Fiscalía es gran responsable de la corrupción en el Este

La ubicación geográfica de Ciudad del Este, que incluye a varios municipios aledaños, sumada al poder político-administrativo ejercido durante casi dos decenios por el nefasto clan Zacarías Irún, ha convertido el lado paraguayo de la triple frontera en una amenaza constante a la seguridad interna e internacional, ante la inoperancia o complicidad de los órganos que deben perseguir y castigar todo tipo de delitos, incluyendo los de guante blanco. Los integrantes del mencionado clan, pese a numerosas evidencias en contra, continúan impunes hasta hoy, porque la Fiscalía nunca acompañó la batalla de los esteños por limpiar su ciudad. En particular, el Ministerio Público ha venido haciendo muy poco a fin de desmantelar las redes montadas por los delincuentes. Tampoco ha preocupado mucho a las autoridades administrativas locales, más interesadas en llenar sus cajas fuertes que en atender esas minucias.

La ubicación geográfica de Ciudad del Este y de su área de influencia, que incluye los municipios de Hernandarias, Presidente Franco y Minga Guazú, sumada al poder político-administrativo ejercido durante casi dos decenios por el nefasto clan Zacarías Irún, ha convertido el lado paraguayo de la triple frontera en una amenaza constante a la seguridad interna e internacional, ante la inoperancia o complicidad de los órganos que deben perseguir y castigar todo tipo de delitos, incluyendo los de guante blanco. Los integrantes del mencionado clan, pese a numerosas evidencias en contra, continúan impunes hasta hoy, porque la Fiscalía nunca acompañó la batalla de los esteños por limpiar su ciudad.

En particular, el Ministerio Público ha venido haciendo muy poco a fin de desmantelar las redes montadas por el crimen organizado, tanto para el lavado de dinero como para el tráfico de drogas, de personas y de divisas. No hace mucho, denuncias de vecinos permitieron hallar un coche bomba en una vivienda de Presidente Franco, habitada por delincuentes del brasileño Comando Vermelho. Ya se sabía que el Primer Comando da Capital, otra organización delictiva del vecino país, se había instalado en Ciudad del Este, como quedó en espectacular evidencia cuando la ocupó en abril de 2017 para llevarse casi doce millones de dólares de la firma Prosegur. Un operativo de tal envergadura no pudo haberse realizado sin la cooperación de numerosos agentes estatales, pero solo un militar fue procesado por haber permitido que los delincuentes huyan al Brasil a través de uno de los tantos puertos “clandestinos”, que sirven para un intenso contrabando de ida y vuelta, en el que cigarrillos y armas juegan un papel destacado. Estos rutinarios delitos tienen muy escasa respuesta por parte de la Fiscalía y de la Justicia, y no han merecido la atención de las autoridades administrativas locales, más preocupadas en llenar sus cajas fuertes que en atender esas minucias.

Si a la Dirección Nacional de Aduanas debería inquietarle mucho el contrabando apenas encubierto, la Subsecretaría de Estado de Tributación tendría que ocuparse en serio de la evasión fiscal, en cooperación con el Ministerio Público. Por su parte, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y la Superintendencia de Bancos harían bien en prestar mayor atención a las casas de cambio que sirven para lavar dinero y transferir fondos al exterior, incluso para financiar el terrorismo, según denuncias estadounidenses. Una de ellas afectó a dos presuntos amigos del vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, sin que aún se conozcan los resultados de la investigación fiscal, abierta hace seis años. A propósito, entre 2002 y 2005, el segundo del Poder Ejecutivo hizo de fiscal general adjunto en Ciudad del Este, lo que le permitió crear las bases –no solo políticas– de su exitosa carrera posterior.

Ocurre que estar destinado a su área metropolitana puede contribuir bastante al bienestar económico de un funcionario, como se desprende de que el criminal argentino Íbar Pérez Corradi haya abonado, según dijo, 100.000 dólares al jefe esteño de Interpol para ser liberado, pese a portar la cédula de identidad de un paraguayo fallecido. Se ignora si el Ministerio Público investigó el asunto, o, al menos, no se conoce resultado alguno. También los extranjeros con residencia ilegal son una fuente propicia para el soborno, la extorsión o el robo liso y llano, como bien lo saben los quince chinos que hace poco fueron despojados, por agentes policiales, en Presidente Franco. Es obvio que el “hermano del alma” Darío Messer tuvo sus buenas razones para instalarse en Hernandarias, muy cerca de su país de origen y de la corrupción reinante en la estratégica triple frontera.

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Por supuesto, aquí no solo se perpetran delitos financieros, tributarios o ambientales, sino también asaltos a mano armada o robos de caudales, lo que significa, en suma, que la gama de hechos punibles resulta muy amplia. Mención especial merecen aquellos de los que han sido víctimas todos los esteños durante largos años, es decir, los que tuvieron como escenario la Municipalidad. De nada se enteró el Ministerio Público, hasta que la doctora Carolina Llanes –hoy ministra de la Corte Suprema de Justicia– detectó graves irregularidades tras la intervención dispuesta por la Cámara de Diputados, a pedido de la Junta Municipal. Ahora se sabe que una funcionaria habría “trabajado” para los Zacarías Irún, quizá porque les debe el cargo que aún ocupa, lo mismo que más de un agente fiscal o juez.

El Colegio de Abogados del Alto Paraná se ocupó reiteradas veces de las mansiones de ciertos jueces, mientras que este diario informó en noviembre de 2017 que la Fiscalía del departamento “está llena de agentes acaudalados y complacientes”, como Juliana Jiménez, que residía en una vivienda valuada en al menos 300.000 dólares, tras haber morado en un inquilinato y omitido investigar a los presuntos beneficiarios de un lavado de 600 millones de dólares, y Zunilda Ocampos, feliz dueña de una residencia que costaría unos 400.000 dólares y a la que comerciantes de armas denunciaron porque habría cobrado cien mil dólares mediante extorsión. Por lo que se sabe, no han sido investigadas por el Ministerio Público, al igual que otros cinco agentes fiscales nombrados en la publicación, con sus respectivas supuestas fechorías.

Es repugnante que, con toda impunidad, se cometan delitos en el órgano encargado de perseguirlos, como bien debería saberlo la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez. En gran medida, la pésima fama de Ciudad del Este, en particular, es atribuible a la complicidad de sus subordinados. Algo tiene que hacer –y pronto– para sanear la institución a su cargo, de modo que represente a la sociedad ante los órganos jurisdiccionales, en vez de ponerse al servicio de sus miembros indignos ni de los que roban, matan o trafican ilícitamente. Que la capital del Alto Paraná sea vista como lugar propicio para los hampones y los ladrones de guante blanco se debe, en gran medida, a la defección del Ministerio Público, de quien lo encabeza y de sus agentes.

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