Legisladores escombro temen perder sus privilegios con urnas electrónicas

La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) suspendió el miércoles el llamado a licitación pública internacional –convocado por la Justicia Electoral– para el alquiler de 15.000 urnas electrónicas a ser empleadas en las elecciones internas del 12 de julio de 2020 y en los consecuentes comicios municipales del 8 de noviembre. Según el titular del TSJE, Jaime Bestard, dicha medida arriesga la aplicación del desbloqueo de las listas de candidatos, es decir, la posibilidad de otorgar un voto preferencial a uno de ellos. El magistrado no se atrevió a acusar a nadie en particular, pero la ciudadanía bien puede sospechar que la orden provino del presidente Mario Abdo Benítez, si bien este lo negó. Si el acto administrativo de la DNCP ha generado tanta zozobra es porque hay buenas razones para suponer que quienes están acostumbrados al voto cautivo no darán el brazo a torcer y están recurriendo a maniobras arteras. Sería indignante que el Presidente de la República se haya plegado a las repudiables pretensiones de legisladores del sector que él lidera.

La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) suspendió el miércoles el llamado a licitación pública internacional –convocado por la Justicia Electoral– para el alquiler de 15.000 urnas electrónicas a ser empleadas en las elecciones internas del 12 de julio de 2020 y en los consecuentes comicios municipales del 8 de noviembre. Según el presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Jaime Bestard, dicha medida arriesga la aplicación del desbloqueo de las listas de candidatos, es decir, la posibilidad de otorgar un voto preferencial a uno de ellos. En su opinión, el jefe de la DNCP, Pablo Seitz, “tiene una línea política que recibió de alguien”, es decir, habría “algo más que una simple actuación técnica”. El magistrado no se atrevió a acusar a nadie en particular, pero la ciudadanía bien puede sospechar que la orden provino del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, si bien este negó que haya “bajado línea” para frenar el desbloqueo. Al contrario, aseguró que lo apoya. Sin embargo, señaló que es normal que la DNCP pare una licitación pública cuando hay sospechas de irregularidades.

Uno de quienes han venido opinando con fuerza en la materia es el senador Juan Carlos Galaverna (ANR, Añetete), temeroso de que esas máquinas, ya utilizadas desde 2001 hasta 2006, genere un “despelote”. Anteayer, admitió que había hablado con el Jefe de Estado sobre ellas: “El Presidente escucha, pero todavía no emitió un criterio definitivo”, dijo. Y bien, ya lo habría emitido, quizás a instancia del influyente legislador y de otros colorados añetete, como Lilian Samaniego y Enrique Bacchetta.

El director nacional de Contrataciones Públicas negó que haya habido una injerencia política en este asunto tan vinculado con la libertad del votante. También sostuvo que el calendario electoral no será afectado, pues la investigación abierta concluirá en los próximos días, una vez que se reciban ciertas explicaciones del TSJE. Queda abierta la cuestión de qué ocurriría si ellas no fueran satisfactorias.

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Para aumentar la confusión, el asesor técnico de la máxima autoridad de la Justicia Electoral, Carlos María Ljubetic, dijo que el escrutinio de los comicios internos y municipales venideros podría realizarse sin el voto electrónico, o sea, “manualmente”, pues solo se desbloqueará una lista de candidatos a la Junta Municipal y no tres, como en las elecciones generales, en las que hay listas de candidatos al Senado, a la Cámara de Diputados y a la Junta Departamental. No obstante, cree que las objeciones de ciertos legisladores colorados apuntan a que se elimine el desbloqueo de las listas de candidatos, lo cual no debería sorprender a nadie. El senador Galaverna –uno de los grandes beneficiarios de las listas cerradas y bloqueadas– espera que las urnas electrónicas no sean utilizadas en 2023. Por si todo esto fuera poco, los apoderados del PLRA ante la Justicia Electoral exigen ahora que se les convoque para ser informados sobre su uso.

El magistrado Bestard, en fin, anunció incluso que la resolución de la DNCP “paralizará” el cronograma electoral, lo que hace presumir que los comicios podrían ser postergados. “Vamos a acatar, pero estamos totalmente en desacuerdo, porque puede afectarnos. Hasta pareciera que esto fue hecho a propósito”, sostuvo. El temor está justificado, considerando cuánto costó lograr que el Congreso acepte atenuar el rigor de las “listas sábana”, permitiendo el voto preferencial del ciudadano.

Si el acto administrativo de la DNCP ha generado tanta zozobra es porque hay buenas razones para suponer que quienes están acostumbrados al voto cautivo no darán su brazo a torcer, aunque se hayan resignado a permitir el desbloqueo. Están recurriendo a maniobras arteras, en vez de proponer abiertamente derogar la norma que lo dispone. Como les sugirió el senador Sergio Godoy (ANR, cartista): “Si quieren cambiar otra vez las reglas, que presenten un proyecto”, aludiendo a quienes pretextan que los aparatos en cuestión son “vulnerables”, pese a que habrá un cruce de datos entre el sufragio emitido a través de ellos y los boletines que imprimirán para ser depositados en urnas convencionales.

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Lo que a muchos legisladores de repudiable pelaje les saca de quicio es que si las urnas electrónicas superaran los exámenes de 2020, como es de suponer, ellos se expondrán, tres años después, a ser desalojados del Congreso. Ya no podrán cruzarse de brazos tras haber comprado un buen lugar en una “lista sábana”, sino que se verán forzados a competir entre sí o con unos correligionarios más decentes. En todo caso, tendrían que invertir más dinero en la compra de votos o en el alquiler de cédulas de identidad. Si hay que atender el interés general y no el de los politicastros mañosos, no había por qué poner trabas administrativas al calendario electoral.

Todo apunta a que lo ocurrido tiene visos de responder a la presión ejercida sobre el jefe del Poder Ejecutivo con el fin de conservar unos escaños ganados gracias a que el elector se ve constreñido a votar a ciegas una lista de candidatos del movimiento o partido político de su predilección. Sería indignante que, en verdad, Mario Abdo Benítez se haya plegado a las repudiables pretensiones de legisladores del sector que él lidera. El país no se merece semejante complacencia con los “escombros” de siempre, que sienten que se les mueve el piso y corren el riesgo de perder sus privilegios.

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