Aumentos convierten a funcionarios públicos en una casta privilegiada

El proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación destinaba nada menos que el 76% de la recaudación tributaria al pago de salarios. En un par de bochornosas sesiones, la Cámara de Diputados resolvió elevar los gastos rígidos, creando cargos y otorgando aumentos salariales. ¿Cómo lo hizo? Simplemente, reduciendo gastos de inversión, entre los que figuran la compra de equipos médicos y el pago a proveedores del Ministerio de Salud Pública, con lo que no afectó el techo presupuestario ni el límite del déficit fiscal del 1,5% del PIB. Todo esto para satisfacer la codicia de una casta privilegiada, los funcionarios del Estado, que se sirven de los contribuyentes en vez de servirles. Pese a ello, el personal público nunca está satisfecho, de modo que cada año plantea nuevas exigencias, recurriendo incluso a medidas de fuerza para imponer sus abusivas pretensiones. Sin duda, los aumentos concedidos apuntan ya a las próximas elecciones municipales. Solo una movilización firme y perseverante de los explotados puede poner fin a esta iniquidad.

El proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación (PGN) destinaba nada menos que el 76% de la recaudación tributaria al pago de salarios. En un par de bochornosas sesiones, la Cámara de Diputados resolvió elevar los gastos rígidos, creando cargos y otorgando aumentos salariales. Empero, no afectó el techo presupuestario de 86,2 billones de guaraníes (US$ 13.520 millones) ni el límite del déficit fiscal, equivalente al 1,5% del producto interno bruto (PIB). ¿Cómo lo hizo? Simplemente, reduciendo gastos de inversión, entre los que figuran la compra de equipos médicos y el pago a proveedores del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Todo sea para satisfacer la codicia de una casta privilegiada, los funcionarios del Estado, que se sirven de los contribuyentes en vez de servirles.

En 2014, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) reveló que los profesionales de nuestra administración central eran los mejor pagados de América Latina, en términos relativos: sus ingresos superaban entre cuatro y seis veces el per cápita nacional. Este elocuente dato, que no incluye el dinero sucio del soborno o la malversación, concuerda con que dicho banco y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) informaron hace dos años que el gasto salarial del sector público paraguayo alcanzaba el 10% del PIB, en tanto que el promedio regional era del 8%. El estudio se tituló “Mejor gasto para mejores vidas”, debiendo entenderse que se refería a las vidas de los latinoamericanos en general y no a nuestros “servidores públicos”, en particular. Ya viven bastante bien y no solo porque sus remuneraciones lícitas son mucho más elevadas que las del común de sus compatriotas, sino también porque quienes son funcionarios gozan de envidiables prerrogativas, como la estabilidad definitiva a los dos años del nombramiento, el sumario administrativo como requisito para la destitución, las cuarenta horas semanales de “trabajo” y las “gratificaciones” por buen desempeño o aguinaldo adicional, a las que debe sumarse la participación en las multas en la Dirección Nacional de Aduanas y en la Subsecretaría de Estado de Tributación. Algunos, como los funcionarios de la ANDE, pagan solo la mitad de la energía eléctrica que consumen.

Pese a esas regalías, el personal público nunca está satisfecho, de modo que cada año plantea nuevas exigencias, recurriendo incluso a medidas de fuerza para imponer sus abusivas pretensiones. No hallan mucha oposición, pues las mayores sumas que reciben sin merecerlo no salen del bolsillo del Presidente de la República ni del de los parlamentarios. Como es obvio, provienen de los impuestos abonados por quienes se ganan el pan con el sudor de la frente y son maltratados, ignorados o chantajeados por los presupuestívoros.

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Los ingresos de los trabajadores del sector privado son muy inferiores, ya que el empleador cuida su dinero y solo premia la productividad. Para desnudar la farsa reinante en esta cuestión, los funcionarios del Ministerio de Hacienda exigieron un aumento salarial del 28,9%, mientras su jefe Benigno López insistía en que no hay dinero. Empero, mediante recortes y reprogramaciones, los diputados hallaron, por ejemplo, 30.000 millones de guaraníes para aumentar los salarios de la ANDE, 22.935 millones para crear cargos y mejorar los ingresos del personal de la Contraloría General de la República, 10.000 millones para que el Poder Judicial incorpore contratados y 4.500 millones para ampliar el organigrama del Ministerio de la Defensa Pública. Los legisladores son muy imaginativos para dar el gusto a la clientela política, creando espacios en el Presupuesto, pero no así para atender los reclamos de la gente. Cuando los fondos no alcancen para prestar servicios públicos, debido a la retracción económica, el plan financiero del Ministerio de Hacienda dispondrá más recortes, porque todo se puede eliminar de hecho, menos el riguroso pago de los salarios. En este grave asunto, la ejecución presupuestaria debe llegar al 100%, aunque ninguna de las 103 entidades públicas gaste jamás la totalidad de las sumas asignadas para cumplir con sus obligaciones y metas.

El Congreso tiene miles de funcionarios y contratados parasitarios, pero el diputado Miguel Cuevas (ANR) inventó una Dirección Técnica de la Dirección General Adjunta de la Comisión Bicameral de Presupuesto, a cargo de una señorita que cobra 23.590.000 guaraníes mensuales. El imputado por delitos varios contó muy orondo que los legisladores disponen de un “cupo” para sus recomendados, de modo que sería ingenuo suponer que cuidarían el dinero de los contribuyentes a la hora de estudiar la creación de cargos o las demandas de aumentos salariales. En las últimas tres décadas surgieron unos 150.000 puestos nuevos, en la gran mayoría de los casos para que amigos, parientes o correligionarios puedan medrar a costa de los que trabajan. Hoy existen unos 350.000, sin que ello implique que el agrandado aparato estatal esté prestando más y mejores servicios a la población que lo sostiene.

Un caso especial es el de los 60.000 docentes, tan proclives a movilizarse para ganar más sin enseñar mejor ni preocuparse por la corrupción reinante en el sector de la Educación. El anterior Gobierno acordó con ellos un aumento salarial del 16%, que el actual sugiere empezar a pagar en julio de 2020, en tanto que los beneficiarios quieren cobrarlo desde enero. Los diputados hallaron la solución salomónica: pagarles desde abril, lo que conllevará un costo adicional de 178.000 millones de guaraníes, que el fisco no tiene. También este dispendio implicaría que haya más recortes en los gastos de inversión o quizá a que gran parte de lo recaudado con la emisión de bonos, por 547 millones de dólares, se oriente luego al pago de deudas. Se recurrirá así a la famosa “bicicleteada”, con lo que el Paraguay peligrosamente se irá “comiendo la cola” con mayor rapidez.

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Los “servidores públicos” son una pesada carga para los contribuyentes. Entre unos y otros hay una clara contradicción de intereses, que se resuelve a favor de los primeros porque están organizados. Los otros carecen de voceros en los órganos decisorios, así que los privilegiados tienen el “arco libre” para hacer valer sus exigencias. Sin duda alguna, los aumentos concedidos apuntan ya a los próximos comicios municipales. Es que los funcionarios, contratados y docentes son una masa electoral fiel a sus benefactores. Solo una movilización firme y perseverante de los explotados puede poner fin a esta iniquidad.

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