Que el diputado Harms le pague de su bolsillo a “Romerito”

La Cámara Baja aprobó una pensión graciable de 1.500.000 guaraníes mensuales al exfutbolista Julio César Romero “Romerito”, propuesta por el diputado Walter Harms (ANR, cartista), porque quien fue uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol paraguayo se hallaría en una mala situación económica, agravada por problemas de salud. La Ley N° 4027/10, referente a las pensiones graciables, exige que el proyecto de ley respectivo debe ser acompañado, entre otros documentos, de un certificado de insolvencia expedido por un Juzgado de Paz para comprobar “que no cuenta y no puede procurarse recursos económicos suficientes para llevar una vida digna”. Aparte de que el exfutbolista jugó en grandes clubes del exterior y que es evidente que algo le queda de las multimillonarias sumas que ganó, por el estilo de vida que lleva. Él mismo afirma que actualmente tiene un empleo. Si con estos antecedentes se halla en verdad en serios aprietos económicos, el diputado Harms bien podría recurrir a su propio bolsillo, abultado con una dieta mensual de 32 millones de guaraníes, para ayudar a su correligionario en apuros.

La Cámara Baja aprobó una pensión graciable de 1.500.000 guaraníes mensuales para el exfutbolista Julio César Romero (“Romerito”), propuesta por el diputado Walter Harms (ANR, cartista) porque quien fue uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol paraguayo se hallaría en una mala situación económica, agravada por problemas de salud. La Ley N° 4027/10, que regula la concesión y el aumento de ese auxilio pecuniario, dispone que pueden recibirlo aquellas personas que tengan “sesenta años de edad cuanto menos” y se hayan “destacado de manera relevante (...) en actividades científicas, artísticas, deportivas o culturales”. También dice que el proyecto de ley respectivo debe ser acompañado, entre otros documentos, de un certificado de insolvencia expedido por el Juzgado de Paz del lugar en que vive el beneficiario para “comprobar que no cuenta y no puede procurarse recursos económicos suficientes para llevar una vida digna”.

Y bien, lo resuelto por los diputados, tan generosos siempre con la plata ajena, resulta indignante, y no porque “Romerito” carezca de méritos deportivos, sino porque su estilo de vida, que es de conocimiento público, salvo para el juez de paz luqueño, no condice en absoluto con el de una persona sumida en una miseria que sea incapaz de superar. Es evidente que algo le queda de las multimillonarias sumas que ganó jugando en grandes clubes de Brasil, España y Estados Unidos. Hasta ahora, según cuentan los lugareños, sin ser abstemio, frecuenta un local de comida rápida y hasta se pega el lujo de asistir con frecuencia al carnaval de Río de Janeiro. Fue concejal colorado en Luque desde 2001 hasta 2006. Ahora mismo cuenta con un empleo, según dijo el propio favorecido. Si con estos antecedentes se halla en verdad en serios aprietos económicos, el diputado Harms bien podría recurrir a su propio bolsillo, abultado con una dieta mensual de 32 millones de guaraníes, para ayudar a su correligionario en apuros. No le costaría demasiado, pero le resulta mucho más fácil, como siempre, echar mano al dinero de los contribuyentes para demostrar su “sensibilidad” y “solidaridad”, para no decir directamente su desvergonzado populismo.

También los senadores son muy dadivosos a costa de todos y de las necesidades públicas insatisfechas. Ajenos a la falta de medicamentos en los hospitales, a las escuelas derruidas y a los caminos desastrosos que golpean a numerosas localidades del país, en efecto, acaban de aumentar la pensión graciable del humorista Carlitos Vera, a pedido suyo, a 5.000.000 de guaraníes, porque la suma de 2.200.000, que venía recibiendo desde hace tres años, ya sería insuficiente para cubrir sus gastos de salud. Los senadores Martín Arévalo (ANR, Añetete) y Enrique Buzarquis (PLRA, efrainista) le habrían pedido que les traiga la carpeta para pasarle una mano. Y la pasaron con largueza, porque la ley dice que el monto de las pensiones graciables no debe superar el salario mínimo legal vigente, que hoy es de 2.192.839 guaraníes. Aquí no se discuten los servicios “significativos y perdurables” que el agraciado haya prestado al país, sino, como en el caso anterior, la flagrante violación de la “ley marco” para las pensiones graciables, que sigue vigente.

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El art. 127 de la Constitución dice que “toda persona está obligada al cumplimiento de la ley”, de modo que también los legisladores deben obedecer la ley que ellos mismos aprueban. A quienes violan una ley se les aplican sanciones como una multa, la privación de la libertad o la nulidad del acto jurídico en el que intervienen. Empero, como los legisladores no son ciudadanos comunes, al decir del diputado Carlos Portillo (PLRA), quebrantan con toda impunidad la ley marco referida. La quebrantan porque se creen dueños del dinero público y, por tanto, facultados para usarlo discrecionalmente. Y lo han venido haciendo con muchas ganas, sin ser puntillosos con el cumplimiento de la Ley N° 4027/10.

En los nueve primeros meses de este año ya habían distribuido 4.826 millones de guaraníes entre 403 personas que supieron tocar las puertas adecuadas para conseguir una pensión graciable. La suma presupuestada para este año para todos los agraciados es de 9.216 millones, en tanto que en 2005 fue de 2.470 millones, siendo presumible que la gran mayoría de los favorecidos no satisfacía los requerimientos legales.

Pero no toda la responsabilidad de este derroche y violación de la ley la tienen los parlamentarios, sino también el Poder Ejecutivo, al no vetar lo aprobado irregularmente por el Congreso. Sea por desinterés o por complicidad lisa y llana, quienes se suceden en el Palacio de López contribuyen decisivamente a que, una y otra vez, se desvíen a bolsillos particulares unos recursos que podrían tener mucho mejor destino.

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El abuso de las pensiones graciables no es nuevo, tanto que ya en 2013 diputados liberales propusieron –inútilmente– suspender su concesión durante cinco años. No es cuestión de suspenderla, sino de respetar la ley marco, otorgando el auxilio pecuniario solo a quienes reúnan las condiciones previstas en ella. La aplicación desvirtuada de una normativa sancionada con las mejores intenciones resulta aún más censurable cuando proviene de los mismos legisladores.

Si los dos Poderes del Estado violan la ley, carecen de autoridad moral para exigir a los habitantes que cumplan con lo que ellos sancionan y promulgan.

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