La pandemia de los transportistas continúa castigando a la población

Los sucesivos Gobiernos tienen la mala costumbre de claudicar ante el periódico chantaje de los empresarios del transporte público de pasajeros. El actual ha resuelto no apartarse de esa tendencia tan nociva para el fisco y tan beneficiosa para quienes se valen de su estratégica posición monopólica para arrancar dinero público mediante el ruin expediente de convertir a los usuarios en rehenes. Prestan un pésimo servicio, pero tienen el descaro suficiente para reclamar subsidios, una y otra vez, con independencia del precio del petróleo, de la cotización del dólar, de la tasa de inflación o de cualquier otro factor. El año pasado, los pedigüeños cobraron 50.000 millones de guaraníes, que también salieron, en última instancia, de los bolsillos hasta de quienes no suelen pisar sus buses. Hasta marzo último se quedaron con G. 19.500 millones. Ahora resulta que la cuestión va a empeorar bastante para el erario, dado que el Equipo Económico del Poder Ejecutivo aceptó aumentar los subsidios, lo que supondrá un desembolso adicional de 400 millones de guaraníes mensuales.

Los sucesivos Gobiernos tienen la mala costumbre de claudicar ante el periódico chantaje de los empresarios del transporte público de pasajeros. El actual ha resuelto no apartarse de esa tendencia tan nociva para el fisco y tan beneficiosa para quienes se valen de su estratégica posición monopólica para arrancar dinero público mediante el ruin expediente de convertir a los usuarios en rehenes. Prestan un pésimo servicio, pero tienen el descaro suficiente para reclamar subsidios, una y otra vez, con independencia del precio del petróleo, de la cotización del dólar, de la tasa de inflación o de cualquier otro factor. El año pasado, los pedigüeños cobraron 50.000 millones de guaraníes, que también salieron, en última instancia, de los bolsillos hasta de quienes no suelen pisar sus buses. Hasta marzo último se quedaron con 19.500 millones de guaraníes, de lo que se desprende que al cabo de 2020 iban a recibir mucho más que en 2019, si todo seguía igual. Ahora resulta que la cuestión habrá de empeorar bastante para el erario, dado que el Equipo Económico del Poder Ejecutivo aceptó aumentar los subsidios, lo que supondrá un desembolso adicional de 400 millones de guaraníes mensuales. El aumento fue “consensuado” por el Viceministerio de Transporte y los empresarios del sector, luego de que a mediados de abril los transportistas –cuándo no– amenazaran con paralizar el servicio y días después de que el jefe de la Dirección Nacional de Transporte, Juan José Vidal, tildara de “extorsionador” al presidente del Centro de Transportistas del Área Metropolitana (Cetrapam), César Ruiz Díaz. Pero resulta que el “extorsionador” y sus seguidores finalmente van a disfrutar de una cuantiosa suma pagada por sus víctimas.

La irresponsable medida fue adoptada en medio de la crisis económica, derivada de la sanitaria, que en abril supuso una diminución del 54% de la recaudación impositiva, siendo presumible que la baja continúe hasta que dentro de cuatro años se produzca la recuperación económica, según estima el viceministro de Tributación, Óscar Orué. El Estado pierde ingresos y la población fuentes de trabajo, pero, una vez más, los niños mimados de hecho por el poder político-administrativo han logrado salirse con la suya. Es que, a diferencia de los contribuyentes y de los usuarios del transporte público, los empresarios de este sector están bien organizados y saben presionar con sus amenazas de paro o sus “reguladas” oportunas. Siempre cuentan con la comprensión de las autoridades competentes, como el actual viceministro de Transporte, Pedro Britos.

En efecto, este último se permitió señalar que también los pobres transportistas sintieron el impacto de la crisis, dado que disminuyó el número de pasajeros, lo que habría impedido que cubrieran sus costos operativos. Ocurre que, por lo demás, “hay que seguir pagando a todo el personal y a los acreedores”. Es de esperar que los industriales, los comerciantes o los dueños de restaurantes, que estén en una situación similar por haber disminuido el volumen de sus operaciones, no tengan la desvergüenza de apelar al absurdo argumento del viceministro, para exigir al Estado que también a ellos los saque de aprietos con el dinero de todos. Menos mal que estos sectores no tienen la forma de apelar a “reguladas” para imponer sus demandas, porque, si se pusiera en práctica la insensata lógica viceministerial, tendrían el mismo derecho que los transportistas para recibir subsidios. Como bien dice la Asociación de Empresas Paraguayas Proveedoras de Eventos (Aseppe), que ya habría registrado pérdidas por más de 30 millones de dólares, es “una falta de respeto hacia la ciudadanía toda y, en especial, hacia las mipymes (micro, pequeñas y medianas empresas), el dar privilegios a un sector de poderosos empresarios” (de los transportistas), que siempre se quejan y obtienen privilegios inconstitucionales bajo coacción.

Ahora bien, el hecho de que los transportistas estén en condiciones de chantajear, no significa necesariamente que el Gobierno les deba dar el gusto. Está obligado, en defensa del interés general, a recurrir a todos los medios coercitivos legales para impedir o sancionar la canallada de recurrir a la amenaza de un grave daño colectivo para quedarse con el dinero de los contribuyentes que, hoy más que nunca, se requiere para precautelar la salud pública.

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En mayor o menor medida, todo el mundo está tratando de sobrellevar la crisis sanitaria y económica, pero unos señores inescrupulosos, acostumbrados a aprovecharse de la corrupción o de la condescendencia gubernativas –por prestar sus ómnibus a los políticos en épocas de elecciones– siguen actuando como siempre, es decir, valiéndose de la extorsión para forzar la toma de decisiones. La víctima de semejante inconducta no es el Gobierno, sino la población en general que, vale repetirlo, provee los fondos para los subsidios reclamados con insistencia. Estos subsidios servirían para compensar la disminución del precio del pasaje, pero se olvida la baja del precio del combustible, de donde deviene que los 400 millones de guaraníes mensuales que recibirán los transportistas constituyen un plus inexplicable.

Ya es hora de que se ponga coto a tanta impudicia. El ministro del Interior, Euclides Acevedo, dijo hace poco que él no conocía a ningún transportista pobre, desconocimiento este perfectamente comprensible. No sabemos si habrá compartido su experiencia con sus colegas que integran el equipo económico, pero si lo hizo, nadie le dio pelota, como se dice. El Gobierno de Mario Abdo Benítez nos tiene de decepción en decepción. Los empresarios transportistas continúan siendo ciudadanos de primera.

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