Lo único que cambió en la Justicia fue el verdugo

Si hacemos una mirada retrospectiva, tomando los periodos más recientes de nuestra historia, podríamos notar que una de las razones de la injusticia social que vive nuestra nación es la ausencia de un sistema de Justicia decente, acorde con un Estado de derecho, donde debe regir el imperio de la ley. Durante la dictadura de Stroessner, el sistema judicial era directamente un brazo del régimen empleado para perseguir a quienes se oponían con sus ideas a vivir sometidos a su voluntad. Tras la caída de la dictadura, la Constitución de 1992 creó instituciones tendientes a buscar un poder independiente y contralor del respeto de la ley. Pero los sueños de una sociedad más respetada por los ministros de la Corte, jueces y fiscales, se esfumaron muy pronto, pues los grupos mafiosos crearon las condiciones para someter nuevamente a la Justicia. Lo único que cambió fue el verdugo: antes era un dictador, y ahora, son grupos mafiosos que lucran con la Justicia, esa que no tenemos.

Si hacemos una mirada retrospectiva, tomando los periodos más recientes de nuestra historia, podríamos notar que una de las razones de la injusticia social que vive nuestra nación es la ausencia de un sistema de justicia decente, acorde con un Estado de derecho, donde debe regir el imperio de la ley.

Durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989), el sistema judicial era directamente un brazo del régimen, empleado para perseguir a quienes se oponían con sus ideas a vivir sometidos a la voluntad de un dictador violento. Los ciudadanos que osaban criticar las acciones de la dictadura, o peor aún, realizar actividades políticas, que no consistan en adular al dictador y sus acólitos, eran literalmente perseguidos, tanto por el órgano de represión fáctica –la policía– como por el sistema de justicia. Los que tuvieron la suerte de no ser eliminados físicamente con la desaparición, eran víctimas de los fiscales, jueces y miembros de la Corte Suprema de Justicia, que estaban al servicio del tirano, y recibían órdenes para procesar y encarcelar a cualquier “contrera”, como se llamaba a los que preferían un país democrático.

Esta sumisión se construyó a partir de la Constitución del año 1967, según la cual el Presidente de la República nombraba a miembros de la Corte Suprema de Justicia, con acuerdo de la Cámara de Senadores; al fiscal general del Estado, con dictamen del Consejo de Estado (Artículo 189 de la Constitución) y acuerdo de la Cámara de Senadores; y con acuerdo de la Corte, a los miembros de tribunales, jueces y a los demás magistrados del Poder Judicial (jueces de Primera Instancia). Los agentes fiscales y procuradores eran directamente designados por decreto (Art. 180, inciso 8; 211 de la Constitución).

De esta manera, el control absoluto era del Presidente de la República, quien lo usaba para someter a su antojo, y de acuerdo a su plan hegemónico, a todos los Poderes del Estado. En el ámbito de la Justicia, jueces y fiscales procesaban y encarcelaban a ciudadanos inocentes, empleando leyes liberticidas como la 294/55 de “Defensa de la democracia”, que, entre otras cosas, obligaba a funcionarios encargados de la persecución penal y policial a delatar a quienes podrían ser “comunistas”, y en caso de no hacerlo, serían sancionados con penas de hasta cinco años de cárcel e inhabilitación. En la misma línea, varios años después, fue promulgada la Ley 209/70 “De defensa de la paz pública y libertad de las personas”, cuyo nombre obviamente nada tenía que ver con su contenido, que era violatorio de derechos humanos elementales, como la libertad de reunión o de asociación.

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Por esta experiencia trágica, de opresión de tantos años, uno de los temas en los que prácticamente no hubo disenso en la Convención Constituyente, que sancionó la actual Constitución, en el año 1992, era la necesidad de cortar los tentáculos con los que se manejaba a jueces y fiscales para violentar derechos ciudadanos.

Es así que, en la actual Constitución, se crearon órganos que, según se pretendía, lograrían una disgregación del poder al construir el sistema de Justicia, y la integración del Poder Judicial. Con ello, se buscaba un poder independiente y contralor del respeto de la ley. Así, surgió el Consejo de la Magistratura, con el fin de garantizar concursos en igualdad de condiciones para postulantes de cargos en juzgados y fiscalías, sobre la base de méritos. Es por eso que su integración se diseñó con representantes de abogados y de universidades, con lo cual se pretendía contrarrestar la influencia política que tanto daño había hecho en el pasado reciente.

Pero los sueños de una sociedad más respetada por los ministros de la Corte, jueces y fiscales, se esfumaron muy pronto. Ya hacia el año 2000, los grupos mafiosos crearon las condiciones para someter nuevamente a la Justicia. Y de esta manera, volvieron a comportarse como lo que son, mercaderes miserables de la vida y hacienda del pueblo. Los integrantes del Consejo de la Magistratura, actualmente, acceden al mismo de dos maneras: en el caso de los abogados, apostando fortunas de dudosa procedencia en sus campañas; o como mandaderos de feudos delincuenciales, en el caso de universidades, del Congreso y del Poder Ejecutivo.

Con estos condimentos, no puede esperarse otro resultado, fuera del que tenemos a la vista: miembros de la Corte, jueces y fiscales genuflexos e ignorantes, que llegan al cargo luego de haber prometido lo que sea a quien les planteó el negocio de ingresar al Poder Judicial. Y desde ahí, convertirse en recaudadores de sus patrones; son, como se dice, los caballos del comisario.

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De esta forma, el Poder Judicial, lejos de lo que se esperaba al redactar la actual Constitución, en lugar de constituirse en un organismo que garantice el respeto de la ley, y por tanto, de los derechos del ciudadano, se convirtió en un prostíbulo, donde todo tiene precio: sentencias, procesamientos, libertades, órdenes de detención. Donde lo que menos relevancia tiene es la aplicación de la ley, y donde los “operadores” políticos están disfrazados de servidores de Justicia.

En algún momento de nuestra historia, estos tenebrosos comerciantes de la ley serán juzgados, y sus nombres pasarán a formar parte de la lista de traidores a la patria, a quienes solo les importa enriquecerse ilícitamente, ya que de cualquier manera, aunque existan leyes que consideren esta conducta como delito, como tantas otras, no se aplican a los verdugos de nuestro pueblo.

El escenario no ha cambiado para pesar de quienes anhelamos una sociedad próspera, donde impere la ley. Lo único que cambió fue el verdugo: antes era un dictador, y ahora, son grupos mafiosos que lucran con la Justicia, esa que no tenemos.

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