Manejar con responsabilidad el cheque en blanco

El Gobierno del presidente Mario Abdo Benítez ha presentado al Congreso Nacional, para ser tratado con carácter de urgencia, un proyecto de ley que declara estado de emergencia en todo el territorio de la República por la pandemia del covid-19 y establece medidas administrativas, fiscales y financieras especiales durante el ejercicio 2020, con la posibilidad de aplicar plazos diferenciados para algunas de las acciones dispuestas en la ley, con el objeto general de dotar de recursos al Ministerio de Salud Pública y a organismos de seguridad y control, y asistir a las empresas y a los trabajadores formales e informales por el duro impacto económico que necesariamente implica el aislamiento social obligatorio. El proyecto otorga amplias facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo. Son medidas sin precedentes recientes en tiempos de paz que, en pocas palabras, para decirlo sin vueltas, suponen un gran cheque en blanco para el Gobierno y llevan implícitos muchos serios peligros. En condiciones normales, este diario jamás las apoyaría. Pero es obvio que no es este el caso y que esta pandemia mundial atípica requiere acciones excepcionales de gran envergadura. El país está en emergencia. En ese sentido, este proyecto de ley se justifica. Pero si aquellos que hoy reciben un cheque en blanco traicionan la confianza del pueblo, que sepan que la Patria no se los perdonará.

El Gobierno del presidente Mario Abdo Benítez ha presentado al Congreso Nacional, para ser tratado con carácter de urgencia, un proyecto de ley que declara estado de emergencia en todo el territorio de la República por la pandemia del covid-19 y establece medidas administrativas, fiscales y financieras especiales durante el ejercicio 2020, con la posibilidad de aplicar plazos diferenciados para algunas de las medidas dispuestas en la ley, con el objeto general de dotar de recursos al Ministerio de Salud Pública y a organismos de seguridad y control, y asistir a las empresas y a los trabajadores formales e informales por el duro impacto económico que necesariamente implica el aislamiento social obligatorio.

El proyecto otorga amplias facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo, al que se le permite disponer y modificar con un alto grado de discrecionalidad las partidas presupuestarias aprobadas para el 2020, obtener préstamos sin autorización específica del Poder Legislativo hasta un monto de 1.600 millones de dólares (el 3,5% del PIB), realizar compras directas al margen de la ley de contrataciones públicas, saltarse los topes de las leyes de administración financiera del Estado y de responsabilidad fiscal, con el compromiso de rendir cuentas detalladas a toda la ciudadanía dentro de los 90 días posteriores a la finalización del estado de emergencia.

Son medidas sin precedentes recientes en tiempos de paz que, en pocas palabras, para decirlo sin vueltas, suponen un gran cheque en blanco para el Gobierno y llevan implícitos muchos serios peligros. En condiciones normales, este diario jamás las apoyaría. Pero es obvio que no es ese el caso y que esta pandemia mundial atípica requiere acciones excepcionales de gran envergadura.

El tremendo dilema que se nos presenta es que el covid-19 no permite trabajar durante un período relativamente largo de tiempo, dado que, por ahora, la única manera que existe de contener una propagación descontrolada es mediante el aislamiento social. Ello genera enormes perjuicios económicos al limitar al extremo la producción, la distribución y el consumo, sobre todo en un país como Paraguay, donde dos tercios de la mano de obra ocupada obtiene sus ingresos en el sector informal y vive al día, y donde la mayor parte de las empresas son pequeñas y medianas y no tienen capacidad de sostener el pago de salarios y cuentas con muy poco o nulo movimiento.

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Por lo tanto, como decíamos en un editorial anterior, es tiempo de ser pragmáticos, olvidarnos momentáneamente de la salud de la economía y concentrarnos en asegurar la salud, la alimentación y los servicios más básicos a la población.

El proyecto de ley crea un “Fondo de Emergencia Sanitaria” y un “Fondo Social”. El primero estará conformado por parte del presupuesto actual del Ministerio de Salud, que podrá ser reprogramado, más nuevas transferencias no presupuestadas y donaciones, sin límite establecido, aunque en Hacienda estiman que serán necesarios unos 600 millones de dólares.

El segundo recibirá un aporte estatal de 300 millones de dólares, que se agrega a otro aporte de 30.000 millones de guaraníes para el ya existente Fondo de Garantía para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.

El Fondo Social dará un subsidio monetario a los trabajadores informales equivalente al 25% del salario mínimo, hasta dos veces por el mismo monto. Se efectivizará a través de medios electrónicos y solo podrá ser usado en supermercados y farmacias. La reglamentación respectiva establecerá los mecanismos para que esto se pueda aplicar y las personas que podrán ser beneficiadas.

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Adicionalmente, se autoriza un aporte del Tesoro de hasta 100 millones de dólares al Instituto de Previsión Social para reposos por enfermedad y para compensaciones económicas a cotizantes activos afectados por el cese total de actividades a causa del covid-19 o suspensión temporal de sus contratos de trabajo.

También se establece una serie de medidas de orden financiero para facilitar y abaratar el crédito, una prórroga en el pago de impuestos y una moratoria en el pago a ANDE, Essap y Copaco. En general, los montos se reprograman en 18 cuotas sin intereses. Igualmente, se determina que los inquilinos no podrán ser desalojados si pagan al menos 40% del alquiler y se comprometen a regularizar la diferencia en seis meses a partir del fin del confinamiento.

El dinero para financiar todas estas medidas provendrá de ahorros presupuestarios, reprogramaciones y préstamos, incluida la emisión de bonos, los cuales quedan autorizados en la propia ley, sin necesidad de que el Congreso los apruebe caso por caso. Con una novedad. Por primera vez en la historia se activa la excepción constitucional (artículo 286, inc. 2) que le permite al Banco Central del Paraguay, en caso de emergencia nacional, adelantar los recursos necesarios. Es decir, se usarán para este efecto las reservas internacionales, a cuenta de los futuros empréstitos. Algo que, insistimos, este diario jamás habría apoyado en condiciones normales.

En contrapartida, el proyecto de ley incluye un duro paquete de recortes que no será del agrado de los funcionarios públicos, pero que seguramente tendrá el respaldo del resto de la ciudadanía. No solo se suspenden los ajustes salariales previstos para este año, sino que se prohíben los aumentos durante cuatro años, plazo en el cual se pretende volver a encauzar el déficit fiscal en el límite legal del 1,5% del PIB.

Y no solo eso. Se prohíben en el sector público los servicios de catering, la adquisición de vehículos, se interrumpen los retiros voluntarios, se suspenden temporalmente la liquidación y pago de subsidios familiares, subvenciones por casamiento, ayuda vacacional y ayuda alimenticia.

Esta es una pandemia mundial, el país está en emergencia; eso nadie lo puede poner en duda. Al parecer, el Gobierno y las autoridades sanitarias han tomado medidas oportunas, que ojalá surtan el efecto esperado. Mientras tanto, hay que esperar lo mejor, pero prepararse para lo peor. En ese sentido, este proyecto de ley se justifica. Pero si aquellos que hoy reciben un cheque en blanco traicionan la confianza del pueblo, que sepan que la Patria no se los perdonará.

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