Los senadores y diputados violan tranquilamente las leyes, sin consecuencia alguna para ellos. Aun más, pese a la irregularidad de algunas de sus decisiones, ninguna persona, autoridad o institución recurre contra ellas y así se concretan flagrantes pisoteos a la legalidad. Por ejemplo, el Congreso sigue inventando municipios con total irresponsabilidad, al margen del art. 2° de la Ley N° 3966/10 y del sano sentido común. El 8 de diciembre, la Cámara Baja dio media sanción a los proyectos de ley que crean uno en el departamento de Amambay y otro en el de Presidente Hayes, con lo que ya son cuatro los que tienen su visto bueno. El día siguiente, el Senado consumó el nuevo municipio de Marangatú, en el departamento de Canindeyú, de modo que, salvo que el Poder Ejecutivo vete el disparate, el número de comunidades de “vecinos con gobierno y territorio propios” se elevará a nada menos que 256. En 1992 eran 207. Entre 2013 y 2018 surgieron seis, pero la proliferación continúa, pues los diputados tienen en carpeta otras cuatro iniciativas, generadas en el actual periodo legislativo.
Según el diputado por Amambay Roberto Acevedo (PLRA), ni el intendente ni los ediles de Pedro Juan Caballero fueron escuchados antes de resolverse el desmembramiento de Chirigüelo, que sería incapaz de sustentarse con sus propios recursos por carecer de calles, comercios o farmacias. Las autoridades de Tte. 1º Manuel Irala Fernández, municipio creado en 2006, rechazaron que Campo Aceval sea desprendido y pidieron en vano que se realice una audiencia pública. Como la ley dispone que la creación no debe dejar al municipio madre sin recursos económicos, hubiera sido muy útil escuchar a los afectados. El proyecto de creación de Laurel, cuya autora es la diputada Cristina Villalba (ANR), fue criticado por Francisco Vianchetto (ANR), intendente del municipio madre de Nueva Esperanza: no tendría más de dos mil habitantes –la ley exige, salvo casos excepcionales, diez mil habitantes– y solo podría cobrar el impuesto inmobiliario, ¡por carecer de locales comerciales! Por iguales razones, se había opuesto a la fundación legal del citado Puerto Marangatú, también promovido por la citada legisladora. Por si fuera poco, el proyecto de ley de creación del municipio de Gral. César Barrientos, que implicaría cercenar el de Ybycuí, cuyos ediles se oponen a la idea, ya cuenta con el dictamen favorable de la comisión competente de la Cámara Baja.
A quienes multiplican municipios inviables, ignorando la ley, les tiene sin cuidado que existan ciertos requisitos mínimos para su creación, tal como ocurre cuando otorgan pensiones graciables ignorando la N° 4027/10, que regula su concesión y aumento. A lo que apuntan es a que también los caciques de las colonias o compañías echen mano al impuesto inmobiliario, así como a los royalties y a los recursos de Fonacide. Aunque no estén de más, el salario del intendente y las dietas de los concejales serían lo de menos, lo mismo que la instalación de la clientela local en el presupuesto. Los nuevos municipios pueden servir incluso de centros de operaciones del narcotráfico, una actividad a la que el diputado Freddy D’Ecclesiis (ANR), coautor de tres proyectos de ley al respecto, fue vinculado hace cinco años por una comisión senatorial. Propagar focos de corrupción no es la mejor manera de combatirla, sino de crear “zonas liberadas” para el crimen organizado y dificultar las tareas respectivas del Ministerio Público y de la Contraloría General de la República.
Los pobladores movilizados por los caudillejos con ganas de acceder al dinero público y a algo más suelen alegar que se sienten “abandonados” por las autoridades comunales, como si el hecho de que se independicen hará que tengan lo que hoy no tienen. La ley dice que “el futuro municipio debe contar con la infraestructura mínima necesaria, propia de un pueblo o ciudad, con calles y caminos bien trazados, escuelas, colegios, centros de salud, comisaría policial, oficina del Registro Civil y de los entes prestadores de los servicios básicos de agua y fluido eléctrico”. La existencia de esa “infraestructura mínima” es un requisito y no una consecuencia de la creación de un municipio, lo mismo que la población mínima de habitantes mencionada, y una capacidad financiera suficiente para cubrir los gastos de funcionamiento de su gobierno y de la prestación de servicios públicos esenciales, de carácter municipal. Es palmario que estas condiciones legales se ignoran, al igual que la de acompañar el proyecto de ley con un informe pericial de cómo quedará el municipio madre.
Los legisladores actúan con suma ligereza y el Poder Ejecutivo se suma a ellos al no objetar lo que resuelven. Lo único que se recuerda es que en 2016 vetó la creación del municipio de Pozo Colorado, de ocho manzanas habitadas, debido a la ausencia de justificaciones socioeconómicas, demográficas, ecológicas y culturales. La ley dice, además, que en el lugar tienen que estar funcionado regularmente Juntas Comunales de Vecinos, reconocidas por las autoridades locales, las que en la mayoría de los casos también brillan por su ausencia.
Es inaceptable que se sigan generando órganos de gobierno local contra la ley y la razón, solo para dar el gusto a dirigentes políticos ávidos de aumentar su patrimonio. Por tanto, el Poder Ejecutivo debe objetar la absurda creación del municipio de Marangatú y de otros más que estén lejos de cumplir con los requisitos exigidos.