Los encausados por delitos cometidos en la función pública suelen presentarse como las pobres víctimas de una miserable persecución política. Se trata de un socorrido expediente que apunta a desacreditar de entrada los elementos de juicio que puedan incriminarlos, pues no se estaría buscando que haya justicia, sino respondiendo a la aberrante pretensión de arreglar cuentas ajenas al interés general. A este gastadísimo recurso también apeló el exintendente Mario Ferreiro, hoy imputado por los hechos punibles de coacción grave, lesión de confianza y tráfico de influencias, tras prestar declaración indagatoria ante la agente fiscal Stella Mary Cano. En efecto, sostuvo en su cuenta de Twitter que la imputación que se formulara en su contra sería “de carácter eminentemente político”, como ya ha ocurrido en varios casos anteriores (Buzarquis, Filizzola y otros).
También podría haber mencionado a su propio denunciante, el exjefe de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Camilo Soares, imputado en 2010 por la sobrefacturación en la construcción de seis pozos artesianos, así como en la compra de alimentos y chapas, por un valor total de 4.290 millones de guaraníes. En esa ocasión, el jefe de la Secretaría de Información y Comunicación para el Desarrollo (Sicom), Augusto Dos Santos, dándole su respaldo afirmó que su colega era “un objetivo de persecución política”. Entre esos “otros” que Ferreiro no mencionó, también debería incluirse el exsenador Víctor Bogado, pues en 2018, en un escrito dirigido a la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, denunció que era perseguido por los agentes fiscales René Fernández y Liliana Alcaraz, acusación que el año siguiente extendió a este diario en el recinto del Senado. El mismo derecho tendría el exsenador Óscar González Daher, dado que el exintendente luqueño César Chiola afirmó en 2017, en su cuenta de Facebook, que su compueblano estaba siendo “víctima de una persecución política”. Sin embargo, los graves elementos incriminatorios que salieron posteriormente contra ellos en el transcurso de la investigación judicial están lejos de ser resultados de semejante “persecución”.
Es más, también el expresidente Horacio Cartes sufrió una “persecución política inmisericorde, acompañada también por algunos medios de prensa”, según dijo el senador Antonio Barrios (ANR) al sugerirle no declarar ante la Comisión Bicameral que investigó las fechorías del “hermano del alma” Darío Messer. Empero, el exjefe de Estado, quien habría dado su apoyo financiero a la campaña electoral de Ferreiro, deberá responder a la grave imputación de asociación criminal que le hizo la Justicia brasileña.
En 2019, tras la imputación al senador Javier Zacarías Irún (ANR) y a la exintendenta Sandra McLeod, en una conferencia de prensa convocada por el movimiento Honor Colorado, el senador Enrique Riera (ANR) enfatizó que “la Justicia hoy persigue a los eventuales adversarios políticos” y anunció la apertura de una oficina para recibir denuncias de persecución política. Por si fuera poco, tras dejar la prisión militar de Viñas Cue para su salida transitoria, el diputado Ulises Quintana (ANR) se creyó “víctima de una persecución política” promovida por los citados cónyuges. Por su parte, su colega Miguel Cuevas (ANR) habló así en 2018: “Es una persecución política del presidente (sic) Cartes, porque le gané en las internas”. Como era de esperar, el expresidente del Indert Justo Pastor Cárdenas, acusado por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, dijo en la penitenciaría de Tacumbú: “Yo creo que esto es una persecución política”, razón por la cual también debe figurar en la galería de mártires de los últimos años. Esta larga pero incompleta serie puede terminar con el excolega de Ferreiro, el “intervenido” e imputado intendente de Lambaré, Armando Gómez (PLRA), quien afirmó ante una comisión de la Cámara de Diputados que estaba siendo víctima de un hostigamiento político.
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Se diría que en este país impera una dictadura que se sirve del Ministerio Público y del Poder Judicial para perseguir a los disidentes, con el muy valioso auxilio de la prensa. Aquí no se roba ni se permite robar en la función pública; tampoco se trafica con drogas ilícitas ni se lava dinero sucio, sino que cualquier intervención fiscal y judicial en esos campos es fruto de la intolerancia y de la venganza.
En concreto, en este sórdido conflicto planteado dentro de la izquierda criolla, en el que también se le otorga un papel a la derecha cartista, la denuncia de que existen “cajas paralelas” en la Municipalidad se quiere demeritar con el remanido tema de la “persecución política”. El hecho de que Soares habría actuado en connivencia con el exjefe de Estado y que haya amenazado o extorsionado al exintendente, durante dos años y medio, también resulta irrelevante frente a las graves acusaciones. El asunto a examinar, por de pronto, es si hay indicios suficientes para presumir que la recaudación municipal era desviada durante la gestión de Ferreiro, quien debería ser el primer interesado en allanarse a la investigación y no tratar de eludir su responsabilidad con gastados argumentos. Ni las malas intenciones ni los antecedentes judiciales del propio “pemasista” pueden ser invocados para arrojar al basurero sus graves denuncias. Lo único que importa, desde el punto de vista jurídico, son los hechos objetivos a ser determinados, primero por el Ministerio Público y luego por la judicatura. Si están comprendidos en el Código Penal, los autores, cómplices o encubridores deben ser sancionados, con independencia de los motivos del denunciante y del provecho político que se pretenda obtener.
Si la mejor defensa es el ataque, eso de vestir el ropaje de perseguido político ya no puede convencer a nadie. A estas alturas de nuestra historia político-criminal contemporánea, ya no revela más que una escasa imaginación.