Es increíble, pero desde su creación como Instituto de Reforma Agraria (IRA), luego Instituto de Bienestar Rural (IBR), y ahora como Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), esta entidad ha sido un mero instrumento de los politicastros y de la corrupción. Pese a que varios de sus presidentes fueron procesados y hasta encarcelados, los negociados de tierra allí no paran, como el que ahora ha salido a la luz, lo que revela que quienes gobiernan este país tienen metidas sus sucias garras en ese organismo del Estado.
Ahora se supo que un grupo de abogados trata de vender al Indert un inmueble de 3.461 ha, valuado en 25.000 millones de guaraníes, alegando un fin altruista: “la necesidad social por la falta de tierras para los campesinos”. Allí, supuestamente, se iban a instalar unos colonos alemanes que terminaron estafados por Nikolai Neufeld, el dueño que, por tal motivo, purgó en su país una condena de cinco años de cárcel. En 2012 y en su ausencia, el predio ubicado en Caazapá fue ofrecido en venta al Indert por el Abog. Gustavo Dos Santos Ros, líder de la rosca; cuatro años más tarde, terminó en manos de su secretaria, Yolanda Coronel, en cuyo nombre el mismo abogado ha reiterado la oferta para consumar lo que sería un gran negociado. La nueva presidenta de esa entidad, Gail Gina González, acaba de anunciar que detendrá el proceso, que no comprará el inmueble y que sancionará a los funcionarios corruptos. Es bueno saberlo, siendo de esperar que su eficiencia y su honestidad la mantengan en el cargo, pues sería excesivo que el Indert tuviera más de tres presidentes en cinco años, cada cual de más negro pelaje que el otro.
Su antecesor inmediato Mario Vega, el mismo que también dijo que “no dudaría en destituir a los funcionarios que incurran en casos de corrupción”, está hoy procesado por los delitos de lesión de confianza, cobro indebido de honorarios y cohecho pasivo, siendo destacable que la agilización de cierto trámite habría sido justipreciada en 25.000 dólares. Horacio Torres Benítez, el primer “abdista”, renunció a seguir presidiendo el Indert luego de que dos altos funcionarios hayan pedido, según la Fiscalía, un soborno de 20.000 dólares para gestionar el título de unos inmuebles chaqueños. El Gobierno de Horacio Cartes se lució con Justo Pastor Cárdenas, ahora encausado por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero: habría acumulado unos cinco millones de dólares durante cinco años al frente del Indert. El expresidente Federico Franco lo tuvo allí a Luis Ortigoza, enjuiciado por el delito de lesión de confianza que habría cometido en 2013, al comprar 5.742 ha de tierras cordilleranas de la firma San Agustín, en lo que pareció ser un oscuro negociado político-económico.
Este muy somero repaso de los escándalos de los últimos años, que solo alcanza a los que afectaron a la cúpula y llegaron tanto a la prensa como a la Justicia, basta para calificar a la actual entidad como una de las más corrompidas de la administración pública. Allí se hace dinero sucio adquiriendo predios, otorgando títulos, encargando censos o construyendo pozos artesianos, en el marco de una fructífera alianza público-privada, cuyos principales beneficiarios no son precisamente los sujetos de la reforma agraria. Y conste que el Indert tiene una Junta Asesora y de Control de Gestión, integrada, entre otros, por representantes de organizaciones campesinas y de la Asociación Rural del Paraguay. El problema es que, como ocurre con los consejeros del Instituto de Previsión Social, sus miembros no se enteran de nada, por decir lo menos: solo está procesado el hoy “parlasuriano” Milciades Duré, por el sonado caso de las tierras cordilleranas de la firma San Agustín.
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Como señalamos, la faena de llenarse los bolsillos invocando al campesinado no es de reciente origen. Uno de los célebres presidentes del ente rural fue Juan Manuel Frutos, quien lo dirigió desde 1963, año en que la dictadura creó el IBR, hasta 1989. Este dirigente de prosapia colorada supo practicar con notable aptitud la demagogia y, sobre todo, comprender el amor a la tierra que tenían los altos jefes militares. Y no solo el de ellos, pues Mario Abdo Benítez –secretario privado de Alfredo Stroessner y padre del actual Presidente– habría recibido 2.906 ha, en tanto que el exdictador nicaragüense Anastacio Somoza unas 8.000, para nombrar a solo dos “sujetos de la reforma agraria”. Según la Comisión de Verdad y Justicia, a lo largo del estronismo, el IBR y su predecesor el IRA adjudicaron irregularmente ¡6.744.005 ha!, en tanto que, entre 1989 y 2003, las tierras mal habidas habrían llegado a 989.589 ha. En suma, en 49 años, se regalaron casi 8 millones de hectáreas, equivalentes a nada menos que al 32,7% de la superficie cultivable. Y, como se ve, el sucio negocio no para.
En julio último, el senador Enrique Riera (ANR) dijo que propondrá la creación de un nuevo organismo para que inicie la regularización de las tierras. Que nada se haya hecho hasta hoy al respecto dice mucho acerca de la falta de “voluntad política” de los Poderes del Estado, acaso atribuible a complicidades de alto rango. Pero aquí no termina el desastre del “desarrollo rural”, ya que, hace poco más de un año, la Comisión Bicameral de Presupuesto se enteró de que el Indert adeudaba 454.756 millones de guaraníes por tierras adquiridas y expropiadas. En suma, hay que recuperar las tierras mal habidas y pagar lo adeudado, no sin antes limpiar ese enorme establo, lleno de estiércol, mal llamado Indert, amparo y reparo de tantos sinvergüenzas.