Afrentosas ocupaciones de bienes del dominio público

Desde hace tres años, dieciséis familias afectadas por las obras de la Municipalidad capitalina y el MOPC ocupan un establecimiento anexo a la avenida Costanera. Se trata solo de un caso más en que, con la autorización ilícita de las autoridades municipales, se priva a la comunidad del uso normal de un inmueble que debe estar a disposición de todos. El año pasado, las plazas del “centro histórico” de Asunción estuvieron durante largos meses en las exclusivas manos de damnificados. Muchos siguen desde hace lustros en el Parque Caballero y “confiscado” incluso zonas aledañas. Las veredas de la sede del Indert, del Ministerio de Trabajo y del Indi también son ocupadas con frecuencia. Es decir, se invaden aceras y plazas sin considerar derechos de terceros, mientras las autoridades no hacen respetar las normas vigentes, que se convierten así en letra muerta. La ilicitud no puede ser cohonestada por la costumbre de tolerarla o permitirla por el motivo que fuere.

Desde hace tres años, dieciséis familias ocupan un estacionamiento anexo a la Avda. Costanera de Asunción. Como fueron afectadas por su construcción, la Municipalidad capitalina y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones las instalaron allí hasta tanto se les provea de una “casita”. Ellas se niegan a volver al sitio que ocupaban junto a la bahía, y ahora el jefe de Gabinete de la Municipalidad, Wilfrido Cáceres, anuncia una “mesa de diálogo” con el Ministerio para reubicarlas, no sin antes darles la ayuda social necesaria, mientras continúa la grave irregularidad que implica que sigan ocupando un bien del dominio público.

Desde luego, se trata solo de un caso más en que, con la autorización ilícita de las autoridades municipales, se priva a la comunidad del uso normal de un inmueble que debe estar a disposición de todos. El año pasado, las plazas del “centro histórico” de Asunción estuvieron durante largos meses en las exclusivas manos de damnificados que permanecieron allí, estropeándolas, incluso luego de que la inundación haya terminado. Lo mismo ocurrió en el Parque Caballero, donde desde hace lustros siguen establecidos los perjudicados por crecidas anteriores, habiéndose expandido en los últimos años incluso hasta espacios aledaños y “confiscado” la calle Gondra, clausurándola para su exclusivo uso. También la acera de la sede del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) está casi siempre ocupada por personas que algo le reclaman –o realizan allí sus ferias comerciales–, tal como ocurrió hasta no hace mucho, durante una buena temporada, con la del local del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, en pleno centro capitalino. ¿Y qué decir de lo que suele acontecer ante la sede del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi)?

La instalación en las veredas de puestos de venta, que no deben superar ciertas medidas ni realizarse en ciertos sitios, requiere un expreso permiso municipal, que supone cumplir algunos requisitos, como la autorización firmada del frentista. ¿Hace falta señalar que estas normas municipales son letra muerta y que se invaden aceras y plazas sin respetar derechos de terceros? Bien se sabe que también las calzadas son utilizadas para la “venta estacionada” y que, en vísperas del Día de Reyes, la Avda. Eusebio Ayala se convierte, cerca del acceso al Mercado Municipal N° 4, en un enorme puesto de venta de regalos. La última vez surgió una suerte de conflicto de competencias entre el intendente Óscar Rodríguez y el ministro del Interior Euclides Acevedo, ante el pedido del primero de que la Policía Nacional despeje el tránsito. También se lavó las manos el viceministro de Tributación, Óscar Orué, alegando que solo se encarga del control de comercios formales. Todos los años se repite la historia de esa ocupación a todas luces irregular, sin que ninguna autoridad se atreva a hacer observar la ley y las ordenanzas. Esta vez, el actual intendente dijo que fue sobrepasado y que prefirió evitar una “guerra” con los comerciantes infractores. He aquí, justamente, el fondo de la cuestión del uso y abuso de los bienes del dominio público municipal: no se tiene el coraje de aplicar las normativas vigentes, como si la pobreza o la riqueza autorizaran a ignorarlas.

Cabe recordar aquí algunas disposiciones de la Ley Orgánica Municipal, relativas a las “medidas de urgencia” que la Intendencia puede tomar para evitar o revertir circunstancias capaces de dañar, por ejemplo, el patrimonio público. Entre las citadas en el art. 101 figuran en primer lugar –y no por casualidad– las “desocupaciones o recuperaciones de bienes públicos municipales”. El intendente tiene, pues, el respaldo legal para desalojar plazas, veredas o calles, en defensa del bien común. El art. 102 dice que si en los lugares públicos se constataran hechos que serían faltas, los funcionarios municipales pueden actuar de inmediato, corrigiendo la situación ilegal mediante “medidas de policía y por los medios lícitos a su alcance”, lo que también sirve para recordar que en la capital hay toda una “Dirección de Policía Municipal de Vigilancia”. Importa subrayar que al violar las leyes y ordenanzas, los ocupantes irregulares violan necesariamente el derecho de la inmensa mayoría a hacer un uso normal, sin necesidad de permiso alguno, de los bienes públicos municipales. Deberían tenerlo en cuenta no solo las autoridades timoratas, sino también las populistas que toleran o hasta autorizan en forma ilícita su privatización de hecho.

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La ilicitud no puede ser cohonestada por la costumbre de tolerarla o permitirla por el motivo que fuere. Cuando no rige el Derecho, solo impera la ley del más fuerte, siendo de temer que los buenos pierdan algún día la paciencia ante los habituales atropellos y caigan en la tentación de hacerse justicia por sí mismos. Es lo que podría llegar a ocurrir si la Municipalidad asuncena, por acción u omisión, continúa supeditando el interés general al particular de quienes creen que los bienes públicos pueden ser usurpados a voluntad, ante la vista gorda, y hasta con la ayuda, de quienes deben velar por los derechos de todos.

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