Los políticos se burlan de la Justicia

Al mejor estilo de los gobernantes autoritarios o de los “predestinados”, con el anuncio de que “las rejas no van a atajar la voluntad popular y la voluntad de Dios”, el diputado Ulises Quintana (ANR, abdista) –presunto cómplice en el delito de narcotráfico y presunto autor en los de lavado de dinero, asociación ilícita y tráfico de influencias– tuvo el descaro de lanzar su precandidatura a la Intendencia Municipal de Ciudad del Este. Quien se cree intérprete del anhelo ciudadano y del divino, estuvo en prisión preventiva durante diez meses y el 8 de julio la jueza Magdalena Narváez le concedió libertad ambulatoria. Dos semanas más tarde, los camaristas Pedro Mayor Martínez, Gustavo Santander y Gustavo Ocampos anularon la medida por vicios procesales. La audiencia de revisión de medidas, fijada para el 26 de setiembre, no se cumplió aún por chicana de la defensa del diputado, rechazada la semana pasada. Resta confiar en que la jueza del caso cumpla con su función y tome en serio aquello de “caiga quien caiga”, a estas alturas ya olvidado por el presidente Mario Abdo Benítez.

Al mejor estilo de los gobernantes autoritarios o de los “predestinados”, con el anuncio de que “las rejas no van a atajar la voluntad popular y la voluntad de Dios”, el diputado Ulises Quintana (ANR, abdista) –presunto cómplice en el delito de narcotráfico y presunto autor en los de lavado de dinero, asociación ilícita y tráfico de influencias– tuvo el descaro de lanzar su precandidatura a la Intendencia Municipal de Ciudad del Este. Quien se cree intérprete del anhelo ciudadano y del divino, estuvo en prisión preventiva durante diez meses, con “permiso” de la Cámara Baja, pese a que la Constitución prevé que un legislador puede acogerse a tal beneficio solo para ocupar un cargo ministerial o uno diplomático. Aparte de que se le permitió ocupar una celda vip, tuvo el gusto y el privilegio de recibir, vía Twitter, el apoyo solidario del senador Enrique Bacchetta (ANR, abdista), nada menos que presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), por la “injusticia” que estaba sufriendo. Ante tamaño desvergonzado respaldo del jefe de un órgano que podía destituirla, la jueza Magdalena Narváez dispuso el último 8 de julio la libertad ambulatoria de Quintana, alegando que no había peligro de fuga o de obstrucción a la justicia, sin explicar debidamente el porqué.

Dos semanas más tarde, los camaristas Pedro Mayor Martínez, Gustavo Santander y Gustavo Ocampos anularon la medida por “vicios procesales”. En suma, ordenaron un nuevo debate para que surja una resolución con “fundamentos amplios y suficientes”, atendiendo que la pena mínima para quienes perpetran el narcotráfico es de cinco años y que la condición de legislador del imputado hace que sea muy probable que trabe la investigación. El mismo día, el agente fiscal Carlos Alcaraz informó a Quintana que la imputación del 24 de setiembre de 2018 por lavado de dinero fue ampliada, ya que había usado una camioneta del supuesto narcotraficante Reinaldo “Cucho” Cabaña, incautada durante la Operación Berilo. Y bien, la nueva audiencia de revisión de medidas, prevista para el pasado 26 de setiembre por la jueza Alicia Pedrozo, aún no ha sido realizada hasta hoy, debido a una chicana planteada por el abogado Óscar Latorre.

Los camaristas antes referidos la rechazaron el jueves último y ordenaron que el acto procesal “se lleve a cabo en forma inmediata y sin dilación por la magistrada interviniente”. Se espera, pues, que se realice cuanto antes, para que por fin se resuelva si el diputado esteño, que puede obstruir la investigación de graves hechos punibles debido a su investidura, puede o no seguir ocupando un escaño y promover desde ya su candidatura para los próximos comicios internos de la ANR. Tal vez los fiscales y jueces intervinientes en el caso estén esperando un nuevo pronunciamiento del poderoso titular del JEM, que es como una “bajada de línea”, ya que tiene sus destinos en sus manos.

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Es de temer también que la judicatura y el Ministerio Público tengan muy en cuenta el apoyo –no desmentido– que hace un mes le habría dado para el efecto el propio presidente de la República, Mario Abdo Benítez, según informó con orgullo el “preso sãmbuku” a la opinión pública.

Es destacable que la resolución anulada le haya concedido la libertad ambulatoria solo porque no existía el peligro de que se fugara u obstruyera la investigación, uno de los tres requisitos que impone el art. 242 del Código Procesal Penal para decretar la prisión preventiva. O sea que subsistirían los otros dos: “que existan elementos de convicción suficientes sobre la existencia de un hecho punible grave” y que “sea necesaria la presencia del imputado y existan hechos suficientes para sostener, razonablemente, que es autor o partícipe de un hecho punible”. En otras palabras, por exclusión, incluso para la jueza Narváez hay motivos para creer que Quintana cometió un delito, como el de lavado de dinero, entre otros.

Pareciera a propósito que el diputado lanzara su prematura campaña electoral la noche antes de que los expertos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) –entidad intergubernamental que combate el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo– realicen en nuestra capital una preevaluación sobre la prevención del lavado de activos. Ella se inició con una visita a su presunto valedor Abdo Benítez y prosiguió con un encuentro con la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, entre otros. Quizá los visitantes sepan que Ulises Quintana cuenta con excelentes amigos en entidades relevantes para asuntos de su incumbencia y que uno de ellos –el senador Bacchetta–, olvidando su tremenda intervención en un proceso judicial en marcha, fue reelecto por unanimidad al frente del JEM, el 5 de noviembre último. Es el autor de este inolvidable mensaje del 19 de febrero: “Fuerza querido Ulises, el cariño, afecto y confianza te lo ganaste caminando y trabajando duro, espero que pronto puedas recuperar tu libertad, deseo que tengas fuerza y fe, para poder enfrentar la INJUSTICIA (las mayúsculas son nuestras) que estás viviendo”. La reelección de Bacchetta fue propuesta por el diputado Eusebio Alvarenga (PLRA), el mismo que hace tres años causó un accidente de tránsito, habiendo dado positivo en el alcotest. Los otros miembros del JEM que renovaron su apoyo a quien presionó a jueces y a agentes fiscales, al solidarizarse con el “querido Ulises”, fueron Raúl Torres Kirmser, Gladys Bareiro de Módica, Adrián Salas, Ramón Romero Roa, Fernando Silva Facetti y Cristian Kriskovich, este último también con una grave acusación a cuestas. Se diría que el diputado Quintana tiene buenos motivos para sentirse optimista en cuanto a su futuro procesal y político.

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Es dudoso que el pueblo y Dios quieran que se ignore la ley para que las rejas no impidan que siga enlodando su banca y llegue a ser intendente de Ciudad del Este. Lo que sí resulta indudable es que cuenta con importantes aliados, entre los que también puede figurar Horacio Cartes, hoy por hoy cogobernante de facto del país, quien le habría dicho que tiene muy buenas referencias acerca de él. Resta confiar en que, al menos, la jueza Alicia Pedrozo cumpla con su función y tome en serio aquello de “caiga quien caiga”, a estas alturas ya olvidado por el presidente Abdo Benítez. Por lo demás, conviene que considere que, al rechazar la chicana de la defensa, la semana pasada, el Tribunal de Apelación recordó que “técnicamente hablando, la realidad procesal (…) es que pesa sobre el mismo (Quintana) una medida cautelar de carácter personal que es la prisión preventiva, cuya vigencia debe ser estudiada justamente en la audiencia de revisión ordenada”. Es de esperar que el presidente del JEM no emita otro “oportuno” mensaje de “solidaridad” en favor en su protegido.

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