El mal menor ya está, falta la transformación.

Finalmente, se impuso en la víspera una mayor racionalidad en la asignación de los ingresos y gastos del Proyecto de Presupuesto 2020. La Cámara de Senadores, en una acción oportuna e inteligente, decidió sancionar el documento por unanimidad, en apenas ocho minutos. Los reclamos y las críticas de la ciudadanía surtieron sus efectos y los legisladores se vieron compelidos a apoyar un plan que, con sus vicios, representaba el mal menor respecto al desastroso y vergonzoso proyecto aprobado en su momento por la Cámara de Diputados. Pero, debemos ser realistas: nada ha cambiado. Queda ahora el compromiso del Poder Ejecutivo y de los demás Poderes del Estado de empezar a trabajar ya mismo en un proyecto 2021 que contemple una verdadera y profunda transformación del instrumento más importante en la aplicación de las políticas públicas. El Estado debe deshacerse de los haraganes disfrazados de funcionarios y recortar los gastos innecesarios, que son muchos. Pág. 16

Finalmente, se impuso en la víspera una mayor racionalidad en la asignación de los ingresos y gastos del Proyecto de Presupuesto 2020. La Cámara de Senadores, en una acción oportuna e inteligente, decidió sancionar el documento por unanimidad, en apenas ocho minutos. Los reclamos y las críticas de la ciudadanía surtieron sus efectos y los legisladores se vieron compelidos a apoyar un plan que, con sus vicios, representaba el mal menor respecto al desastroso y vergonzoso proyecto aprobado en su momento por la Cámara de Diputados. Pero debemos ser realistas: nada ha cambiado. Queda ahora el compromiso del Poder Ejecutivo y de los demás Poderes del Estado de empezar a trabajar ya mismo en un proyecto 2021 que contemple una verdadera y profunda transformación del instrumento más importante en la aplicación de las políticas públicas.

El plan presupuestario 2020 está ahora en manos del Poder Ejecutivo para su promulgación o veto, pero en este caso se da por descontada la primera alternativa debido al apoyo público que el ministro de Hacienda, Benigno López, otorgó a la versión de la Cámara Alta. Ni vale la pena hacer alusión al mamarracho impresentable salido de Diputados esta misma semana.

En la versión del Senado, el reclamo docente no fue atendido y los maestros recibirán sus mejoras salariales del 16% recién a partir del mes de julio, lo cual representa para el Estado un ahorro aproximado de US$ 60 millones. El pedido de los funcionarios del Poder Judicial –que fueron a huelga por varias semanas– también quedó en la nada, aunque los senadores decidieron reponer unos G. 10.000 millones para mantener a los contratados y cerca de G. 100.000 millones para construcciones, con el detalle de que estos gastos deben ser financiados con la Fuente 30, es decir, recaudaciones propias vía aranceles. Pero, aunque parezca increíble, los partidos políticos tendrán mucho más dinero el año que viene, lo que constituye un tremendo despropósito.

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En cuanto al reclamo de los funcionarios de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), quienes también recurrieron a medidas de fuerza, el Senado les autorizó un rubro de G. 30.000 millones para subas salariales que deberán ser asignadas mediante concurso de méritos, previo visto bueno de Hacienda. En el caso de Salud, se autorizaron transferencias de G. 164.000 millones para compras de insumos y equipos con dinero proveniente del Fondo para la Excelencia de la Educación y de la Investigación (FEEI), en tanto que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) cederá G. 179.000 millones al Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH).

En una mirada más a fondo, la débil estructura del presupuesto público sigue siendo la misma: se mantiene una alta rigidez salarial donde el 80% de las recaudaciones es fagocitado por pagos de remuneraciones; sigue creciendo el déficit fiscal de manera galopante; el Tesoro volverá a recurrir a mayor endeudamiento mediante emisión de bonos por valor de US$ 547 millones, sin que se conozcan detalles de la proyección de deudas, así como el de los ingresos tributarios a fin de ver si son realmente sostenibles en el tiempo (dato guardado casi como secreto de Estado, si realmente existe); y los ingresos tributarios están por debajo de lo esperado, con el agregado de que será aplicada una reforma a partir de enero del 2020 pese a la difícil situación económica del país y los problemas de la región, entre otras cosas.

El Poder Ejecutivo mantiene sus esperanzas en una mejora de los gastos del Estado para años venideros basado en la aplicación del denominado “presupuesto por resultados”. Esto debería permitir eliminar oficinas, funcionarios y rubros presupuestarios innecesarios. Lindo para el discurso, pero un planteo que se desploma con apenas recordar la promocionada comisión interinstitucional para la reforma de gastos, anunciada con bombos y platillos hace más de un año, que no ha sido otra cosa que una burda mentira del presidente Mario Abdo Benítez.

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La realidad actual es que, en el fondo, todo sigue igual, que la ciudadanía está cansada de los políticos inescrupulosos que priorizan sus intereses mezquinos y atienden solo a su clientela instalada en el funcionariado público inepto. Toda la clase política, al igual que las autoridades de los tres Poderes del Estado, deben empezar a trabajar de manera seria en las profundas reformas que reclama nuestro país a fin de bajarlas en los papeles en el presupuesto 2021. Reformas que deben apuntar a un Estado eficiente, que brinde servicios óptimos, que provea previsibilidad hacia el futuro y que facilite una verdadera redistribución de la riqueza. Debe deshacerse de los haraganes disfrazados de funcionarios y recortar los gastos innecesarios, que son muchos. Si siguen subestimando el hartazgo de la ciudadanía, deberán prepararse para soportar en algún momento su ira.

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