La juez penal de garantías Especializada en Crimen Organizado, Rosarito Montanía, autorizó la extracción de datos del celular entregado por Mirna Esther Díaz Brítez, secretaria de confianza de la escribana María Raquel Cáceres Olmedo, de Fernando de la Mora, quien está imputada en el caso “Copia Fiel” por las trasferencias de bienes de Alexandre Rodrigues Gomes para, presuntamente, eludir su comiso por Pavo Real Py II.
En este sentido, la magistrada estableció como puntos de la pericia buscar y extraer datos actuales y eliminados del archivo de mensajes de texto, WhatsApp y otras aplicaciones de mensajerías, tanto entrantes; salientes; guardados; borradores; mensajes de voz; así como del archivo de llamada, de la agenda de contactos y archivos de imagen y video.
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Igualmente, la jueza autorizó buscar y extrae otros datos actuales y eliminados relevantes que podrían encontrarse en el celular y tarjetas sim cards; de la misma forma en relación a archivos de documentos e imágenes, archivos de audios y videos, documentos y archivos multimedia. Todo esto a través del Auto Interlocutorio (AI) N° 93.
Cabe señalar que el fiscal Juan Martín Morínigo fue quien solicitó la realización de esta diligencia, sobre la cual la magistrada Rosarito Montanía se expidió subrayando “la relevancia de la información que podría contener el aparato celular pues el mismo se ha convertido, no solo en una parte importante de la vida de las personas, sino en el centro en torno al cual gravitan numerosas actividades cotidianas”.
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Al respecto agregó “el teléfono celular y tarjetas sim, albergan, sin que el usuario sea consciente de ello, informaciones muy valiosas, que son de mucha utilidad a la hora de investigar la comisión de hechos punibles y principalmente, del crimen organizado, convirtiéndose potencialmente en una valiosa fuente de evidencia digital en un análisis forense”.
Para esta labor la tarea forense fue designada la perito del Ministerio Público, María Victoria Fleitas.
Indagan a secretaria de escribana imputada por caso “Copia Fiel”
El Ministerio Público investiga a Mirna Díaz Brítez, dentro del caso denominado “Copia Fiel”, por supuestamente haber participado en el esquema de transferencias patrimoniales que habrían sido ordenadas por Alexandre Rodrigues Gomes.
En ese sentido, la mujer fue citada a declaración indagatoria, pero el abogado interviniente Nelson López, solicitó la suspensión de la diligencia en atención a que no se tenía acceso aún a la copia de la investigación y no se conocía el contenido de la misma.
La secretaria señaló que desea colaborar en la causa penal, por lo que hizo entrega voluntaria de su celular de Samsung, manifestando que el dispositivo contendría información relevante para el esclarecimiento de los hechos.
Cabe señalar que la misma no está imputada en esta investigación penal.
Escribanas imputadas por transferencias de bienes de Alexandre Rodrigues
El 12 de septiembre de 2025, el acusado por Pavo Real Py II, Alexandre Rodrigues Gomes, y las escribanas Blanca Rossana Ozuna Leguizamón (San Lorenzo, María Luisa Verón de Jara (Areguá) y María Raquel Cáceres Olmedo (Fernando de la Mora) fueron imputados, por los fiscales Alejandro Cardozo, José Martín Morínigo, Francisco Cabrera y Diana Gómez, en el marco del caso “copia fiel”.
A Alexandre Rodrigues, se le atribuyen los ilícitos de lavado de dinero, en la modalidad de frustrar su comiso, como autor; la instigación para la producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y el uso de documentos públicos de contenido falso.
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En tanto que para las escribanas Blanca Ozuna, María Verón y María Cáceres, los hechos son la producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y el uso de documentos públicos de contenido falso. Todos en calidad de autoras.
Transferencias de bienes de Alexandre Rodrigues tras alteración en DGRP
El 19 de agosto de 2024, se ejecutó la operación “Pavo Real Py II”, con allanamientos en simultáneo a las casas del entonces diputado Eulalio “Lalo” Gomes Batista y su hijo, Alexandre Rodrigues Gomes, ubicadas en Pedro Juan Caballero. En el procedimiento , murió el legislador y Alexandre Rodrigues cayó preso. Estos fueron dirigidos por los fiscales Osmar Segovia, Ingrid Cubilla y Elva Cáceres.
Ese día, el juez penal de garantías Especializado en Crimen Organizado, Osmar Legal, a través del AI N° 331, decretó la inhibición general de enajenar y gravar bienes sobre Alexandre Rodrigues, lo que lo inhabilitaba para disponer de sus bienes. El 20 de agosto, el abogado Óscar Tuma asumió como defensor penal de Alexandre.
