El presidente Mario Abdo Benítez ordenó a los jefes de las entidades estatales y a la Secretaría de la Función Pública (SFP) elaborar un estudio sobre la burocracia y hacer una “reingeniería” del personal para eliminar a los “funcionarios parásitos”. Aunque tiene a su cargo la administración general del país, el mandato impartido no puede alcanzar –pues excede sus facultades– a los Poderes Legislativo y Judicial, ni a los llamados órganos extrapoderes, así como tampoco a los Gobiernos departamentales o municipales.
En verdad, hubiera bastado con que exija a la Secretaría de la Función Pública, dependiente de la Presidencia de la República, que ejerza las atribuciones que le otorga el art. 96 de la Ley N° 1626/00. Entre ellas figuran la de “formular la política de recursos humanos del sector público”, considerando “los requerimientos de un mejor servicio, así como de una gestión eficiente y transparente”; la de “asesorar a la Administración Central, entes descentralizados, Gobiernos departamentales y municipales, acerca de la política sobre recursos humanos a ser implementada”; y, por cierto, la de homologar los contratos colectivos de trabajo, “cuando reúnan los requisitos de fondo y de forma para su validez”.
De hecho, si la ministra de la SFP, Cristina Bogado, fuera eficiente, quien hoy ejerce el Poder Ejecutivo ya tendría que saber mucho del calamitoso estado de la administración pública. En otras palabras, es innecesario que las máximas autoridades de las entidades públicas se aboquen al estudio ordenado, pues bastaría con que entreguen a la SFP datos veraces y actualizados que le sirvan a este organismo para abordar la “reingeniería” del personal. El grave problema es que –si bien está respaldada por la ley– esta dependencia carece del menor “peso político” y que, por tanto, cuanto diga será olímpicamente ignorado.
En cuanto a los “funcionarios parásitos”, el jefe del Poder Ejecutivo distingue entre el que “no cumple con su función” y el que, para peor, no asiste a su lugar de trabajo. Aquí “la culpa no es del chancho, sino del que le da de comer”, es decir, de quienes sancionan y promulgan el Presupuesto nacional y de quienes hacen la vista gorda ante la proliferación de “planilleros”. Este año hay 304.804 cargos permanentes presupuestados, a los que deben sumarse unos 70.000 teóricamente provisorios, es decir, los contratados. El Jefe de Estado se queja de que haya funcionarios que no cumplen con su función, o sea, de que no hacen más que calentar sillas. Es que muchísimos no tienen nada que hacer: si no trabajan es porque sobran y no necesariamente porque sean haraganes. Que abunden los cargos superfluos es atribuible al Poder Ejecutivo, que elabora el proyecto de ley del Presupuesto, y al Congreso, que lo aprueba, ampliando aún más el dispendio clientelístico.
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También en el caso de los contratados, la responsabilidad es compartida por el Presidente de la República y por los legisladores, que no solo atentan contra el sentido común y el bolsillo de los contribuyentes, sino también contra la propia Ley N° 1626/00. Su Capítulo III prevé la “contratación temporaria” solo cuando haya que combatir epidemias, realizar censos, encuestas o eventos electorales, atender emergencias públicas y realizar servicios profesionales especializados. Según la ley, se trata de “necesidades temporales de excepcional interés para la comunidad”, pero resulta que la enorme mayoría de los contratos no responde a ellas. Por cierto, no pueden durar más que un año, pero los administradores encontraron la vuelta para violar la ley, renovándolos una y otra vez al cabo de ese plazo. En consecuencia, esos contratos son de nulidad absoluta y, por ende, no puede haber “derechos adquiridos” que invocar contra su rescisión fulminante. El art. 68 califica de falta grave “nombrar o contratar funcionarios en transgresión a lo dispuesto en esta ley y sus reglamentos”. Quien la cometa debe ser destituido, conforme a la norma siguiente.
En cuanto a los funcionarios que no acuden a sus oficinas, sino que se limitan a cobrar sus salarios, a veces incluso con el pago adicional por “presentismo”, son algo más que “parásitos”: son unos delincuentes que cometen el hecho punible de cobro indebido de honorarios, gracias a la negligencia culposa o a la complicidad de quienes deben verificar su asistencia diaria.
Si Mario Abdo Benítez creyó necesario sostener que es una obligación moral cuidar cada centavo del pueblo, es porque en este país no resulta una perogrullada. Aún hace falta que se recuerde a los burócratas que no está bien robar ni dejar robar, por la simple razón de que la corrupción se ha vuelto una costumbre muy difundida. No hay conciencia del delito. Refiriéndose a los “líderes” colorados que “incumplen su función en la oportunidad de trabajo que se les da”, se preguntó qué modelos sigue su partido. Puede entenderse que se les habría dado una “oportunidad” por ser dirigentes de la ANR y no necesariamente por haber demostrado sus méritos y aptitudes en un concurso público de oposición. En cuanto al “modelo”, es bien conocido: el prebendarismo. Desde el Estado se retribuyen los servicios prestados al partido o a cierto candidato victorioso, como ya lo ha demostrado el propio Presidente de la República, en más de una ocasión. También se cuida cada centavo del pueblo evitando retribuir favores políticos a costa de los contribuyentes, sin atender los atributos morales e intelectuales del incorporado al Presupuesto.
Si en la administración pública hay decenas de miles de sinvergüenzas es porque el poder político los tolera o hasta los promueve. El Presidente de la República debe hacer algo más que emitir mensajes como el comentado. No será nada fácil ir depurando el aparato estatal de corruptos y “parásitos”, pero valdrá la pena intentarlo, con la ley en la mano, el ejemplo en la conducta personal y el coraje requerido para derrotar a quienes se opongan a la desinfección. Al parecer, para que esto suceda, la “reingeniería” debe comenzar por las más altas autoridades.