Ladrones que pasarán a la historia

Impotencia, rabia, indignación y desolación. Ni separadas ni juntas estas palabras describen con propiedad el sentimiento ciudadano al conocerse el resultado del informe practicado por el propio Poder Ejecutivo a los procesos de compras por vía de excepción realizadas por el Ministerio de Salud. La Comisión Especial de Supervisión y Control de Compras Covid-19 (CESC) analizó 32 contrataciones en el periodo que va de marzo hasta el último día de mayo, y los resultados son la confirmación de las peores sospechas: la mayoría de los procesos están viciados de irregularidades en parte o en todas sus etapas. Va más lejos al recomendar anular los procesos que aún no se firmaron, volver a conformar equipos de evaluación y, lo que es peor, de los que ya se firmaron solo resta velar por el estricto cumplimiento a través de los abogados del Ministerio de Salud Pública. En la historia de los más importantes episodios de corrupción de nuestro país, sin duda este quedará registrado como el más ultrajante para la ciudadanía.

Impotencia, rabia, indignación y desolación. Ni separadas ni juntas estas palabras describen con propiedad el sentimiento ciudadano al conocerse el resultado del informe practicado por el propio Poder Ejecutivo a los procesos de compras por vía de excepción realizadas por el Ministerio de Salud. La Comisión Especial de Supervisión y Control de Compras Covid-19 (CESC) analizó 32 contrataciones en un período que va de marzo hasta el último día de mayo, y los resultados son la confirmación de las peores sospechas: LA MAYORÍA de los procesos están viciados de irregularidades en parte o en todas sus etapas. Va más lejos al recomendar ANULAR los procesos que aún no se firmaron, volver a conformar equipos de evaluación y, lo que es peor, de los que ya se firmaron solo resta velar por el estricto cumplimiento a través de los abogados del Ministerio de Salud Pública. Estos últimos no se anularán, no porque hayan sido correctos en sus procesos, sino porque una vez firmados los contratos ya no se pueden retrotraer al principio del proceso.

La CESC está conformada por los exfiscales Arnaldo Giuzzio, titular de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), a la cabeza; René Fernández, ministro de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), y Carlos Arregui, ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad). Vale decir, si tres exfiscales pusieron su firma en unas conclusiones donde explícitamente dicen que “varias de las observaciones formuladas en el presente informe, implican una posible responsabilidad administrativa de sus funcionarios intervinientes en el flujo de los procesos”, podría decirse que estamos en presencia de un documento que, además de devastador, es una denuncia pública de probables graves ilícitos que deben movilizar a los agentes del Ministerio Público.

Según los investigadores, se encontraron que algunos insumos médicos fueron sobrefacturados hasta en un 200% más sobre lo normal. Hallaron que se invocaban urgencias impostergables para compras que no lo eran, o que invocando tales urgencias aplicaban un lento procedimiento. Confirmaron problemas de calidad, incoherencias en los procesos y hasta compras por vía de la excepción de bienes que nada tenían que ver con la pandemia. Ratificaron que competían empresas que tenían socios vinculados entre sí, inconsistencias en documentaciones, y que intervenían en el proceso hasta funcionarios públicos que no estaban nombrados ni asignados. Comprobaron que competían empresas que están suspendidas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

El catálogo de irregularidades descriptas no sorprende porque ya la Contraloría General de la República las había identificado en uno de los procesos de compras, aquella escandalosa contratación donde se pagó al clan Ferreira más de 17.000 millones de guaraníes de adelanto no previsto. Pero una cosa es que el listado de vicios afecte a una operación, y otra muy distinta que lo hayan confirmado en la mayoría de los 32 procesos de contrataciones analizados.

Si bien espanta el largo etcétera de irregularidades, probables delitos y estafa, la criminal dimensión de lo ocurrido solo se entiende cuando se mira con cuáles insumos vitales destinados a proteger o salvar vidas han estado jugando.

En el listado quedaron afectadas las provisiones de auténticas prioridades, verdaderamente urgentes, e impostergables insumos de protección biológica, suministros para terapias intensivas, camas y respiradores. Según las cabezas del Ministerio de Salud, la situación del covid-19 en Paraguay está empezando a variar, que hasta podríamos llegar a ser como Wuhan o Chile, y esto nos lleva a una pavorosa conclusión: no estamos abastecidos como se previó que estaríamos.

Si los procesos analizados van de marzo hasta el último día del mes de mayo, este informe es la última confirmación –con sello de funcionarios del propio Poder Ejecutivo– de que mientras todo el país se encerraba en cuarentena en el mes de marzo, algunas autoridades nacionales, acompañadas de políticos, funcionarios públicos deshonestos y algunos eternos empresarios chupasangres del presupuesto público, estaban urdiendo planes para desangrar el escaso dinero disponible. Maquinaron y fraguaron operaciones para proveer insumos para la salud con la más baja calidad y el más alto precio, suministros que no tenían ni siquiera permisos de Vigilancia Sanitaria para circular por la República del Paraguay. Estos mercaderes del dinero público se confabulaban para pagar adelantos urgentes ni siquiera contemplados, firmar cheques y entregarlos, y se movían al ritmo de la única urgencia que los apuraba: el engorde de sus bolsillos, mientras el resto de la ciudadanía se pulseaba organizando ollas populares.

En la historia de los más importantes episodios de corrupción de nuestro país, se puede decir con absoluta certeza que este quedará registrado como el más ultrajante para la ciudadanía. No es porque hayan robado cantidades nunca antes registradas, sino porque este latrocinio fue perpetrado con alevosía mientras la población pasaba hambre, carencias, enfermedades, miedo y muerte en medio de lo que se recordará como la pandemia mundial más importante de los tiempos modernos.

Mientras se prometía al pueblo paraguayo migajas que no llegaban, quebraban empresas, cerraban negocios y miles de paraguayos perdían sus trabajos y sustentos, estos impresentables tramaban golpes contra el poco dinero del que se dispone para enfrentar al covid-19. De continuar así de tibios como están el presidente Mario Abdo Benítez y el ministro de Salud Julio Mazzoleni, ambos también pasarán a la historia como los líderes que toleraron este brutal golpe al pueblo paraguayo, una trompada de irregularidades y una puñalada en forma de suministros médicos que aún no llegan como estaban previstos.

Así, cuando en el futuro rememoremos la pandemia, muchos paraguayos recordaremos que hasta principios de junio de 2020 aún teníamos cifras bajas de covid-19, pero nos acordaremos de que ya entrado el mes de junio aún no existían los insumos previstos para enfrentarla. De lo que no vamos a olvidarnos nunca es de que, mientras nos mantenían encerrados en nuestras casas, un puñado de autoridades y funcionarios, junto con empresarios corruptos, usaban el tiempo y el escaso dinero disponible para abultar sus cuentas.

Criminales, por donde se los mire. Y aunque a la mayoría de ellos nunca se los nombre y otros solo aparezcan en la prensa; aunque varios de ellos solo terminen tibiamente citados en desteñidos sumarios o, peor aún, en expedientes judiciales que con el tiempo serán cajoneados gracias al mismo dinero robado, la historia los recordará siempre. Si de algo no nos olvidaremos los paraguayos es del año del covid-19 y de quienes lo utilizaron para estafar.

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