Todo indica que la estafa del metrobús va camino al “oparei”

Recientemente, la Cámara de Diputados decidió prorrogar por 60 días el plazo dado a la Comisión Bicameral de Investigación que fue creada hace más de un año para indagar sobre la administración del fallido proyecto Metrobús por parte del MOPC. El diputado liberal Édgar Acosta pidió que la prórroga sea solo de 30 días, habida cuenta del excesivo tiempo transcurrido desde el inicio de la investigación. Recordó también que desde hace dos años están cajoneadas en la Fiscalía dos denuncias contra el exministro Ramón Jiménez Gaona por los delitos de lesión de confianza y de estafa. Llama la atención la demora, porque en el tiempo transcurrido la comisión ya tendría que contar con los testimonios de todos los involucrados, así como con los pertinentes informes del MOPC, del BID, de la Procuraduría y de la Contraloría General de la República, y de otras reparticiones, para emitir sus conclusiones sobre esta gran estafa al Estado, lo que hace presumir que la intención es tirar el esclarecimiento del caso a las calendas griegas.

Recientemente, la Cámara de Diputados decidió prorrogar por 60 días el plazo dado a la Comisión Bicameral de Investigación, encargada de indagar sobre la administración del fallido proyecto Metrobús por parte del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). La misma fue creada hace más de un año y su presidente es el diputado colorado Ramón Romero Roa, quien, al parecer, busca por todos los medios retrasar el cumplimiento de su cometido, pues, pese al tiempo transcurrido y a sus reiteradas promesas de finiquitar la misión confiada, ha solicitado y obtenido una nueva extensión del plazo inicialmente establecido para el efecto.

El diputado liberal Édgar Acosta fue uno de los pocos que se opusieron a la extensión de plazo solicitado por el presidente de la mencionada comisión, sugiriendo que el mismo fuera solo por 30 días, habida cuenta del excesivo tiempo transcurrido desde el inicio de la investigación. Recordó también que desde hace dos años están cajoneadas en la Fiscalía dos denuncias contra el exministro Ramón Jiménez Gaona por los delitos de lesión de confianza y de estafa, presentadas por el senador liberal Enrique Salyn Buzarquis y el ingeniero Hermann Pankow.

En medio de la crisis desatada en nuestro país y en todo el mundo por la pandemia del coronavirus y la incómoda cuarentena decretada por el Gobierno, esta llamativa nueva prórroga otorgada a la comisión de investigación del fracasado metrobús ha pasado prácticamente desapercibida para la opinión pública. Igual cosa ha ocurrido con la precipitada remoción por parte del MOPC de las estructuras viales construidas por la defenestrada empresa contratista Mota Engil en el tramo 3 del proyecto, así como con la resolución del Tribunal Arbitral Internacional que el 1 de este mes accedió a la medida cautelar solicitada por la empresa portuguesa en el sentido de bloquear la intención del MOPC de ejecutar un par de pólizas, por un valor total de US$ 13 millones.

En nuestro país no existe confianza pública en el desempeño de las “comisiones” creadas tanto por el Congreso como por el Poder Ejecutivo, con la supuesta misión de investigar ilícitos cometidos en perjuicio del Estado. Esto, porque se sabe que, cuando por la razón que fuere los gobernantes no quieren resolver un problema, optan por crear una comisión, la que por lo general fracasa en su cometido. La mayor dosis de descreimiento público en cuanto a resultados se centra en la gestión de las ampulosas “comisiones bicamerales de investigación”, constituidas por igual número de senadores y diputados con la misión de investigar un ilícito perpetrado contra los intereses del Estado. Por lo general, las conclusiones de estos grupos de legisladores son totalmente inocuas y no repercuten en una posterior búsqueda de justicia. El más reciente caso se dio con la Comisión Bicameral constituida para investigar la gestión de los funcionarios paraguayos responsables de la firma de la entreguista Acta Binacional con Brasil referente a Itaipú, firmada en secreto en Brasilia entre ambos gobiernos el 24 de mayo del año pasado, y que saltó a la luz pública con la renuncia del entonces presidente de la ANDE, ingeniero Pedro Ferreira. Tras intenso cabildeo y el compromiso firme de sus integrantes de llegar al fondo de la verdad de lo sucedido, al final no arrojó ninguna conclusión en cuanto a la responsabilidad de los actores del bochornoso acuerdo bilateral; vale decir, al debido cumplimiento de su misión.

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Prima facie, todo indica que esto mismo podría suceder con la comisión bicameral conformada para esclarecer la catástrofe no mitigada del proyecto Metrobús. Como en el caso del Acta Bilateral, aquí los principales implicados en el chanchullo son todos prominentes funcionarios y exfuncionarios de la administración pública, así como políticos de todos los colores con diferentes grados de participación en la cadena del viciado proceso de gestión del crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), bajo normativa del mismo. Igualmente, deben esclarecerse sus respectivas intervenciones en la dilatada tramitación para la correspondiente aprobación legislativa, en el diseño del proyecto de ingeniería del sistema, en la contratación de la empresa Mota Engil para construir los tramos 2 y 3 de los 5 proyectados, y en la orden de inicio de los trabajos, firmada por el entonces flamante ministro de Obras Públicas del Gobierno de Horacio Cartes, el economista Ramón Jiménez Gaona.

En este caso, llama la atención la demora, pues, a más de año y medio de conformada, la comisión ya tendría que contar con los testimonios de todos los involucrados, así como con los pertinentes informes del MOPC, del BID, de la Procuraduría y de la Contraloría General de la República, y de otras reparticiones, para emitir sus conclusiones acerca de los responsables de esta gran estafa al Estado, solo comparable con los escandalosos “empedrados chinos” bajo la gestión del exministro de Obras Públicas José Alberto Planás.

Por tanto, la casi inadvertida prórroga concedida por la Cámara de Diputados a la comisión de referencia podría responder a la intención del Gobierno del presidente Mario Abdo Benítez de hacer causa común con el de su antecesor en el encubrimiento del delito, tirando a las calendas griegas el esclarecimiento del caso, impidiendo así que los culpables vayan a parar con sus huesos en la cárcel y reparen con sus bienes el perjuicio ocasionado al fisco.

Cada estafa que queda impune es una invitación para que la comilona del dinero público continúe sin cesar, como se puede constatar sin esfuerzo alguno. Con toda razón, la gente ya no cree en absoluto en promesas tales como que “vamos a cortarles las manos a los ladrones” o “caiga quien caiga”.

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