Deficiente fiscalización de las obras públicas

El año pasado acabó con la ejecución de solo el 70,5% de la inversión prevista por el MOPC. Así, el panorama de las más de 200 obras viales que tiene en ejecución no luce promisorio. Ello puede atribuirse a la falta de seguimiento cercano y sistemático por parte del citado ministerio de la tarea de fiscalización que tienen a su cargo las empresas contratadas para el efecto, frecuentemente proclives a entrar en colusión con las constructoras, según la experiencia, dada la simbiosis empresarial a menudo existente entre una y otra, sobre todo tratándose de empresas paraguayas. El funcionario designado por el MOPC para controlar la gestión, tanto de la empresa constructora como de la fiscalizadora, es el ingeniero “supervisor”, con autoridad técnica y administrativa para verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y mediciones de campo para la elaboración de los certificados de pago, pero que sin embargo, al parecer no tiene establecida una “descripción de funciones” para cumplir con su función.

Tras un primer año de magra gestión al frente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), el 25 de julio del año pasado, el señor Arnoldo Wiens salió al paso de sus críticos con el anuncio de que al término del mismo la cartera de Estado a su cargo iría a concretar una inversión en obras cercana a los US$ 900 millones, con una ejecución estimada en 90 por ciento. El anuncio lo hizo con gran fanfarria, en el Palacio de Gobierno, y teniendo como testigo calificado al presidente de la República, Mario Abdo Benítez. En la ocasión, el ministro Wiens presentó la lista de obras públicas ya adjudicadas, así como de otras en proceso de evaluación y las convocatorias abiertas para otras más.

En la larga lista dada a conocer en la oportunidad por el ministro se destacaban, por su importancia, la Costanera Sur, el mejoramiento de más de 15.000 km de caminos, incluyendo la construcción de 633 km de asfaltado nuevo, mantenimiento de 800 km de asfaltado existente, 82 km de empedrados, 289 de caminos enripiados, 13.724 km de caminos rurales y 1.000 metros lineales de puentes de hormigón armado. A estas obras deben sumarse la reconstrucción del tramo 3 de la ruta Transchaco, así como la del ramal Pozo Colorado-Concepción.

Sin embargo, al parecer, sus expectativas de gestión estuvieron cimentadas más en las esperanzas que en la realidad, pues acabó el año y la cartera a su cargo solo alcanzó a ejecutar una inversión de US$ 635 millones (70,5% de lo previsto), pese a que las condiciones climáticas en el resto del año fueron altamente favorables para los trabajos de campo debido al moderado régimen de lluvias registrado.

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Desafortunadamente, hasta ahora el panorama de las más de 200 obras viales que el MOPC tiene en ejecución, así como las previstas para ser implementadas en el curso del corriente año, no luce muy promisorio. Ello puede atribuirse a la falta de un seguimiento cercano y sistemático por parte del MOPC de la tarea de fiscalización que tienen a su cargo las empresas contratadas para el efecto, frecuentemente proclive a entrar en colusión con las constructoras, según la experiencia, dada la simbiosis empresarial a menudo existente entre una y otra, sobre todo tratándose de empresas paraguayas. El funcionario designado por el MOPC para controlar la gestión, tanto de la empresa constructora como de la fiscalizadora, es el ingeniero “supervisor”, con autoridad técnica y administrativa para controlar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y las mediciones de campo para la elaboración de los certificados de obra a los efectos de su liquidación y pago.

Sin embargo, pese a la tremenda responsabilidad que le compete al “Supervisor del MOPC” destacado en cada uno de los proyectos viales en ejecución, la gran ironía es que al parecer el MOPC no tiene establecida la correspondiente “descripción de funciones” de este funcionario clave responsable in situ de la buena ejecución de una obra vial, y con la autoridad administrativa de avalar los certificados de obra a ser pagados por la cartera de Estado. En la práctica, la falta de una descripción reglamentaria de funciones lleva a que el mismo no se sienta legalmente responsable de las irregularidades detectadas en la construcción de la obra bajo su supervisión; o lo que es lo mismo, que haga la vista gorda a las fallas de la empresa fiscalizadora o constructora en el cumplimiento de las normativas de los pliegos. Un típico caso lo constituye el funcionario que se desempeñó como supervisor en el fallido proyecto metrobús, de quien no se conoce ni el nombre, pese a la gran irresponsabilidad con que actuó.

Esta seria falencia institucional de falta de descripción de funciones de los supervisores de los proyectos viales es la causa de que el historial del MOPC esté plagado de una dicotomía de desempeño por parte de los mismos, en la disyuntiva de entrar en colusión con la empresa contratista (constructora o fiscalizadora) y dejar pasar irregularidades constructivas a cambio de coimas, o plantarse ante las mismas ante intentos de chapucerías en perjuicio de la calidad de los trabajos.

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Lamentablemente, en la práctica, la mayoría de los supervisores optan por la no confrontación con las empresas contratistas (con coima o sin coima) por la simple razón de que siempre ha sido lugar común en el MOPC que cuando un supervisor cumple a rajatabla su cometido, los dueños inescrupulosos de algunas empresas constructoras –a veces cercanos a las autoridades del Gobierno– se salen con la suya solicitando directamente el cambio del ingeniero fiscalizador exigente que les dificulta sus chanchullos, tales como utilizar materiales de construcción de mala calidad, conformación impropia del paquete estructural, etc., etc.

Con demasiada frecuencia se publican noticias sobre rutas que con pocos años de habilitación ya presentan deterioros, o escándalos tales como que la Costanera Norte, a apenas un año y medio de uso, ya sufre notorios desprendimientos de muros y veredas. Por supuesto, en estos casos, las explicaciones y excusas abundan, pero lo cierto y concreto es que no se puede pensar otra cosa que esos problemas provienen de una deficiente fiscalización de las obras. Como no se conoce hasta ahora sanción alguna para los constructores y fiscalizadores, lo más probable es que se sigan repitiendo las chapucerías que le cuestan muy caras al país.

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