El 11 de marzo de 2019, el Ministerio Público imputó al senador Javier Zacarías Irún (ANR, cartista) como instigador de un delito de lesión de confianza que, entre 2014 y 2018, habría causado a la Municipalidad de Ciudad del Este un perjuicio de 1.200 millones de guaraníes. El legislador fue desaforado el 28 de marzo de ese año, por unanimidad. El último 29 de diciembre, la agente fiscal Josefina Aghemo lo acusó, pidió la apertura del juicio y presentó una nueva imputación, fundada en otras órdenes de pago irregulares emitidas en 2017 y 2018, por un valor total de unos 3.500 millones de guaraníes, que no habían sido incluidos en la anterior imputación. Por tal motivo, el 6 de febrero de este año, la jueza penal de Garantías Cinthia Garcete, que ya le había otorgado al jefe del clan esteño unas medidas sustitutivas a la prisión, resolvió solicitar que sea desaforado una vez más. El Senado recibió el pedido el 5 de marzo y se ocupó de él recién el 30 de abril, concediendo lo solicitado por 21 votos contra 20, pero la diferencia no fue suficiente para conseguir la mayoría de dos tercios requerida por la Constitución. La minoría siguió el dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales, según el cual la medida solicitada sería innecesaria, pues Zacarías Irún ya está desaforado en la misma causa.
El impresentable senador apoyó esta opinión, pero no debe excluirse en absoluto que ello sirva para que más adelante alegue que la nueva imputación es inadmisible por no haber sido desaforado, es decir, que vuelva a trabar la causa y que el caso llegue hasta la Corte Suprema de Justicia. Al chicanero le hubiera costado mucho más atacar la nueva imputación, previo desafuero. ¿Acaso iba a alegar que no tenía por qué ser desaforado, dado que ya lo estaba, y que la resolución adoptada violaba sus derechos constitucionales? Nuevos argumentos para nuevas chicanas.
Tal como están las cosas, podrá librarse de responder penalmente también por los desvíos de fondos adicionales, con lo que su expectativa de pena se reducirá notablemente. Es curioso que casi la mitad de los senadores le hayan abierto ahora esta posibilidad, dado que el primer desafuero había sido dispuesto en forma unánime. Nada les costaba a quienes han impedido que se amplíe la investigación hacer lugar al pedido judicial, salvo que hubiesen constatado que el nuevo sumario no tenía méritos suficientes.
Es puro cinismo sostener que lo resuelto no afectará la pesquisa en marcha. Al senador Stephan Rasmussen (PPQ) ya le había llamado mucho la atención que el 11 de marzo, la mayoría del pleno se opuso a la moción de que la Cámara se constituya en comisión para aprobar el desafuero, previo dictamen jurídico, tal como se había acordado en una reunión entre la mesa directiva y los líderes de bancada. Surge el interrogante de por qué se incumplió lo acordado en dicha ocasión. Puede conjeturarse sobre los hechos nuevos que habrán surgido en el ínterin, pero lo cierto es que, como dijo el citado legislador, sus colegas “se embarraron” al no tratar cuanto antes el pedido de desafuero. Y se embarraron aún más al terminar resolviendo con una mayoría tan exigua y, por lo tanto, inútil. Le hicieron un gran favor a Zacarías Irún al informar a la judicatura, con toda hipocresía, que lo ocurrido no afectaría la investigación fiscal. Ya ha impedido, por de pronto, que la jueza admita la prisión preventiva del personaje de marras, que el Ministerio Público volvió a solicitar.
El abdismo y el cartismo tienen encuentros y desencuentros, según las circunstancias. Entre ellos funciona de maravillas lo del doy para que me des, así que esta vez se habrán unido porque el Presidente de la República necesita los votos del movimiento Honor Colorado. Si los senadores del sector que lidera contribuyeron ahora a salvar a Zacarías Irún y, según parece, se disponen a hacer lo mismo con la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, será porque Horacio Cartes tiene un contundente as bajo la manga con que lo tiene en zozobra al presidente Mario Abdo Benítez.
Pero, cabe insistir, lo resuelto en el Senado enseña que también se puede favorecer la impunidad con una resolución aparentemente inocua que rehúsa hacer lugar a una petición judicial, so pretexto de que es superflua. Nada le costaba al Senado hacer lugar a ella, pero prefirió proteger, de hecho, a uno de sus indignos miembros. Y para peor, fingiendo que así no le hacían ningún favor. Si al afortunado senador, que nunca pagó el impuesto a la renta personal, no se le pueden exigir las responsabilidades penal y civil por la financiación de campañas electorales mediante el desvío de 3.500 millones de guaraníes de las arcas municipales, será porque muchos de sus pares han perdido totalmente la noción –si alguna vez la tuvieron– entre lo que es bueno y lo que es malo.
Estos son los verdaderos coronavirus que están liquidando nuestro país. Después no nos quejemos de que falten recursos para atender una pandemia como la actual.