El lago Ypacaraí continúa tan postergado como siempre

Continúan la poca reacción, la desidia y la desvergüenza de las autoridades –porque siguen mintiendo– respecto a las actividades para el mejoramiento de las condiciones ambientales de este importante pulmón ecológico y turístico del país. Tanto el Mades como la Conalaypa –las dos instituciones más visibles– no dan señales del ímpetu que se necesita para emprender de veras las acciones que puedan impactar positivamente en la mejora de este recurso hidrológico. El Mades, como siempre, sumido en su laberinto, sigue enredado en sus argumentos de falta de presupuesto y de que se necesita realizar estudios, escabulléndose de lo que de veras le compete. La Conalaypa no ha hecho más que girar en torno a sí misma y a sus famosas “geobolsas”, sin llevar adelante ni siquiera este proyecto. En vista de que nada avanza, pese a supuestas actividades en nombre del lago, puede pensarse que se trata de un gran negocio para mucha gente.

Emulando al dramaturgo inglés William Shakespeare, en su obra “Mucho ruido y pocas nueces”, la deplorable realidad del lago Ypacaraí, llevada al teatro o al cine, bien podría titularse “lata parãrã rei” (lata que suena inútilmente), aludiendo a la poca reacción, la desidia y la desvergüenza de las autoridades –porque siguen mintiendo– respecto a las acciones para el mejoramiento de las condiciones ambientales de este importante pulmón ecológico y turístico del país. Tanto el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), como la Comisión de Gestión y Manejo del Lago Ypacaraí y su Cuenca (Conalaypa) –las dos instituciones más visibles– no dan señales del ímpetu que se necesita para emprender de veras las acciones que puedan impactar positivamente en la mejora de este recurso hidrológico. Es como para preguntarse ya qué designio perverso interviene para tanta inoperancia cuando se trata de este recurso ambiental.

El Mades, como siempre, sumido en su laberinto, sigue enredado en sus argumentos de que no tiene presupuesto y de que es necesario realizar estudios, escabulléndose así de lo que de veras le compete. Da la impresión de que el ministro Ariel Oviedo no acaba de comprender que la institución a su cargo está sujeta a las normativas de la Ley Nº 6123/18, que, a más de elevar a la antigua Seam a la categoría ministerial, le encomienda llevar adelante las políticas relacionadas con la temática ambiental del país. Es decir, es el órgano especial del Estado que debe encabezar las acciones que involucran la gestión ambiental dentro del territorio nacional. El art. 3º de la normativa mencionada dispone que el Mades es la “autoridad de aplicación” de la Ley Nº 3239/07 “De los recursos hídricos del Paraguay”. Más claro, imposible, respecto a lo que debe hacer. Pero, fuera de exigir el lucrativo estudio de impacto ambiental, nada hace para impulsar la solución de los graves problemas ambientales que se presentan en el país, siendo uno de los más importantes la contaminación del lago Ypacaraí.

La Conalaypa, creada a comienzos de este año en el ámbito del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), presidida por el abogado Renato Maas, hasta la fecha no ha hecho más que girar en torno a sí misma y sus famosas “geobolsas”, con la supuesta idea de retener el agua existente y que, con las lluvias venideras, el nivel del lago se vaya recuperando. Pero ni siquiera este proyecto –que no contemplaba en absoluto el problema fundamental de la contaminación de las aguas–, fue llevado adelante, pues, con las primeras dificultades, el citado organismo ya se echa para atrás y vuelve a la consabida inacción. Por supuesto, cada intento de algo, aunque no se lo culmine, ha de tener su costo.

Por otro lado, era de esperar que se aprovechara la extraordinaria bajante de las aguas para encarar una de las más importantes soluciones, cual es la limpieza –podría ser con un dragado– de su lecho, si bien el gran problema se encuentra en los municipios aledaños, que descargan sus desechos cloacales y residuos industriales, sin tratamiento alguno, directamente a las aguas del lago o a sus arroyos tributarios.

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Siendo esta la causa principal de la contaminación que padece este valioso recurso natural, era de esperar que las acciones de las autoridades empezaran por los distritos de la cuenca, impulsando, a través de los demás órganos competentes del Gobierno y de las autoridades locales, la construcción de plantas de tratamiento de efluentes, con el objetivo de mitigar el impacto de la referida polución. En este sentido, lo que deberían hacer el Mades o la Conalaypa es, simplemente, “descajonear” y desempolvar el “Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento” (agosto/2018), cuyo estudio demandó cuantiosos recursos del Estado durante el Gobierno anterior.

Es de recordar que antes de la implementación del mencionado “plan”, el mismo Gobierno ya había intentado llevar a cabo algunas obras de alcantarillado, que tristemente quedaron en la largada. Entre estos emprendimientos se puede mencionar el de Itauguá, que tendría que haber abarcado unos 20 kilómetros de red de alcantarillado, con dos estaciones de bombeo y dos plantas de tratamiento. La inversión prevista en esta obra fue de unos US$ 3.000.000, cubierta con un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y con una donación de la Agencia Española AECID. La obra iba a beneficiar a unas 4.000 conexiones, que alcanzaban a unas 20.000 personas. Los trabajos empezaron en setiembre del 2015, previéndose su finalización y el inicio del funcionamiento para junio de 2016. Lamentablemente, a cinco años del desdichado proyecto, los pobladores de Itauguá solo recuerdan de aquel día la palada inicial y los discursos alusivos. La obra quedó por el camino.

Ante esta realidad, los itaugüeños deberían interpelar a sus actuales o anteriores antoridades por qué se abandonaron los trabajos y a dónde fueron a parar los fondos destinados al proyecto. De recuerdo quedaron algunas zanjas a cielo abierto por las que circulan aguas negras de fétido olor, que van a parar al arroyo Yukyry, y a través de este a los humedales que circundan el lago. Es demasiado cómodo para las autoridades prometer obras, manejar los recursos destinados a las mismas y dejarlas inconclusas, sin ser molestadas luego por los habitantes, la Contraloría General de la República o el Ministerio Público.

Puede pensarse, por lo tanto, que la problemática del lago Ypacaraí es un gran negocio que beneficia a mucha gente: autoridades que reciben dinero para proyectos que nadie controla, técnicos que ofrecen trabajos de consultorías (generalmente vinculados con quienes manejan los proyectos), además de viajes, reuniones y visitas de expertos, cuyos resultados se diluyen como el alcanfor. Así como vienen las cosas desde al menos hace cuatro décadas, da para pensar que allí hay un permanente “plata je’u” (tragada de dinero); de lo contrario, no se explica que las cosas no hayan avanzado un milímetro en tanto tiempo.

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Si se quiere recuperar en verdad este emblemático recurso ambiental y turístico, se debe extirpar de una vez la inoperancia de muchos y la corrupción de otros que dicen trabajar en su nombre. Los ciudadanos y las ciudadanas, especialmente quienes habitan en las ciudades de su cuenca, ya no deben quedar callados, sino movilizarse exigiendo resultados, antes de que el lago muera definitivamente.

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