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El 20 de agosto, el juzgado ordenó vía oficio a la Dirección General de los Registros Públicos (DGRP), que se registre la medida cautelar a los imputados, entre ellos Alexandre Rodrigues. A las 8:22 se informó al juzgado que a las 7:44 se cumplió con lo solicitado. Las anotaciones estuvieron a cargo de la funcionaria Graciela Rodríguez, con código de usuario 101.
El abogado Óscar Tuma apeló el AI N° 331 a las 0:56 del 21 de agosto de 2024, señalando que la medida cautelar era nula, pues la admisión de la imputación aún no estaba firme. A estas alturas, Tuma ya tenía conocimiento de la medida cautelar y todo el contenido del expediente electrónico, según fiscalia.
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Ese 21 de agosto, a las 12:22, la funcionaria de la DGRP imputada Alcira Celeste Rodríguez Flores, ingresó al sistema con su código de usuario 107, realizó una actualización en la anotación de Alexandre Rodrigues Gomes, reemplazando su nombre y apellido por el de Alexandra Rodríguez Giménez; y también los números de cédulas, de 6.518.333 por 5.183.336. Esto “limpió” al procesado de la medida judicial.
Alexandre Rodrigues hizo 12 transferencias en 10 meses
A partir de la modificación de los datos de Alexandre Rodrigues en el sistema informático de la Dirección General de los Registros Públicos (DGRP), realizó en total 12 transferencias, cuatro de ellas relacionadas a inmuebles que pasó a nombre de su abogado defensor Óscar Tuma, como dación en pago por sus honorarios profesionales, y 8 rodados, entre camiones, camionetas y semirremolques.
Según la imputación, las transferencias de los bienes registrados a nombre de Alexandre Rodrigues se iniciaron inmediatamente después de la alteración de datos en el sistema de la DGRP, es decir, ocurrieron entre el 22 de agosto de 2024 y el 24 mayo de 2025.
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En relación a la escribana María Raquel Cáceres, a las 9:25 del 20 de agosto de 2024, solicitó informes a la DGRP sobre la condición de Rodrigues, la institución contestó el 21 de agosto de 2024 a las 8:07, informando que Rodrigues tenía inhibición general de general de enajenar y gravar bienes, dispuesta por el juez Osmar Legal, por AI N° 331 del 20 de agosto.
Una segunda solicitud fue hecha por la escribana María Cáceres, a las 11:39 del 21 de agosto, que fue contestada el 22 de agosto de 2024 a las 9:19, informándose que Alexandre Rodrigues ya no tenía medida cautelar alguna. Esto debido a que el 21 de agosto de 2024, a las 12:22 se produjo la alteración de los datos del encausado en el sistema de la DGRP.
Utilizaron poder de presunto narco y datos de fallecida
El 22 de agosto de 2024, según consta en la escritura, Roberto Santiago Ayala Galeano invocó poder general con cláusala para transferencia y actuó, supuestamente en representación de Alexandre Rodrigues, en relación a un camión, por G. 770 millones, y un semirremolque, por G. 120 millones a favor de César García.
El 12 de febrero de 2025, bajo la misma modalidad, supuestamente Alexandre Rodrigues representado bajo poder general por Roberto Ayala, transfirió un camión, por G. 530 millones, y un semirremolque, por G. 200 millones, a Catalina Rosa Domínguez. Es preciso señalar que la mujer, paraguaya, fue asesinada el 13 de diciembre de 2020 en Argentina, por su esposo paraguayo.
Así también se debe destacar que, el poder general con cláusula especial para transferencia fue confeccionado el 8 de julio de 2019, por la escribana Blanca Rossana Ozuna Leguizamón. Dicha autorización notarial la había otorgado el presunto narcotraficante Faustino Ramón Aguayo Cabañas, según la imputación fiscal.
Por su parte, la escribana Blanca Ozuna elaboró el 10 de abril de 2025 escritura pública con objeto de “compra-venta” del camión y un semirremolque, en favor de Tanya Leticia Acuña, en representación de la firma “Castellano SA”. En relación a ambos rodados, habrían simulado que fue Catalina Rosa Domínguez quien transfería dichos bienes.
En cuanto a las notaria pública María Luis Verón, elaboró las escrituras públicas mediante las cuales, Alexandre Rodrigues transfirió un camión Iveco y dos camionetas, una Ram Larame y una Toyota Landcruiser, a un joven de 23 años, el 9 de setiembre de 2024; así como una camioneta Ford F-1000 a un hombre de 40 años, el 16 de setiembre de 2024. En ambos casos se hizo constar presuntamente en forma falsa la comparecencia de Rodrigues.