El dictamen de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) no solo ratifica los graves hechos atribuidos al Consorcio Comitia-MSA (representado por Francisco Pérez Quintana, Juan Pablo Prezzoli y Nicolás Geraldo Nelson Deane) en la fallida licitación para la compra de máquinas, sino que expone la escandalosa complacencia de las autoridades electorales, que actuaron como “protectoras” de una empresa que habría intentado “engañar” al Estado.
A pesar de que el propio Comité de Evaluación del TSJE documentó las actuaciones que constituirían faltas graves, la máxima instancia electoral optó por el silencio. En lugar de denunciar al consorcio ante la DNCP por las presuntas anomalías, el TSJE “limpió” el camino para que el mismo consorcio se quedara con el millonario negocio del arrendamiento de equipos por G. 225.318 millones, tras anular el primer llamado.
Cancelación bajo sospecha
El TSJE lanzó a finales de 2024 la licitación (ID 460034) por la cual pretendía comprar 28.000 máquinas de votación por US$ 92,8 millones. Desde un inicio, este proceso estuvo rodeado de cuestionamientos; sin embargo, la Justicia Electoral avanzó sin pausa hasta llegar a etapas decisivas. Una de ellas fue la presentación de las ofertas con las muestras correspondientes, el 22 de mayo de 2025.
El informe del comité de evaluación del TSJE describe fecha por fecha los pasos de ese proceso, llegando al punto de que en sus páginas 147 y 153 señala las actuaciones del Consorcio Comitia-MSA en el proceso licitatorio. Según el documento, el 17 de julio de 2025, fecha en la que se desarrollaron las pruebas técnicas, los representantes técnicos del consorcio procedieron a reemplazar la pantalla de una de las cinco máquinas de votación presentadas con su oferta original por la pantalla que fuera presentada como “accesorio” el 15 de julio de 2025.
“Esta circunstancia devino en la modificación de una de las máquinas de votación, y por ende de las muestras presentadas...”, señaló el Comité de Evaluación de la Justicia Electoral. Lo cierto es que, ante la grave actuación, el Consorcio Comitia-MSA terminó siendo descalificado.
Tras la descalificación de Comitia-MSA, el 29 de agosto de 2025, y con un oferente aún en carrera (Consorcio Paraguay Democrático), la Justicia Electoral resolvió cancelar la licitación para la compra de las máquinas. Según la Resolución DGAF/TSJE Nº 759/2025, la decisión se tomó en el marco del Art. 57 de la Ley 7021/2022, inciso c, el cual menciona posibles daños o perjuicios para la contratante.
En ese mismo documento se estableció, llamativamente, el inicio de procedimientos para una nueva licitación pública bajo la modalidad de arrendamiento para las próximas elecciones municipales e internas partidarias.
La puesta en marcha
El trámite para el segundo llamado se puso en marcha el 17 de octubre de 2025 con la publicación de la convocatoria. En este proceso, curiosamente, solo se presentó el Consorcio Comitia-MSA (descalificado en el primer llamado), el cual resultó adjudicado el 5 de diciembre de 2025.
El 2 de febrero de 2026, el TSJE firmó el contrato por casi US$ 35 millones. Hasta ese momento, el TSJE no había presentado ninguna denuncia ni comunicación a la DNCP sobre el actuar del flamante consorcio adjudicado respecto a su grave conducta en el primer llamado.
Dos meses después de la firma del contrato, el 16 de abril de 2026, la Dirección de Asuntos Legales de Contrataciones Públicas emitió el dictamen a una denuncia presentada por un tercero en noviembre de 2025 (cinco meses atrás y en plena marcha de la segunda licitación). Una de las conclusiones del análisis es contundente: “El reemplazo de la pantalla –requisito técnico mínimo– durante las pruebas funcionales, utilizando un componente ingresado con posterioridad bajo la denominación de ‘accesorio’, habría tenido aptitud para incidir en la apreciación técnica del comité y, eventualmente, en el sentido de su recomendación. Conforme a los antecedentes analizados y a la documentación obrante en autos, surgen elementos suficientes que permiten la remisión del caso al Departamento de Sumarios, a fin de determinar con precisión la responsabilidad del Consorcio Comitia-MSA y de las empresas que lo integran, conforme a la Ley Nº 7021/2022”.
Estos elementos, obtenidos de las mismas actas del TSJE, fueron remitidos al Departamento de Sumarios para analizar si la conducta del consorcio se encuadra en alguno de los supuestos del Art. 145 “faltas graves” de la Ley Nº 7021/2022.
Solo descalificación
El director de Administración y Finanzas del TSJE, Daniel Echagüe, reconoció que la Justicia Electoral no realizó denuncia alguna ante la DNCP sobre los graves hechos. Según alegó, –para ellos– no se dieron los presupuestos establecidos en los artículos 145 “De las faltas graves” y 146 “De las faltas leves” de la Ley Nº 7021/22, argumentando que no se configuró daño o perjuicio debido a que la propuesta del consorcio fue descalificada durante la etapa de evaluación de ofertas. Sin embargo, la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la DNCP en abril pasado habló de elementos suficientes para remisión al Departamento de Sumarios los antecedentes del Consorcio.
Ante la consulta a Echagüe de por qué, por una cuestión de transparencia y para dejar precedentes sobre el actuar de la empresa, no se realizó la denuncia correspondiente ante la DNCP, ya no tuvimos respuesta.