La Ley Nº 2051/13 permite que las entidades públicas contraten en forma directa, sin someterse a los procedimientos de licitación pública o de concurso de ofertas, cuando el valor de los bienes o servicios a ser adquiridos sea menor al equivalente a dos mil salarios mínimos. También pueden hacerlo así cuando ocurran fenómenos naturales que, entre otras cosas, amenacen la salubridad. En estas situaciones de excepción, deben invitar a los potenciales interesados a que presenten sus ofertas ante la Unidad Operativa de Contratación. Para adjudicar el contrato, las convocantes necesitan tener un mínimo de tres ofertas, salvo que ello sea imposible por el tipo de bienes o de servicios o los fines perseguidos. En todo caso y “bajo la responsabilidad de la máxima autoridad del organismo”, se debe “asegurar al Estado paraguayo las mejores condiciones de contratación”.
Al parecer, este importante requisito fue ignorado por el presidente de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), Édgar Melgarejo Ginard, en la compra, el 28 de marzo, mediante el procedimiento referido, de un lote de mascarillas de protección a un precio unitario de 29.990 guaraníes. Esta operación se ha convertido a la fecha en un verdadero escándalo. Días antes, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar (MSPyBS) había indicado un precio referencial de 3.000 guaraníes para las normales y de 15.000 y de 25.000 guaraníes, respectivamente, para las de clase FFPI 2/3 y N/95. Tratando de justificar el notorio exceso, el jefe de la Dinac alegó que los tapabocas adquiridos eran de “tipo especial”, aunque, según los códigos de catálogo, fueron comunes y corrientes. Como sea, lo cierto es que se habría pagado un sobreprecio por nada menos que 4.000 mascarillas.
Para peor, el precio abonado habría sido de solo 2.700 guaraníes por unidad, de modo que la diferencia habría terminado en los bolsillos de la joven Katherine Pamela Toñánez, de 21 años, dueña de la firma proveedora Proyecto Global SA, o en los de la gente a la que tal vez representa. Dicha firma integró, además, el consorcio Aerotech, que en 2019 ganó una licitación pública por valor de 1.895 millones de guaraníes para brindar a la Dinac servicios de asistencia y mantenimiento de equipos aeronáuticos, de comunicación, de navegación y de vigilancia. O sea que la empresa de la precoz contratista citada, que carece de timbrado ante la Subsecretaría de Estado de Tributación, no solo sabría de tapabocas, sino también de tecnología aérea. Se diría que solo es “de maletín”, tal como la calificó el director nacional de Contrataciones Públicas, Pablo Seitz, y que ella no sería la verdadera dueña, detalle que no le preocupó mucho al titular de la institución aeronáutica, a quien le urgía “contribuir al país”, según dijo.
Por lo demás, es curioso que el Presupuesto de la Dinac haya incluido que este año se haga con tantos barbijos, salvo que, ante la pandemia desatada, haya hecho un rápido “redireccionamiento” hacia la sanidad. La Ley Nº 6524/20 no la incluye entre las dieciocho entidades directamente afectadas a la atención de la emergencia sanitaria y solo le permite, como a todos los organismos estatales, “reasignar las partidas presupuestarias conforme a lo que disponga el Poder Ejecutivo, en carácter de excepción”. Valga el dato adicional de que ella autoriza solo al MSPyBS la adquisición de bienes “mediante un procedimiento de compra directa simplificada, con criterios de transparencia y eficacia”, en carácter de excepción a la Ley Nº 2051/13. Esta ley fue promulgada dos días antes de que la Dinac contratara con una “empresa de maletín”, lo que contribuye a evidenciar la improcedencia del raudo procedimiento de esa dependencia del Poder Ejecutivo.
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Pero la cuestión sería mucho más grave si, como ciertos indicios hacen presumir, Édgar Melgarejo Ginard aprovechó la crisis sanitaria para concretar un negociado de marca mayor, poniendo él mismo las “reglas”, al decir del mencionado Pablo Seitz. Parece sospecharlo así el propio presidente de la República, Mario Abdo Benítez, que instruyó a la Secretaría Nacional Anticorrupción y a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas revisar los contratos suscritos por la Dinac con la firma Proyecto Global SA, “con una suspensión hasta tanto se confirme que no existe ningún tipo de irregularidad”, según informó el ministro Anticorrupción René Fernández. Se recordará que, también gracias a las publicaciones de prensa, como en este caso, desde el Palacio de López se había frustrado la fechoría urdida en el Instituto de Previsión Social a favor de una empresa de seguridad privada, vieja “amiga de la casa”. Si aquello fue repudiable, el que hoy nos ocupa es repugnante porque implicaría que en la función pública se hizo dinero de la desgracia colectiva. Sería de extrema gravedad que mientras la angustia abruma a la ciudadanía, una autoridad gubernamental haya estado elucubrando acrecentar su patrimonio mediante una sucia jugada.
Que esta nueva experiencia recogida por el Jefe de Estado, a la que debe sumarse, entre otras, la que tuvo con su exjefe de Gabinete Civil, Julio Ullón, quien habría cobrado por la concesión de audiencias, siendo además accionista de una empresa oferente de la ANDE, le sirva para prestar mucha atención a lo que se cuece en sus alrededores. Hasta ahora, no ha tenido mucho tino en cuanto a la designación de muchos colaboradores, lo que puede remediar desprendiéndose inmediatamente de ellos tan pronto como alguna actuación pública ponga en duda su honorabilidad o su idoneidad. Esta podría constituir una ocasión.
En lo que al Ministerio Público respecta, es deseable que sus pesquisas sean exhaustivas, para que no termine en la nada lo que sería una miserable explotación de la calamidad que hoy nos agobia. Está visto que una tarea urgente para nuestra sociedad es combatir la pandemia de los virus humanos empotrados en la función pública que asuelan este país.