Alarmante tolerancia con la corrupción en Salud Pública

El 18 de abril, las firmas Imedic SA y Eurotec SA, vinculadas con el empresario Justo Ferreira, entregaron al Ministerio de Salud Pública insumos en el marco de una contratación directa por valor de 80.000 millones de guaraníes, los que fueron rechazados por incumplir las especificaciones técnicas, y tres altos funcionarios ministeriales debieron renunciar “por razones personales”. La semana pasada llegó un cargamento de reemplazo, del que ayer se ocuparon los ministros Julio Mazzoleni y Arnaldo Giuzzio. Este último realizó algunas observaciones sumamente graves, y adelantó que se pedirán explicaciones al empresario en cuestión, y que este estará “en problemas” si ellas no fueran satisfactorias. Ya va siendo demasiado larga la tolerancia con este grupo proveedor de medicamentos. ¿Hasta cuándo? Aquí el damnificado principal es el pueblo paraguayo. El país está económicamente detenido por la pandemia, hay paraguayos que perdieron sus ingresos y a ellos se les dijo que de estas mercancías dependía su oportunidad de volver a obtener sustento económico. Es intolerable que eso sea puesto en riesgo por los corruptos.

La provisión de medicamentos e insumos hospitalarios mueve centenares de miles de millones de guaraníes, y, por tanto, se presta a amaños de todo tipo. La pandemia del coronavirus, que obligó a ejercer un mayor control sobre las mercancías recibidas, permitió descubrir un montón de negociados, que hubieran pasado desapercibidos en situaciones normales. El estado de emergencia ha servido también para revelar los laxos controles existentes en esta materia, así como la confabulación –cuándo no– entre autoridades, sus padrinos políticos y empresarios inescrupulosos.

El 18 de abril, las firmas Imedic SA y Eurotec SA, vinculadas con el empresario Justo Ferreira, entregaron al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) camas hospitalarias, trajes de protección biomédica y mascarillas quirúrgicas en el marco de una contratación directa por valor de más de 80.000 millones de guaraníes, habiendo cobrado dicho proveedor un anticipo de casi 18.000 millones, no previsto en el pliego de bases y condiciones. Los insumos fueron rechazados por incumplir las especificaciones técnicas y tres altos funcionarios ministeriales debieron renunciar “por razones personales”.

La semana pasada llegó un cargamento de reemplazo, del que ayer se ocuparon en una conferencia de prensa el ministro de Salud Pública, Julio Mazzoleni, y el de la Senad, Arnaldo Giuzzio, este como presidente de la Comisión Especial de Supervisión y Control de Compras Covid-19.

Se informó que esta vez fueron aceptadas las mascarillas quirúrgicas, pero no así las camas, los trajes de bioseguridad ni las mascarillas N95. Con respecto a estos dos últimos insumos, el ministro Giuzzio hizo una sensacional revelación, que bien podría tener consecuencias penales, aparte de administrativas. Dijo que, según la Dirección Nacional de Aduanas (DNA), habrían llegado al Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi sin la marca HK, exigida en el contrato, pero curiosamente ya la tenían cuando llegaron al parque sanitario del Ministerio. O sea que, por el camino, el vendedor habría agregado la marca de rigor para estafar al comprador y, por extensión, poner en riesgo la vida de quienes harán uso de esos bienes. En efecto, si se impuso cierto requisito contractual fue porque implicaba una garantía de calidad, algo imprescindible cuando está en juego no solo el dinero público sino también –y sobre todo– la salud de la población. El ministro Giuzzio adelantó que se pedirán explicaciones al empresario en cuestión y que el mismo estará “en problemas” si ellas no fueran satisfactorias. Ya va siendo demasiado larga la tolerancia con este grupo proveedor de medicamentos. ¿Hasta cuándo?

El menor de tales problemas sería que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) lo inhabilite hasta por tres años para intervenir en procesos de contratación con el Estado, con independencia de las responsabilidades civiles o penales emergentes.

El mayor “problema” que debería enfrentar es el que derive de una actuación de oficio del Ministerio Público, ante el fortísimo indicio de que se habría intentado defraudar al Estado, según de desprende de comparar el documento emitido por la DNA con lo constatado en el parque sanitario. Vale señalar aquí que entre los probables damnificados estaría la firma dueña de la marca HK, a la que se le podría requerir un informe acerca de si los trajes de protección y las mascarillas N95 fueron producidos por ella para ser exportados al Paraguay.

Pero el damnificado principal es el pueblo paraguayo: el país está económicamente detenido hace 60 días por la pandemia, hay paraguayos que perdieron sus ingresos y a ellos se les dijo que de estas mercancías dependía su oportunidad de volver a obtener sustento económico. Es intolerable que eso sea puesto en riesgo por los corruptos, además de la salud de la gente y de los médicos. Se impone la intervención de oficio de la Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción, tras darse a conocer el resultado de la comparación antes mencionada.

Como el MSPyBS aún no ha rescindido totalmente el contrato ni, por tanto, ejecutado las pólizas por el anticipo irregular ni por el incumplimiento de lo convenido, resulta que, hoy por hoy, sigue ligado contractualmente a un presunto embaucador, que ya le ha causado considerables daños.

Es de desear que se recupere el dinero alegremente disipado, pero lo que será imposible recobrar es el tiempo que se ha perdido durante, precisamente, un “estado de emergencia”.

Cabe esperar que Imedic SA y Eurotec SA dejen de proveer al Estado y que el Ministerio Público también se haga sentir y supere sus vacíos anuncios de “vamos a investigar”, para ofrecer algún resultado que mejore su inexistente prestigio.

El ministro Mazzoleni no parece muy preocupado, pues habría veintiséis contrataciones en curso y, por el momento, reservas suficientes para atender la pandemia. Sin embargo, un grupo de médicos dice que hay insumos solo para una semana. Los del Sindicato Nacional de Médicos exigen que les garanticen los insumos médicos y reafirmaron que solo tienen protectores para una semana como mucho y que se verían forzados a abstenerse de atender si no tienen todos los insumos. Lo aseguró la Dra. Rossana González.

La opinión pública, pues, tiene motivos suficientes para alarmarse tanto por el procedimiento de contratación, por la ejecución del contrato y el comportamiento del proveedor como por el manejo que el MSPyBS está haciendo del tema.

El ministro Mazzoleni hace bien en subrayar que actuará dentro de las normativas vigentes, pero ello ahora ya exige que demuestre –es lo que está esperando la gente– que actuará con mayor energía en defensa del dinero público y de la salud de la gente. Todavía no la mostró y no debe creer que tiene un cheque en blanco para seguir tolerando irregularidades como las señaladas.

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