En las últimas semanas alertó a la ciudadanía la enorme cantidad de incendios de campos y espacios abiertos en todo el país. Actos criminales que dañan severamente el suelo y el aire poniendo en riesgo la salud de las personas. Pero ante estos hechos se espera que el Estado asuma su responsabilidad de proteger a los ciudadanos, lo cual será posible, si actuó previendo acciones con planes de contingencia, inversión en recursos que permitan enfrentar crisis como las que generan estos incendios.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), de las Naciones Unidas, publicó que el gasto de inversión social, y dentro del mismo, el destinado a la protección del medio ambiente, incluye los desembolsos efectuados para el manejo de desechos y aguas residuales, la reducción de la contaminación, la protección de la biodiversidad y del paisaje y la investigación relacionada con la protección del medio ambiente.
Paraguay invirtió en el año 2018 el 0,12% del Producto Interno Bruto en la protección del ambiente. En 15 años, del 2000 al 2015, nunca invirtió más del 0,23% del PIB, lo que sucedió en el 2005. Estos datos que fueron proveídos por las autoridades nacionales a la CEPAL evidencian que el Estado paraguayo nunca le dio importancia real a la protección del ambiente ni a estar preparado para situaciones de emergencia como las que se viven en la actualidad.
La Constitución garantiza a todos los ciudadanos la calidad de vida y la protección del ambiente, mediante la regulación de actividades que puedan dañarlo e, incluso, el castigo de delitos ambientales.
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La estructura burocrática estatal es abundante con secretarías, ministerios, fiscales, asistentes fiscales e incluso un Departamento de la Policía Nacional creado por Ley 4012 en el año 2010.
En consecuencia, Paraguay tiene suficientes normas y dependencias encargadas, cada una en su ámbito, de la prevención y castigo de conductas que atentan contra el ambiente. Existen oficinas de preservación, organismos policiales y fiscales de persecución, así como leyes administrativas y penales.
Algunas preguntas que surgen, dados los últimos acontecimientos catastróficos, son: ¿para qué se crean tantas dependencias y normas si no se les provee de apoyo logístico y personal capacitado? ¿Por qué el Ministerio Público no lleva a juicio a los delincuentes que queman bosques y pastizales? ¿A qué se dedican sus inútiles fiscales del ambiente, además de viajar y participar de seminarios que no conducen a nada, salvo a aumentar sus ingresos gracias a viáticos que se les abonan? ¿Por qué la Policía Nacional no investiga y detiene en flagrancia a los delincuentes que atentan contra el medio ambiente?
Cada sector debe hacerse responsable por el abandono en el que se encuentra la sociedad actualmente, librada a su suerte, y a la autogestión, apoyando con donaciones a bomberos voluntarios que deambulan con sus alcancías diariamente. En los lugares de incendio se veía a particulares llevando agua, comida y hasta elementos de protección a los bomberos voluntarios y militares que sin equipos adecuados intentaban sofocar el fuego. Mientras tanto, brillaron por su ausencia equipos de logística estatal que debían cumplir esta labor.
Los incendios que azotan en los últimos días a la población, afectando la salud, alterando el ambiente, destruyendo bosques y afectando a la economía, nos mostraron la precariedad de los organismos del Estado, que deberían estar preparados para defender a los ciudadanos y sus bienes. Pero obviamente, los intereses de los gobernantes está en satisfacer la angurria de consejeros de entidades binacionales, compra de vehículos lujosos, viajes, contratos a operadores, hermanos, primos y cuanto incompetente haya, cargando al pueblo con esos salarios y gastos superfluos.
No es posible que los gobiernos sigan omitiendo su obligación de tomar en serio la protección del ambiente, fortaleciendo instituciones creadas, adquiriendo equipos, transporte y todo lo necesario para garantizar a los paraguayos su derecho a vivir en un ambiente saludable.
Ellos son los responsables de cumplir y hacer cumplir la Constitución, por lo tanto, sus ineptitudes, desinterés o latrocinio tienen que ser asumidos por cada uno de ellos, desde el Presidente de la República hasta el último servidor público, por imperio de la Carta Magna: “Artículo 106 - DE LA RESPONSABILIDAD DEL FUNCIONARIO Y DEL EMPLEADO PÚBLICO. Ningún funcionario o empleado público está exento de responsabilidad. En los casos de transgresiones, delitos o faltas que cometiesen en el desempeño de sus funciones, son personalmente responsables, sin perjuicio de la responsabilidad subsidiaria del Estado, con derecho de este a repetir el pago de lo que llegase a abandonar en tal concepto”.