En un país donde la separación y la independencia de los Poderes del Estado aún no están afianzadas al cabo de tres décadas de Gobiernos democráticos, son varias las maneras mediante las que un legislador puede influir en el resultado de un juicio, en beneficio propio o ajeno. Más de uno cree que su investidura le permite presionar a un agente fiscal o a un juez “hablables” sobre el curso de una pesquisa o de un proceso civil o penal, confiando en que su interlocutor atienda sus inquietudes a cambio de ser promovido o al menos de continuar en el cargo. Como es obvio, la fuerza del mensaje, que también puede ser indirecto, aumenta notablemente cuando es emitido desde la presidencia de un órgano que puede disponer destituciones o sugerir nombramientos en el Ministerio Público y en la judicatura. Estando al frente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), el exsenador colorado Óscar González Daher dio muestras de un excesivo interés en ciertas actuaciones fiscales y judiciales, razón por la cual ha sido encausado por el delito de tráfico de influencias, al igual que su vicepresidente de entonces, el exsenador oviedista Jorge Oviedo Matto. Por su parte, el senador Enrique Bacchetta (ANR), que hoy preside el JEM, creyó nada menos que oportuno solidarizarse por tuit con el diputado Ulises Quintana (ANR), ante la “injusticia” que habría estado sufriendo durante su reclusión preventiva.
El destino de este último y el de su colega y actual compañero de infortunio Miguel Cuevas (ANR), así como el de cualquier otro legislador sospechoso de haber delinquido, parecen preocupar también –y mucho– al diputado Roberto González (ANR), presidente del Consejo de la Magistratura. Su preocupación llegó al extremo de que, en una audiencia pública realizada en el Salón Comuneros de la Cámara de Diputados con candidatos a ministro de la Corte Suprema de Justicia, se permitió lanzar un discurso contra los jueces que ordenaron la prisión preventiva de los referidos diputados, para luego preguntar a uno de los postulantes, el magistrado Delio Vera Navarro, cuál sería su posición al respecto si llegara a ocupar el puesto. El claro mensaje fue lanzado para magistrados y fiscales, así como para quienes aspiren a serlo. ¡Que se cuide quien encarcele o quiera encarcelar a un legislador! Mayor barbaridad, imposible.
El interrogado respondió con evasivas sobre la consulta del caradura González, por razones quizás comprensibles. Aparte de intentar inducir una respuesta coincidente con su opinión, la desfachatez de quien preside el órgano que propondrá al Senado la terna de candidatos para integrar la máxima autoridad judicial implicó un atentado contra la independencia de un poder del Estado y un ominoso aviso a quienes vayan a entender en procesos aún abiertos o a iniciarse.
Viene al caso recordar lo que prescribe el art. 248 de la Carta Magna: “En ningún caso, los miembros de los otros poderes (...) podrán arrogarse atribuciones judiciales que no estén expresamente establecidas en esta Constitución, ni revivir procesos fenecidos, ni paralizar los existentes, ni intervenir de cualquier modo en los juicios (...) Los que atentasen contra la independencia del Poder Judicial y la de sus magistrados quedarán inhabilitados para ejercer toda función pública por cinco años consecutivos, además de las penas que fije la ley” (las negritas son nuestras).
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Roberto González cometió una barbaridad en su doble carácter de diputado y presidente del Consejo. Si alegara que el art. 256 de la Constitución dice que “la crítica a los fallos es libre”, cabría responderle que ellos aún no han sido dictados en las causas que afectan a los diputados Quintana y Cuevas, y que lo que busca, en última instancia, es que se dicte uno que los absuelva de culpa y pena. Si es intolerable que un juez se inmiscuya en la discusión parlamentaria sobre un proyecto de ley, tal como lo hizo la Corte en la tocante a la publicidad de las declaraciones juradas de bienes y rentas, también lo es que un legislador intervenga en unos procesos aún no finiquitados. La cuestión sube de punto cuando quien lo hace encabeza un órgano encargado de proponer la designación de magistrados y agentes fiscales. Desde ya, como el candidato interrogado no respondió claramente en el sentido esperado por el diputado González, es improbable que cuente con el apoyo de este para integrar la terna, aunque tenga el mayor puntaje.
De acuerdo al art. 6° de la Ley N° 296/94, la remoción de los miembros del Consejo requiere un juicio político, por mal desempeño de sus funciones, por delitos cometidos en el ejercicio del cargo o por delitos comunes. Es indudable que, como mínimo, su presidente desempeñó sus funciones de la peor manera, al pretender forzar cierta respuesta de un postulante y, sobre todo, al violar la norma constitucional referida a la independencia del Poder Judicial. Si hasta 2018, el Senado estuvo representado en el Consejo por Enzo Cardozo (PLRA), hoy “parlasuriano” y procesado por delitos de lesión de confianza, la Cámara Baja tiene allí a un miembro que se atreve, como si fuera muy natural, a censurar públicamente a unos jueces que creyeron que en un Estado de Derecho debe regir la igualdad ante la ley. Incluso, aunque esté convencido de que la aplicaron en forma equivocada, tendría que haberse guardado su opinión, así como el senador Bacchetta tendría que haberse reservado su escandalosa solidaridad con el “querido amigo”. Estas burdas y taimadas intervenciones de políticos ignorantes y prepotentes son las cosas que todavía se utilizan para ubicar al Paraguay entre las denominadas “republiquetas bananeras”.
No se trata solo de una cuestión de buenas maneras, sino también –y en primer lugar– de una que tiene que ver con la separación e independencia de los poderes. Si el Poder Legislativo quiere controlar al Judicial, según lo dispuesto en el art. 3° de la Constitución, puede recurrir al juicio político para destituir a los ministros o hacer valer sus votos en el Jurado para remover a un juez o a un camarista. Hechos como los protagonizados por el senador Bacchetta y el diputado González degradan a nuestras instituciones y, lo que es peor, no generan consecuencia alguna para quienes los perpetran.