No dilapidar más dinero en deplorables partidos políticos

La Constitución encarga a los partidos políticos ciertas funciones esenciales dentro del sistema democrático. Están para hacer algo en pro del país y no solo para contribuir al sustento de sus dirigentes. Pese al flaco favor que le prestan a la sociedad, se benefician con un montón de dinero público. Sus representantes en el Congreso, sean del partido que fuere, se abroquelan para aprobar de consuno todo lo que les beneficia personalmente o a sus grupos, en contra del interés ciudadano. El senador Blas Llano, dirigente del PLRA y titular del Congreso, reveló que su partido adeuda 38.000 millones de guaraníes y que el titular partidario, Efraín Alegre, realizó gastos discrecionales con fondos públicos. Estas graves acusaciones deberían obligar a la Justicia Electoral y al Ministerio Público a iniciar una investigación sobre el despilfarro del dinero de los contribuyentes por los partidos. Pese a estos antecedentes, la Comisión Bicameral de Presupuesto aprobó un aumento de 20.000 millones de guaraníes al proyecto de presupuesto para 2020. Es hora de poner fin a semejante derroche.

El art. 124 de la Constitución dice que los partidos “deben expresar el pluralismo y concurrir a la formación de las autoridades electivas, a la orientación de la política nacional, departamental o municipal y a la formación cívica de los ciudadanos”. Es decir, les encarga ciertas funciones esenciales dentro del sistema democrático. Están para hacer algo en pro del país y no solo para contribuir al sustento de sus dirigentes, mediante el dinero público que cobran en los cargos electivos, reforzado a menudo por la venta de votos, el tráfico de influencias o la malversación. En este marco, su desempeño general en las últimas tres décadas ha sido tan lamentable que, salvo excepciones, se parecen bastante a unas asociaciones ilícitas para delinquir. Pese al flaco favor que le prestan a la sociedad, se benefician con un montón de dinero público. Sus representantes en el Congreso, sean del partido que fuere, se abroquelan para aprobar de consuno todo lo que les beneficia personalmente o a sus grupos, en contra del interés ciudadano.

Expresan el “pluralismo” solo en la medida en que en el Paraguay no hay un régimen de partido único, pero no en el sentido de que esas entidades reflejen la diversidad de concepciones existentes acerca del Estado y la sociedad. Sería imposible efectuar distinciones ideológicas entre cada uno de los 26 partidos registrados en la Justicia Electoral, desde la Asociación Nacional Republicana (ANR) y el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) hasta el Partido Independiente en Acción (PIA), pasando por el Partido de la A (PDA). La gran mayoría de ellos se funda en la tradición o en las simples ganas de tener el “partidito propio”. ¿Participan al menos en las elecciones generales pluripersonales? Lo hacen, sí, y no solo porque el Código Electoral declara su caducidad cuando no concurren a dos de ellas, sino también porque lo que sus jefes buscan, precisamente, es conquistar un cargo rentado. Las campañas son caras, pero el riesgo financiero que corren los pequeños partidos se atenúa mediante el subsidio estatal, equivalente al 15% del jornal mínimo por cada voto logrado para el Congreso, las Juntas Departamentales o las Municipales, aunque no se haya ganado ningún escaño. Un estupendo negocio para sus dirigentes, aunque la ciudadanía jamás haya oído hablar de ellos.

En efecto, las autoridades electivas surgen de los partidos. Hasta ahí, cumplen con una de las exigencias constitucionales. No ocurre lo mismo con la parte referida a la “orientación de la política”, pues se desentienden de ella, así como de la formación cívica de los ciudadanos. La Carta Magna dice también que los legisladores “no estarán sujetos a mandatos imperativos”, pero no es esa la razón por la que sus respectivas agrupaciones no dan directrices sobre las políticas públicas. Es que para los dos mayores partidos, al menos, las ideas programáticas no tienen ningún valor, lo que lleva a que sus bancadas se reproduzcan en función de personalismos. Por lo demás, para “orientar la política” es preciso conocer la realidad, algo que no debe darse por supuesto.

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Aparte del subsidio electoral que el Estado paga una vez, los partidos reciben también un aporte anual, que en el Presupuesto de este año llega a 35.000 millones de guaraníes. Según la Ley N° 834/96, debe emplearse, entre otras actividades, en la “investigación de la realidad nacional”. El pueblo ignora los resultados de las pesquisas financiadas por los partidos con el dinero de los contribuyentes, en el muy improbable caso de que hayan sido realizadas alguna vez. La Constitución dispone, además, que ellos inviertan el aporte anual en la “formación de ciudadanos en general en el conocimiento de sus programas, propuestas, principios y valores”. Como es imposible dar a conocer lo que no se tiene, mal podrían realizarse cursos o seminarios de formación sobre esas importantes cuestiones. La misma normativa ordena que el aporte anual se destine, en fin, a capacitar a simpatizantes y afiliados para que puedan ejercer “funciones vinculadas a los fines y objetivos de los partidos”, lo que tampoco se cumple porque ellos suelen resumirse en satisfacer las ambiciones políticas y monetarias de los dirigentes.

En lo único que se gasta el dinero de todos, en el mejor de los casos, es en el “funcionamiento ordinario del partido para solventar sus necesidades operativas y administrativas”. El senador Blas Llano (PLRA) reveló que su partido adeuda 38.000 millones de guaraníes y que el presidente Efraín Alegre realiza gastos discrecionales con fondos públicos, comprando combustibles con recibos comunes a un solo emblema, entre otras cosas. Estas graves acusaciones formuladas por un alto dirigente partidario que hoy funge nada menos que como titular del Congreso deberían obligar a la Justicia Electoral y al Ministerio Público a iniciar una investigación sobre el despilfarro del dinero de los contribuyentes que se destina a los partidos.

Pese a estos antecedentes, la Comisión Bicameral de Presupuesto aprobó un aumento de 20.000 millones de guaraníes al proyecto del Presupuesto para 2020, con lo que el gasto total en concepto de subsidios y aportes alcanzaría 53.589 millones de guaraníes. Aunque el Ministerio de Hacienda aún no ha transferido a la Justicia Electoral los fondos previsionados para las últimas elecciones generales, el hecho de que esa Comisión desea recargar el Presupuesto implica que los partidos no quieren renunciar, ni siquiera sobre el papel, a un dinero que gastan sin ningún control efectivo. El senador Fidel Zavala (PQ) cree que el aporte estatal “no corresponde en esta situación delicada para el país”, pero sostiene la conveniencia de la ayuda financiera estatal porque ella “da oxígeno a los partidos pequeños (...) y evita que venga dinero mal habido”.

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Nuestro diario suele afirmar que el subsidio electoral puede ser defendible, siempre que se haga un control estricto de los gastos de campaña, pero no así el aporte anual, pues los partidos deben solventar sus actividades con los aportes de sus propios afiliados, pero no con el dinero de los contribuyentes. Eso de que la plata sucia entraría en reemplazo de la estatal es una excusa, pues a los delincuentes les interesa sobre todo influir en las elecciones internas de los grandes partidos. Por lo demás, que un partido reciba cada año dinero público, no implica necesariamente que renuncie al de otro origen. En suma, los partidos han venido desangrando al pueblo, para atender las necesidades de una casta política codiciosa que se ha adueñado de esas organizaciones. Es hora de poner fin a semejante derroche.

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