El art. 2° de la Ley N° 6299/19 dispone que las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo de la Magistratura en las que se trate, delibere o decida sobre la conformación de las ternas de candidatos para integrar la Corte Suprema de Justicia, sean públicas y transmitidas en vivo a través de medios audiovisuales de fácil acceso para la ciudadanía; los consejeros deben “fundamentar oralmente” sus decisiones al respecto. Esta norma fue lisa y llanamente ignorada en la sesión del último lunes, en la que se realizó una “evaluación cualitativa integral” de los postulantes para adjudicarles hasta 20 puntos, según sus respectivas trayectorias y el “reconocimiento social” del que gozan. Como también fue violado el reglamento del propio Consejo, presidido por el diputado Roberto González (ANR), la terna resultante tiene un origen espurio, pues se basó en la ilegalidad y el secretismo. La referida evaluación fue transmitida en vivo a través de internet, pero la ciudadanía no pudo conocer los motivos por los que los ocho consejeros otorgaron un mayor o menor puntaje, pues no fueron expuestos en forma oral. Más aún, tampoco pudo enterarse de la calificación otorgada por cada uno de ellos, de modo que es todo un misterio por qué resultaron seleccionados los camaristas Delio Vera Navarro y Gustavo Santander, así como el asesor jurídico de la Justicia Electoral, César Diésel. Cabe apuntar que hasta antes de la evaluación final, en la que la discrecionalidad de los consejeros es notable, el primero tenía el mayor puntaje (70,31), el segundo ocupaba el cuarto puesto (67,8) y el tercero ni siquiera figuraba entre los doce mejor puntuados, sino que ocupaba el 17° lugar. Pero Diésel tiene una excelente “cualidad”, que tal vez inspiró a los miembros del Consejo: es amigo personal del influyente vicepresidente de la República, Hugo Velázquez. Quienes alcanzaron los tres primeros lugares, al concluir la tercera y última etapa, fueron el camarista Vera Navarro, el abogado José González Macchi y la camarista Alma Méndez de Buongermini.
Los consejeros dilataron el oscuro procedimiento, inventando nada menos que cuatro pasos adicionales; cada uno de ellos sacó de la galera doce candidatos, de los que fueron preseleccionados los diez más votados y luego seis. Como dos de ellos –Diésel y Vera Navarro– ya habían logrado el puntaje mínimo para integrar la terna, hubo un triple empate con respecto al tercero. Habiéndose dado un nuevo empate entre dos de ellos –ninguno de los cuales había tenido al menos 6 votos–, el senador Bartolomé Ramírez (PLRA) revió su decisión para apoyar a Santander, con lo que se puso fin a la grotesca farsa ilegal y antirreglamentaria. Desde luego, la sociedad ignora por qué se votó en uno u otro sentido, lo que sugiere que los méritos y las aptitudes de los aspirantes al cargo de ministro de la Corte no fueron los criterios determinantes a la hora de escogerlos. Si los seleccionados los tienen, tendrían que haber expuesto oralmente sus antecedentes académicos y profesionales, para que la ciudadanía los conozca.
En cuanto a la “notoria honorabilidad” de la que habla la Constitución, ¿se pidieron informes a algunas organizaciones intermedias para juzgar si los candidatos gozan de prestigio social? Como nada de esto se sabe, bien puede presumirse que las inconfesables presiones políticas fueron el factor decisivo. “Lo de la terna es una sorpresa... Había gente con mayor puntaje. Por supuesto que vamos a dialogar entre todos los (senadores) colorados para ver a quién elegimos. Gracias a Dios, que toditos son colorados los que están en la terna, me parece”, declaró el senador cartista Antonio Barrios, sorprendido pero aliviado por la composición partidaria de la terna, revelando así que el carnet de afiliación sigue siendo un elemento de juicio esencial a la hora de designar a un ministro de la Corte, en tanto que los conocimientos y la honorabilidad serían secundarios. Dos de los miembros del Consejo –José Torres Kirmser y Luis Benítez Riera– habían sido elegidos con el mencionado criterio para integrar la máxima autoridad judicial, en tanto que otros dos son legisladores; el Poder Ejecutivo está representado por Carlos Cabrera, y es de conocimiento público que mucho tuvo que ver lo partidario en la elección de Claudio Bacchetta y Adrián Salas, representantes de los abogados. Por lo demás, es llamativo que uno de los miembros del Tribunal de Honor, que también evalúa a los candidatos, sea la exministra Alicia Pucheta, que llegó a un acuerdo con Horacio Cartes para sucederlo en la presidencia de la República, tras avalar su irregular postulación como candidato a senador. Como se ve, las cartas de los popes políticos pegan más fuerte que el imperio de la legalidad cuando se trata de nuestra vapuleada Justicia.
Haciendo un flaco favor a los integrantes de la terna, el Consejo hizo lo bastante, pues, para que la gente crea que fue conformada para satisfacer pretensiones ajenas a la correcta administración de justicia. Si no hay transparencia, lo resuelto se torna sospechoso, más aún cuando se vulnera una ley que la exige, en su letra y en su espíritu. Por otra parte, también cuando se obvia un reglamento para ensayar un procedimiento cualquiera, mediante el que se altera una conclusión que debería ser definitiva, se da pie para que el desenlace sea impugnado vía judicial.
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Nuevamente, el Consejo prestó así un pésimo servicio a la República, con su burla y menosprecio a uno de los pilares del sistema democrático, como lo es la Justicia.