A principios de abril, las plazas Independencia, Juan de Salazar y la de Armas empezaron a ser ocupadas por damnificados de la crecida del río Paraguay, con la ilícita autorización de la Intendencia capitalina. Según la Ley N° 3966/10, las plazas son bienes del dominio público municipal y, por tanto, están destinadas al uso de todos los habitantes. Empero, el intendente Mario Ferreiro creyó oportuno autorizar la operación montada en perjuicio de la enorme mayoría e ignorar su cometido de mantener en buen estado los bienes inmobiliarios del patrimonio municipal. Con todo cinismo, la Municipalidad denunció ante el Ministerio Público la invasión de personas innominadas, sin que hasta la fecha se conozca el resultado de su iniciativa. Se dañó la infraestructura del “patrimonio histórico nacional” y el Código Penal sanciona con multa o con hasta tres años de cárcel a quien destruya una cosa destinada al uso público o al embellecimiento de plazas.
La inundación terminó hace meses, pero los nada indigentes ocupantes permanecieron allí.
En las últimas dos semanas, la Municipalidad se ha ocupado del asunto simplemente porque el 9 de noviembre se disputará en Asunción el partido final de la Copa Sudamericana de fútbol. Solo por eso, y no por responder a la inquietud de los asuncenos. El intendente ordenó un intenso operativo para despejar las tres plazas, es decir, para que se haga lo que debió haber dispuesto ya en los primeros días de abril. Es de suponer que nada habría hecho si no hubiera estado previsto dicho encuentro deportivo. “Estamos en la última etapa de la negociación social. Hemos despejado parte de la misma, 70 u 80%; nos falta un 20%, que es más delicado, pero di las instrucciones de que se proceda lo más aceleradamente posible, atendiendo a ese evento”, dijo el intendente.
¿En qué consistirá la “negociación social” a la que alude el intendente, con personas que ocupan bienes del dominio público municipal? He aquí que ahora hace falta para que los ocupantes retornen a sus hogares, lo que en todo caso ya debió haber ocurrido hace tiempo. El caudal del río no solo ha bajado, sino que existe una pronunciada bajante. Una vez más, el populismo prevaleció sobre los intereses de los asuncenos en general. Así ocurre porque Mario Ferreiro no cree que su cargo le exija cumplir y hacer cumplir las normativas del área de su competencia. El director municipal de Riesgos, Víctor Hugo Julio, afirmó que “hay quejas justas, pero también hay otros que solo porque tienen su negocio acá y no quieren irse”. Resulta evidente así que hubo ocupantes que vinieron para quedarse, como lo hicieron quienes ingresaron en el Parque Caballero o se instalaron en la periferia. Quién sabe si ya no vendieron sus lugares en la ribera a otros que llegaron a engrosar la cantidad de personas que vienen a ubicarse en las zonas inundables, y que constituyen clientela apetecible para los políticos. Dijo también el funcionario que, para que una familia regrese a su casa, además de ayudarle con la mudanza, hay que brindarle los servicios básicos. “Si vamos a depender de la ANDE y la Essap... entonces, ¡con nuestros equipos hacemos todas las conexiones que se puedan instalar!”, expresó. ¿Es competente la Municipalidad para realizar las instalaciones? ¿No sería una usurpación de funciones? Es evidente que se violan leyes orgánicas con todo desparpajo.
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La Municipalidad se ocupará así de “revitalizar” las plazas y las adyacencias afectadas, y el dinero saldrá de nuevo de los bolsillos de los contribuyentes asuncenos. O sea que estos no solo fueron privados del uso de ellas, sino que ahora deberán solventar los gastos causados por quienes las estropearon. A propósito, la Plaza de Armas, que había estado ocupada durante largo tiempo por indígenas, tuvo que ser reparada para la asunción al mando del actual presidente de la República, Mario Abdo Benítez, a un costo de 600 millones de guaraníes.
La Constitución dice que los funcionarios serán personalmente responsables en los casos de transgresiones, delitos o faltas cometidos en el ejercicio del cargo. Esta norma concuerda con la de la Ley N° 3966/10, según la cual el intendente y los demás funcionarios son civil y penalmente responsables por incumplir sus disposiciones en el ejercicio de sus funciones. En conclusión, quienes deberían cubrir los gastos requeridos por la “revitalización” son quienes permitieron que bienes del dominio público municipal, en este caso “patrimonio histórico nacional”, fueran invadidos y destruidos.
Los asuncenos estarán rogando que haya más finales de torneos internacionales en Asunción, para que el intendente y los concejales se despierten y se dediquen a mejorar el aspecto de nuestra capital.