El cielo paraguayo a merced de los narcotraficantes

En el marco de la Operación Cielo Soberano, la Senad, la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) y la Dinac inutilizaron en los últimos días, en los departamentos de Concepción y Amambay, ocho pistas de aterrizaje clandestinas, empleadas en el tráfico de cocaína, cinco de ellas ubicadas en el Parque Nacional Paso Bravo. Aunque el funcionario de la Dinac interviniente no pudo precisar cuántas pistas de aterrizaje ocultas hay en todo el país, es probable que su número no sea inferior al centenar, dado que el Paraguay sería una suerte de territorio liberado para el tránsito de cocaína y la mayor fuente de marihuana de Occidente. Es inadmisible que el cielo de nuestro país esté liberado para actividades delictivas. Es inconcebible que el Paraguay no disponga de radares con el alcance necesario para cubrir todo el territorio nacional. A estas necesidades se debe agregar algo fundamental: la honestidad de las autoridades del área y sus agentes.

En el marco de la Operación Cielo Soberano, la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) y la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) inutilizaron en los últimos días, en los departamentos de Concepción y Amambay, ocho pistas de aterrizaje clandestinas, empleadas para el tráfico de cocaína. Es llamativo que cinco de ellas hayan estado situadas en el Parque Nacional Paso Bravo, un área de 93.612 hectáreas en la que ya se habían realizado varias incautaciones del producto ilícito, presumiblemente de origen boliviano. O sea que un bien público estuvo de hecho al servicio del crimen organizado, y acaso lo seguirá estando, dado el tremendo descontrol en la materia.

Aunque, como es obvio, el funcionario interviniente de la Dinac, Bernardino Colmán, no pudo precisar cuántas pistas de aterrizaje ocultas hay en todo el país, es probable que su número no sea inferior al centenar, dado que el Paraguay sería una suerte de territorio liberado para el tránsito de cocaína y la mayor fuente de marihuana de Occidente. La Dinac tiene registradas 2.225 pistas de aterrizaje, de las cuales solo 530 están hoy habilitadas para operar, siendo presumible que muchas de estas últimas también sean utilizadas, al menos ocasionalmente, para el narcotráfico aéreo.

En un informe sobre el control internacional de narcóticos, emitido en 2019 por el Departamento de Estado norteamericano, se lee que “los traficantes aprovechan las fronteras vulnerables del país, las pistas de aterrizaje clandestinas, la falta de control del espacio aéreo, las extensas vías fluviales y la carencia de recursos de los agentes judiciales y policiales, para llevar cocaína sobre todo al Brasil”. La constatación no es novedosa, pues desde hace años se sabe que nuestro cielo está lejos de ser “soberano”. Para empezar, no hay radares que cubran todo el espacio aéreo, de modo que una avioneta puede violarlo para descargar o “bombardear” su mercancía o para trasladarla a un país vecino, sin correr el menor riesgo.

PUBLICIDAD

En febrero de 2015 entró en vigor la Ley N° 5.400, que faculta a la Fuerza Aérea a obligar a toda aeronave, mediante el uso de medidas disuasorias, a aterrizar cuando, entre otras cosas, arroje “elementos” dentro del territorio vulnerando la normativa vigente, invada el espacio aéreo sin permiso de sobrevuelo o autorización del Control de Tráfico Aéreo o “se requiriese la investigación de posibles ilícitos”. No está autorizada a derribarla, como ocurre en el Brasil, en la Argentina y en el Uruguay, aunque el piloto infractor ignore los disparos de advertencia del interceptor. En los últimos cinco años ninguna narcoavioneta ha sido interceptada pues para ello es preciso que pueda ser detectada, con medios electrónicos y que la Fuerza Aérea tenga aviones en condiciones operativas. Como no se dan esas circunstancias, la ley entera resulta inocua. Cinco meses después de que fuera promulgada, la Senad y el Ministerio Público llevaron a cabo el Operativo Clon, en cuyo marco hallaron evidencias de que funcionarios de la Dinac y pilotos con licencia “blanqueaban” aviones con matrículas falsas, para que sean usados en el tráfico regional de drogas. En el allanamiento realizado en el aeropuerto de Pedro Juan Caballero, que estaba en manos de narcotraficantes que cooperaban con su mantenimiento, se incautaron nada menos que 22 aeronaves, algunas de las cuales podían ser reabastecidas de combustible en pleno vuelo. Esto significa que al narcotráfico aéreo contribuyen no solo la falta de radares y la impotencia de la Fuerza Aérea, sino también la corrupción pura y dura: a la escasez de recursos de los agentes, señalada en el referido informe del Departamento de Estado, hay que agregar la deshonestidad de muchos de ellos.

En mayo de 2017, la Senad incautó 513 kilos de cocaína en una pista clandestina ubicada en Bella Vista Norte, junto a la frontera con el Brasil. Pertenecía a una red del Primer Comando da Capital (PCC), que se hacía con 3.500.000 dólares semanales y emprendía unos veinte vuelos por mes, datos que sirven para ilustrar el volumen financiero del tráfico aéreo. La avioneta con matrícula nacional que había descargado la droga, descendió luego en el mismo aeropuerto de la capital de Amambay que había sido allanado en mayo de 2015, lo que sugiere que el crimen organizado lo seguía manejando. La Senad afirmó entonces que el mencionado operativo desmanteló la principal estructura aérea del crimen organizado en el Paraguay. Pero el sucio negocio prosiguió en gran escala, también con la participación de capomafiosos compatriotas, como el que manejaba las pistas clandestinas de la reserva natural de Paso Bravo, el hoy prófugo Faustino Ramón Aguayo.

Estas instalaciones, por así llamarlas, tienen que ser descubiertas, en tierra y desde el aire, mediante el empleo de recursos humanos y materiales adecuados. También sería conveniente que los dueños de las estancias traten de vigilarlas, al menos para evitar la sospecha eventual de que estén involucrados en ciertas actividades delictivas. Es difícil creer que no se percaten de que aviones estén subiendo y bajando con frecuencia en sus propiedades.

PUBLICIDAD

Especial atención habrá que prestar no solo al Chaco y a los departamentos de Concepción y Amambay, donde suelen aterrizar avionetas provenientes de Bolivia, sino también al sur de nuestro país, desde donde despegan las que transportan marihuana a la Argentina y al Uruguay. A propósito, en agosto de 2013, la Fuerza Aérea de este último país interceptó una avioneta que llevaba una carga de marihuana y había despegado en el departamento de Caazapá, lo que obligó a fugarse a dos presuntos implicados: un exintendente de su capital y un funcionario judicial de San Juan Nepomuceno. Si los aviones militares uruguayos pueden defender el espacio aéreo contra las incursiones de los narcotraficantes, también los nuestros deberían estar en condiciones de hacer lo mismo, aunque más no sea en la Región Oriental. Es inadmisible que el cielo de nuestro país esté liberado para actividades delictivas.

Es inconcebible que el Paraguay no disponga de radares con el alcance necesario para cubrir todo el territorio nacional. A estas necesidades se debe agregar algo fundamental: la honestidad de las autoridades del área y sus agentes.

PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD