Un zorro para cuidar el gallinero del Alto Paraná

Está visto que la mayoría de los miembros de la Corte Suprema de Justicia no tiene el menor interés en sanear la corrompida Circunscripción Judicial del Alto Paraná, según se desprende de dos recientes decisiones contrarias a la buena administración de justicia y a la correcta representación de la sociedad ante los órganos jurisdiccionales. El 18 de junio confirmó a Marino Méndez en el cargo de juez penal de la Niñez y la Adolescencia, diez días después de que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) lo apercibiera por haber otorgado un amparo irregular a la exintendenta Sandra McLeod. Esta semana nombró como fiscal adjunto asignado a la circunscripción a Humberto Rosetti, de pésima fama, a quien el JEM suspendió en dos ocasiones y apercibió en otra. La citada circunscripción continuará en la misma situación por obra y gracia de ciertos ministros de la Corte y de quien dirige el Ministerio Público.

Está visto que la mayoría de los miembros de la Corte Suprema de Justicia no tiene el menor interés en sanear la corrompida Circunscripción Judicial del Alto Paraná, según se desprende de dos recientes decisiones contrarias a la buena administración de justicia y a la correcta representación de la sociedad ante los órganos jurisdiccionales. El 18 de junio confirmó a Marino Méndez en el cargo de juez penal de la Niñez y la Adolescencia, diez días después de que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) lo apercibiera por haber otorgado un amparo irregular a la exintendenta esteña Sandra McLeod. Esta semana nombró como fiscal adjunto asignado a la circunscripción a Humberto Rosetti, de pésima fama, según abogados de la zona, a quien el JEM suspendió en el cargo el 26 de febrero de 2010 por haber retenido teléfonos móviles sin previa orden judicial, lo apercibió el 29 de junio de 2011 por mal desempeño de sus funciones y volvió a suspenderlo el 23 de mayo de 2018 por su irregular intervención en una causa sobre violencia familiar. Como se ve, sus antecedentes distan mucho de ser impecables.

Sus antecedentes cobraron ahora notoriedad, pues se trata del mismo agente fiscal que se negó a pedir la prisión preventiva del guardia de seguridad Wilson Scappini, cuando fue procesado en 2017 por un delito de hurto, que estimó insignificante. Curiosamente, el beneficiario del “criterio de oportunidad” siguió trabajando como guardia en un edificio judicial de Hernandarias, donde hace unos días mató a la jueza civil Eveline Mereles. Por su parte, el agente fiscal –feliz dueño de una lujosa residencia de un country club de esa ciudad, donde tiene como vecino al famoso gerente tabacalero José Ortiz– parece haber aumentado notablemente su patrimonio en los últimos años. Resulta difícil precisar en qué medida lo ha hecho, pues hasta ahora ha presentado una sola declaración jurada de bienes y rentas, nueve años después de haber ingresado en el Ministerio Público en 2006. Si violó así el art. 104 de la Constitución, que obliga a entregarla dentro de los quince días de asumir el cargo, al reconocer ser dueño de una granja cordillerana ignoró también disposiciones taxativas que prohíben a los agentes fiscales ejercer el comercio, la industria o actividad profesional o política alguna.

Aunque obtuvo el menor puntaje entre los integrantes de la terna elaborada por el Consejo de la Magistratura, fue propuesto para el codiciado cargo por la nunca bien ponderada ministra Gladys Bareiro de Módica, superintendenta de la circunscripción y, por tanto, responsable de la podredumbre allí reinante. La moción fue apoyada por sus colegas Antonio Fretes, César Garay, Luis María Benítez Riera y César Diesel, que también habían votado, como ella, por la confirmación del servicial Marino Méndez. Vale la pena citar el voto del ministro Diesel, porque habla mucho tanto de él mismo como de la invocada: “Oyendo el parecer de la fiscal general del Estado sobre quién sería el indicado para ejercer ese cargo, voto por el fiscal Humberto Javier Rosetti Miranda”.

De esta forma, bajo el control directo de su patrocinante, la cuestionada fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, Rosetti deberá velar por el “buen funcionamiento de las áreas a su cargo” y supervisar el trabajo de las diversas fiscalías. Es lo que debió haber hecho también uno de sus antecesores, el hoy vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, a quien el Colegio de Abogados del Alto Paraná acusó en su día de haber liderado a unos agentes fiscales que allanaban locales comerciales con fines puramente extorsivos. Uno de los integrantes de ese equipo habría sido el hoy fiscal adjunto seleccionado, según acaba de revelar el presidente de dicho gremio, Mauro Barreto, quien describió la situación imperante en el Este en estos elocuentes términos: “Te aprietan, te sacan dinero. Hay denuncias de hace diez años, que nunca fueron investigadas. El fiscal adjunto es más o menos administrativo y maneja toda la unidad de fiscales, pero decimos que es importantísimo porque en Ciudad del Este hay mucho comercio, tanto legal como ilegal”. Terreno fértil, por tanto, para fiscales y jueces sinvergüenzas. A este paso, podría pensarse en aquel viejo dicho del zorro cuidando el gallinero.

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Así como el sueño de los agentes de policía es ser destinados a ciertas zonas limítrofes con el Brasil, el de los agentes fiscales y el de los adjuntos es ubicarse en la capital del Alto Paraná y no precisamente para combatir los delitos, sino para perpetrarlos con relación, por ejemplo, a los muy redituables asuntos marcarios. Dada la suma gravedad de lo que el Abg. Barreto ha vuelto a denunciar, el Ministerio Público debería abrir una amplia investigación, lo cual es pedir peras al olmo. En efecto, es improbable que la fiscala general del Estado, que tuvo que haber conocido el sucio historial de quien se convertirá en su adjunto, vaya a tener un marcado interés al respecto. Es que si su protegido resultara imputado, ella misma tendría que dar muchas explicaciones. Todo hace suponer, por tanto, que los agentes fiscales de la Circunscripción Judicial del Alto Paraná seguirán cerrando un ojo y abriendo una mano para omitir el cumplimiento de su deber y cometer, entre otros, el hecho punible de enriquecimiento ilícito. Y todo por obra y gracia de ciertos ministros de la Corte y de quien dirige el Ministerio Público.

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