No solo deben caer los peones, sino también los padrinos del narcotráfico

Desde la época de la dictadura de Alfredo Stroessner, el crimen organizado se ha venido fortaleciendo, con la llegada de grandes delincuentes internacionales amparados por las autoridades de la época. La situación no ha cambiado mucho, ya que hasta el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y el vicepresidente, Hugo Velázquez, reconocen abiertamente que el crimen organizado permea los tres Poderes del Estado. La reciente incautación de, por de pronto, unas dos toneladas y media de cocaína en Villeta –todo un récord nacional– evidencia la magnitud que el narcotráfico ha alcanzado en este país. Es de temer, por tanto, que el hallazgo referido sea solo la punta de un iceberg, cuya dimensión y antigüedad aún se ignoran. Es plausible el triunfo logrado con este decomiso, aunque fuera impulsado a instancias de la DEA estadounidense. No basta que las autoridades sigan reconociendo que el narcotráfico está instalado en nuestra política y en las instituciones del Estado. ¿Cuántas veces más deben reconocerlo antes de decidirse a tomar medidas concretas para combatir ese flagelo?

Desde la época de la dictadura de Alfredo Stroessner, derrocada en 1989, el crimen organizado se ha venido fortaleciendo, con la llegada de grandes delincuentes internacionales amparados por las autoridades de la época. Entre ellos se puede mencionar al famoso narcotraficante francés Auguste Ricord, quien inspiró inclusive la renombrada película “Contacto en Francia” o “Conexión Latina”. Fue detenido en 1971 y extraditado a Estados Unidos el año siguiente, pero los protectores no fueron molestados.

Por lo visto, la situación no ha cambiado mucho, ya que hasta el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y el vicepresidente, Hugo Velázquez, reconocen abiertamente que el crimen organizado permea los tres Poderes del Estado. Es más, una comisión senatorial, cuyo vocero fue el exsenador y hoy titular de la Senad, Arnaldo Giuzzio, denunció en el 2014 los lazos de varios legisladores con el narcotráfico. Uno de ellos, Freddy D’Ecclesiis (ANR, abdista), sigue ocupando un escaño y ninguno de los otros señalados –los entonces diputados Bernardo Villalba y Marcial Lezcano, el suplente Carlos Rubén Sánchez (alias Chicharõ), y la parlasuriana Cirila Cubas de Villaalta (todos colorados)– ha sido procesado. Por su parte, la exdiputada Cynthia Tarragó, del mismo partido, fue detenida y guarda reclusión en Estados Unidos, por cargos relacionados también con el narcotráfico.

La reciente incautación de, por de pronto, unas dos toneladas y media de cocaína en un puerto privado cercano a Villeta –todo un récord nacional– evidencia la magnitud que el narcotráfico ha alcanzado en este país. No debería sorprender, entonces, que más de un importante personaje haya tenido algo que ver con el cargamento, de origen boliviano, valuado en unos 600 millones de dólares, cuyo destino final iba a ser Israel, vía Amberes. Que en este mismo puerto belga se hayan decomisado en junio 3.400 kilos de cocaína embarcados en el Paraguay muestra no solo el volumen y la frecuencia del tráfico, sino también la permeabilidad de nuestras fronteras y las deficiencias de los organismos de control. El hallazgo de ese enorme alijo hizo que la DEA –la agencia antidrogas norteamericana– alertara a la Unidad de Investigación Sensible (SIU) de la Policía Nacional, cuyas pesquisas condujeron al hallazgo de la voluminosa carga y la detención del abogado Cristian Turrini. O sea que ni ese grupo de élite, ni la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) ni la Dirección Nacional de Aduanas tuvieron antes noticias de ciertas exportaciones de “carbón vegetal”. Es de temer, por tanto, que el hallazgo referido sea solo la punta de un iceberg, cuya dimensión y antigüedad aún se ignoran. Y también que, como siempre, los grandes “padrinos” permanezcan en el anonimato.

