Pese a la contaminación de los cursos hídricos, incluyendo la Bahía de Asunción, en las propias narices de las autoridades sanitarias y ambientales mucha gente se zambulle en sus aguas sin pensar en la elevada polución que contienen, y pese a regir una supuesta prohibición de usarlas con fines recreativos. Se trata así de un caso más en que las leyes son letra muerta.
Ya en enero del año pasado, la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) informaba que se estaba pasando por uno de los periodos más calurosos de los últimos 50 años, con sensaciones térmicas que superaban los 40 ºC en la Región Oriental, y que orillaban los 50 ºC en la Región Occidental, lo que aumentó la cantidad de personas que buscan refugio contra la insoportable canícula.
La persistencia de las altas temperaturas está relacionada directamente con el calentamiento global que causa el cambio climático, cuyo efecto, también es vivido en Paraguay, afectando no solo al ámbito socioeconómico, principalmente al sector agropecuario. El fenómeno incide en el comportamiento del ecosistema, donde las lluvias se concentran en un corto periodo, causando inundaciones, mientras que las sequías son más largas, haciendo que los ríos, de una crecida extraordinaria pasen a bajantes de niveles inquietantes, como lo venimos experimentando.
A propósito, los bajos niveles de las corrientes han mostrado con toda su crudeza las pésimas condiciones ambientales en que han quedado las playas, atestadas de basuras, y las aguas con alto grado de contaminación, lo que demuestra que los cursos hídricos, en contravención a todas las normativas ambientales existentes, han sido utilizados como abiertos vertederos, con las consecuencias mencionadas.
Una prueba de la realidad mencionada la constituyen las playas de la zona de Itá Enramada –lugar de mucha concurrencia de bañistas–, donde recientemente una cuadrilla de empleados de la Comuna capitalina realizó una limpieza, sacando en poco tiempo del sitio varias toneladas de basuras de todo tipo, entre las que se pueden mencionar montañas de neumáticos y objetos de plástico, además de peces muertos y desechos orgánicos en avanzado estado de descomposición. La Municipalidad retiró también recientemente unas 1.700 toneladas de residuos de los arroyos Ferreira, Morotî y Mburicaó. Por su parte, funcionarios de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), en una primera retirada extrajeron también decenas de toneladas de basura en la zona de Itapytãpunta, compuestas en su gran mayoría de enseres domésticos. Los arroyos y ríos, en vez de ser protegidos, se convierten así en sumideros de los más variados desechos, que los contaminan gravemente, convirtiéndolos más bien en sitios peligrosos para la recreación.
Increíblemente, pese a esta triste realidad, esos lugares se ven atestados de bañistas sin que las autoridades hagan respetar las prohibiciones existentes. Como ejemplo se pueden mencionar el lago Ypacaraí y la Bahía de Asunción, además de balnearios no habilitados para su uso. Una vez más, tenemos instituciones costosas y autoridades bien pagadas, totalmente desconectadas de sus fines, ya sea por inutilidad, indiferencia o corrupción. Vale preguntar: ¿por qué no aplican las leyes? Para comenzar, vale recordar que el art. 7 de nuestra misma Carta Magna dispone que “toda persona tiene derecho a habitar en un ambiente saludable y ecológicamente equilibrado”. Asimismo, la Ley 3239/2007 “De los Recursos Hídricos del Paraguay”, en el capítulo referente a los principios, resalta que “el acceso al agua para satisfacción de las necesidades básicas es un derecho humano y debe ser garantizado por el Estado, en cantidad y calidad adecuadas”; que “los recursos hídricos poseen usos y funciones múltiples y tales características deberán ser adecuadamente atendidas (…), favoreciendo siempre en primera instancia el uso para consumo de la población humana”, dentro del “marco del desarrollo sustentable”.
Se observa así una tremenda contradicción entre las claras disposiciones legales y la actitud indolente –por decir lo menos– de las autoridades, que se atornillan a sus asientos o se pasan la pelota para justificar su inacción, mientras nuestros recursos naturales se deterioran o se depredan.
El propio titular del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), Ariel Oviedo, no deja de lamentarse por las condiciones deplorables del medio ambiente, pero no va más allá para hacer aplicar las medidas punitivas a quienes atentan contra nuestras riquezas naturales. No deja de apelar a la excusa de siempre de que la aplicación de las medidas corresponde supuestamente a otras instituciones, y así se diluyen las responsabilidades. Le recordamos que en el portal de internet del Mades, el ciudadano accede con un “click” al sitio donde dice que la misión de esa institución es “lograr que el desarrollo nacional se realice de acuerdo a los parámetros de calidad ambiental, optimizando los bienes y servicios ecosistémicos, garantizando la conservación de los recursos naturales para las generaciones presentes y futuras, a través de la gobernanza ambiental”. Si estos cometidos fueran asumidos cabalmente, hoy la ciudadanía saldría de sus hogares con la certeza de encontrar sitios de veraneo seguros, libres de la roña que hoy les afecta, pero, lamentablemente, la realidad es otra, pues la población, irresponsablemente, salta las vallas de la prohibición para revolcarse en playas atestadas de basura, y sumergirse en las pestilentes aguas contaminadas.
Sobran leyes y declaraciones ostentosas. Faltan ganas y decisión para actuar.