedro Mayor Martínez, Cristóbal Sánchez y Mirtha González de Caballero, cuando confirmaron las condenas al patrón y a su niñera: el cómputo del plazo para que prescriba la acción penal o se extinga la causa se suspende durante el tiempo en que ella no haya podido continuar debido a las chicanas de la defensa. Si es así, como debe ser, los investigados o procesados antes referidos deberían abstenerse de entorpecer las actuaciones fiscales o judiciales, porque si fueran culpables, como su inconducta hace suponer, el mero paso del tiempo no los libraría de una sanción penal impuesta por jueces imparciales. Deberían invertir su dinero en una buena defensa y no en ardides procesales.

Pero más allá de sus respectivas estrategias, lo que ahora importa es aplaudir que el infundado recurso extraordinario de casación haya sido denegado en solo seis días, quizá para evitar el baldón que implicaría que el dúo de cínicos se saliera con la suya. El plazo máximo para resolver era de un mes. Similar prontitud cabe aguardar, reiteramos, si se plantea el recurso de aclaratoria. Lo que ya está claro es que Bogado no podrá sostener que la sentencia condenatoria que pesa sobre él fue anulada porque conllevó la inobservancia o la errónea interpretación de una norma constitucional, porque fue contradictoria con un fallo anterior de un Tribunal de Apelación o de la Corte o porque fue manifiestamente infundada, que son los únicos motivos por los cuales la Sala Penal podía casar la sentencia en cuestión. O sea que, pese a que haya sido bastante benigna, la decisión adoptada por ella hace dos días constituye una buena noticia para la Justicia.

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Con tan buenos auspicios, es de esperar que los órganos del Poder Judicial actúen también con toda independencia y firmeza frente a las chicanas que los demás procesados vienen interponiendo con todo descaro para zafar de la Justicia. Los ciudadanos y las ciudadanas están indignados con los sinvergüenzas, tal como se puede observar en las manifestaciones públicas y en las redes sociales.

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