No deja de ser una recurrente ironía que, tras haber sido la última ciudad capital de la América del Sur en contar con un sistema de agua corriente, sean hoy Asunción y su área metropolitana las que de nuevo se encuentren en crisis en cuanto al suministro de agua potable para sus habitantes. Tampoco que, siendo el Paraguay el mayor exportador de energía eléctrica en el mundo, el país sobrelleve actualmente una crisis en cuanto a la confiabilidad del servicio proporcionado por la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) a sus habitantes.
Desde hace mucho tiempo, con la llegada de cada verano, los habitantes de numerosos barrios de la Gran Asunción y ciudades circunvecinas vienen afrontando una severa crisis debido a la falta de suministro de agua potable por parte de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap). La sicosis de gravitación nacional desatada en estos momentos por la declaración de emergencia sanitaria decretada por el Gobierno ante la constatación en nuestro país de una decena de personas infectadas con el virus del covid-19 –la pandemia que tiene en vilo al mundo entero– ha sido el catalizador de la indignación pública centrada en el dramático empeoramiento del suministro de agua potable, justo en momentos en que la gente más necesita el líquido elemento, no solo para consumo orgánico, sino también para las medidas de higiene recomendadas por las autoridades sanitarias como profilaxis contra la propagación del temible virus. Es más, es común que la aguatera estatal eche la culpa a la ANDE por la paralización de sus plantas procesadoras de agua potable debido a los frecuentes e inopinados cortes de energía eléctrica que se producen.
A decir verdad, la actual crisis en el suministro de agua potable por parte de la Essap que, según sus autoridades, afecta a más de 150.000 usuarios, no se debe a una emergencia provocada por fallas mecánicas en sus plantas de tratamiento y/o de almacenamiento y distribución –y, por tanto, susceptibles de rápida solución–, sino debido al colapso de su capacidad instalada para atender la creciente demanda del vital líquido. En consecuencia, no se trata de un problema que vaya a solucionarse en cuestión de días, ni de meses, sino de años quizá; siempre y cuando el Gobierno decida tomar el toro por las astas y proceder a una urgente reestructuración de la ineficiente empresa estatal, a fin de repotenciarla o establecer el marco legal correspondiente para la participación del capital privado en el sector, y así resolver la aguda crisis en el suministro de agua potable que afecta fundamentalmente a los habitantes de la Capital y del área metropolitana.
Puntualmente, una fisura producida en las paredes del gran reservorio metálico instalado a la altura del kilómetro 2 de la avenida Eusebio Ayala ha causado el total desabastecimiento de cientos de miles de personas en barrios de Asunción, Lambaré y Fernando de la Mora, cuyos usuarios fueron socorridos con la provisión de agua potable transportada en camiones cisternas de la Essap y del Comité de Emergencia Nacional (CEN). Obviamente, la avería del reservorio en cuestión puede ser reparada rápidamente. Pero, será sólo cuestión de tiempo para que vuelva a fisurarse, provocando la repetición del colapso, ya que el deterioro registrado se debe, a todas luces, a la fatiga del metal de que está hecho el mismo, pues lleva casi 60 años de estar en servicio. Por tanto, la solución para evitar otro desastre a corto plazo, al menos en esta planta de almacenamiento y distribución de agua potable, es la inmediata construcción de un nuevo reservorio en sustitución del existente, rogando de paso que el parche de soldadura ahora aplicado dure lo suficiente hasta disponer del otro tanque.
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Lamentablemente, al parecer las autoridades de la Essap, más preocupadas en atender los chantajistas y abusivos reclamos de sus sindicatos, no están con la mira puesta en la solución del problema, sino apenas en la mitigación de sus efectos. Decimos esto, porque han optado por perforar unos 10 pozos artesianos que, como tales, tienen limitado caudal de rendimiento, a estar por lo señalado recientemente por su presidente, Natalicio Chase, tras la reunión del Consejo de la Defensa Nacional (Codena), de la que participó en el Palacio de Gobierno. Según adelantó, las entidades binacionales Itaipú y Yacyretá se encargarán de financiar la perforación y equipamiento de estos pozos en Barrio Obrero, Nazareth, Tacumbú, Fernando de la Mora y otros lugares.
El presidente de la aguatera nacional tuvo al menos la franqueza de reconocer que tal medida será meramente “paliativa”. Sin embargo, se cuidó muy bien de adelantar las medidas institucionales de fondo que la empresa a su cargo debe encarar urgentemente para remediar la insuficiencia y obsolescencia de sus actuales instalaciones para atender la demanda de agua potable por parte de la población.
Como pocos países en el mundo, el Paraguay es uno de los más favorecidos por la naturaleza en cuanto a la disponibilidad de agua para consumo humano y regadío. Las dos empresas públicas clave para sacar provecho de esta bonanza de la naturaleza y elevar así el nivel de vida de los paraguayos son precisamente la ANDE y la Essap. Como empresas públicas, ellas deben basar su comportamiento en la maximización del bienestar social y no en el lucro como las empresas privadas. Lamentablemente, hasta ahora este objetivo es más bien un deseo que una realidad por una razón básica: la carencia de un modelo de gestión eficaz y honesta.
Las demás empresas públicas nacionales –importantes algunas, prescindibles las más– no tienen la trascendencia estratégica de estas dos citadas. La crisis que hasta ahora las afecta no se debe a causas financieras, ni técnicas, sino a la falta de voluntad política de las autoridades nacionales de turno, quienes en función de intereses políticos sectarios mantienen a las mismas como cotos de caza para alimentar a seccionaleros y otros zánganos políticos, al amparo de un “brutal nepotismo”, para usar la frase acuñada por el verborrágico expresidente de la República, Nicanor Duarte Frutos.
La crisis instalada en la actualidad en nuestro país con el colapso del suministro de agua potable por parte de la Essap a vastos sectores de la Gran Asunción y el deficiente servicio de electricidad suministrado por la ANDE –agravados por la pandemia del covid-19, que mantiene en vilo a la ciudadanía– deberían ser suficiente motivo para pensar seriamente en una intervención a fondo de esas entidades, para identificar sus debilidades y extirparlas para que se conviertan en eficaces proveedores de servicios fundamentales a la población, y no seguir siendo fuentes de sufrimiento permanente para ella.