Si este es un país de tránsito de la cocaína, lo primero a impedir es que ella ingrese, para lo cual se necesitan los recursos humanos, materiales y tecnológicos adecuados. Por ejemplo, hacen falta radares para vigilar todo el espacio aéreo y no solo el chaqueño. En enero del año pasado, una “narcoavioneta” perseguida por aviones militares argentinos se internó en Ñeembucú, sin haber sido detectada. El entonces jefe de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), Édgar Melgarejo –hoy imputado en un caso de corrupción–, se quejó del deficiente equipamiento y de que la ley no permita derribar a las aeronaves en vuelo irregular, sino solo obligarlos a aterrizar. En sus palabras: “no tenemos luego plata para comprar tantos radares”. Pues habría que tenerla, incluso para que la Fuerza Aérea Paraguaya tenga suficiente carburante. En 2018, sus aviones no pudieron dar alcance a una aeronave que sobrevolaba el Chaco, por haberse quedado sin combustible; las de los narcotraficantes, en cambio, suelen tener incluso un tanque adicional. En octubre pasado, dos aeronaves militares al servicio del CODI, poco equipadas, fueron también fácilmente burladas por una narcoavioneta que intentó aterrizar en el Parque Nacional Paso Bravo.

Según el mismo Melgarejo, “tenemos tecnología avanzadísima en Concepción, que es una zona muy sensible para nosotros, porque por ahí entran los aviones surtidos de la zona de Bolivia”. Sin embargo, en esta ocasión de allí habría venido el último cargamento incautado, pero parece que la “tecnología avanzadísima” fue incapaz de detectar su presumible ingreso por aire. Es de presumir, entonces, que funcionarios corruptos y padrinos poderosos están estimulando las ineptitudes y las carencias.

También conviene que las pistas de aterrizaje clandestinas sean descubiertas y destruidas. Recientemente, agentes fiscales y policiales allanaron un aeródromo no autorizado de Areguá, con relación al asesinato del piloto de una avioneta que habría despegado desde allí y aterrizado más tarde en una estancia chaqueña, con 450 kilos de cocaína boliviana. Se trata, además, de la misma pista desde la que habría levantado vuelo la aeronave que llevó al Chaco al narcotraficante prófugo Jorge Samudio, alias Samura, en septiembre de 2019. Por lo visto, hasta el día del allanamiento, nadie tenía idea de la existencia de dicha pista, tan cercana a Asunción. Es preciso, pues, instalar radares, dotar de combustible a los aviones de la FAP y hallar aeródromos más o menos clandestinos, para lo cual no solo habrá que contar con dinero, sino también con funcionarios probos e idóneos. Pero nada de esto servirá de mucho mientras las instituciones no sean depuradas, extirpando de ellas los tentáculos del crimen organizado. De nuevo ahora, el presidente Abdo Benítez reconoce que “Hay mucha permeabilidad; el crimen organizado permea varias instituciones; tenemos que mejorar nuestros sistemas de control”.

Él espera –y la ciudadanía también– que la Justicia haga un “trabajo serio” para identificar y sancionar a los responsables de la trama montada. Sería deseable que ese trabajo no esté a cargo de agentes fiscales ni de jueces al servicio del narcotráfico y que el funcionamiento de los sistemas de control también sea sometido a un riguroso examen, por parte de la Secretaría Nacional Anticorrupción y de la Secretaría Nacional de Inteligencia, controlados, a su vez, por el jefe del Poder Ejecutivo, de quien dependen.

Es muy plausible el triunfo logrado con el decomiso de Villeta, aunque fuera impulsado a instancias de la DEA estadounidense. No basta que las autoridades sigan reconociendo que el narcotráfico está instalado en nuestra política y en las instituciones del Estado. ¿Cuántas veces más deben reconocerlo antes de decidirse a tomar medidas concretas para combatir ese flagelo? Porque no solo deben caer los peones, sino también los poderosos padrinos, única forma en que se podrá cantar victoria.

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