Dos organizaciones principales, la Coordinadora Nacional Intersectorial (CNI) y Articulación Campesina, Indígena y Popular (ACIP), y varias secundarias, agrupadas a su vez en la Unidad Campesina, Indígena y Popular, se congregaron en el centro histórico de Asunción, asiento de los Poderes públicos, para arrancar por la fuerza el usufructo discrecional de 25 millones de dólares al Congreso, pues ya tenían el beneplácito del Poder Ejecutivo.

Sí, por la fuerza. Los cabecillas de ambas organizaciones articulan sus “manifestaciones” sobre la idea del “piquete”, un grupo de militantes con órdenes de cercenar con violencia derechos de terceros, que importaron de la Argentina los militantes colorados “nicanoristas” Blas Vera y Felipe Cabrera a principios del gobierno de Nicanor Duarte Frutos, copiándolos de los delincuentes “kirchneristas” (partidarios del entonces presidente argentino Néstor Kirchner) Luis D’Elia y Raúl Castells.

La mecánica de estos pillos y peajeros es simple: generan violencia para dar a los políticos que les protegen la excusa que necesitan para engañar a los contribuyentes diciendo que deben aprobar los fondos en beneficio de la paz social.

Kirchner en Argentina, y Nicanor, y los sucesores de Nicanor, en nuestro país, han usado y abusado de esta técnica para dotar de recursos a sus maquinarias electorales prebendarias. Millones de dólares del esfuerzo de los contribuyentes se vierten así en el basurero de lo peor de la “política” nacional, sustrayendo recursos que deberían destinarse a aliviar las necesidades de los más carenciados con mejores hospitales, mejores escuelas y mejores rutas.

Las acciones de violencia de la CNI y la ACIP han sido asombrosamente apoyadas por la Policía Nacional, cuyos jefes han admitido públicamente que decidieron permitir que los piqueteros violen los derechos de terceros con el ridículo argumento de que de ese modo evitan males mayores, como si la aplicación de la ley dependiera de una inconstitucional deliberación policial.

Ante la pasiva mirada de quienes visten el uniforme policial, los piqueteros violan las normas de tránsito, cercenan el derecho de libre circulación, ejercen extorsión y amenazas sobre terceros e incurren en el más desembozado ejercicio de la violencia contra inocentes que, paradójicamente, pagan a una Policía para que los proteja justamente de ese tipo de cosas, solo para confirmar que la Policía apoya a los piqueteros.

Lo mismo puede decirse del Ministerio Público, cuya ausencia en estos hechos delictivos es pública y notoria. Ninguno de los violentos directivos e integrantes de estas organizaciones está imputado, aunque los hechos que perpetran son flagrantes y repetidos.

La tristemente célebre fiscala Teresa Sosa, la que permite a los integrantes del grupo Cartes violar las normas sanitarias vigentes para todos los demás paraguayos, la que por los medios de comunicación amenaza con severidad a quienes se atrevan a desafiar las medidas contra el covid-19, no aparece cuando la CNI y la ACIP violan abierta y groseramente todas las normas sanitarias.

Por mucho menos, el Ministerio Público imputó a María Esther Roa y a los líderes gastronómicos. Por mucho menos están imputados unos diez mil ciudadanos por los cargos de violar las disposiciones sanitarias.

Ni Sosa ni ningún fiscal aparecen para precautelar las normas sanitarias y para castigar la violencia. El Ministerio Público apoya con su obvia omisión a los piqueteros, en el mismo nivel en que lo hace la Policía.

Ambas instituciones han sido convertidas en instrumento político sectario, al servicio del grupo en el poder integrado por Horacio Cartes y Mario Abdo Benítez y sus adláteres, grupo que carece de escrúpulos a la hora de montar engaños o de recurrir a la violencia. La ciudadanía decente es obligada a pagar por policías y fiscales que terminan obedeciendo a sus opresores.

El gobierno de Cartes y Abdo, en el mismísimo momento en que permitía todos estos desmanes, incluidas las violaciones a las normas sanitarias, emitía sendos decretos contra los creyentes, condenando a la ciudad de Caacupé a un nuevo toque de queda de facto hasta que termine la festividad de la Virgen, tras días y días de amenazante retórica proferida contra ellos por el locuaz ministro del Interior, Euclides Acevedo. A los creyentes palo, a los violentos apoyo.

Viendo todo lo anterior y la facilidad con que el Gobierno regala dinero del esfuerzo de los contribuyentes a los piqueteros de la CNI y la ACIP, es fácil ver que ambas organizaciones están vinculadas al grupo en el poder y que los 25 millones de dólares de los que se apropiarán son de “interés común” de todos ellos. Buen toco para mantener contenta a la clientela, ante las elecciones a la vista.