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El desarrollo de las sociedades implica, en parte, la realización de obras que mejoren la vida de las personas. La proyección y ejecución de los grandes emprendimientos, como rutas, puentes, canales fluviales, condominios con viviendas económicas, son responsabilidad del Estado. Los recursos para estas obras provienen de los impuestos que pagan todos los ciudadanos, al igual que de empréstitos internacionales, que luego son honrados también con dinero de los contribuyentes paraguayos.
Como el Estado no tiene la capacidad de abarcar todo, debe recurrir al sector privado, convocando licitaciones, concursos de precios, llave en mano u otra modalidad prevista en las leyes. Todas son herramientas válidas para alcanzar objetivos que beneficien a la sociedad y movilizar la economía interna respetando las reglas de la libre competencia.
En las últimas décadas, los gobernantes han llegado al poder luego de haber recibido fortunas para las campañas políticas provenientes de empresarios que apoyan económicamente los proyectos. En muchos casos, estos aportes financieros son realizados contra la promesa de devolución una vez que el candidato acceda al poder. Pero este retorno no proviene de los recursos propios del gobernante, sino del erario público. Una de las maneras de hacerlo es torciendo licitaciones o contratos con el Estado. El establishment corrupto siempre tiene la fórmula para beneficiar a los amigos, quienes arman sociedades o consorcios al solo efecto de cobrar su aporte en campaña.
A estos grupos no les interesa tener experiencia o brindar un producto óptimo, ya que muchas veces, incluso, el objetivo es simplemente cobrar el adelanto del contrato, luego de lo cual dejan las obras inconclusas, o entregan adefesios como la famosa pasarela instalada sobre la autopista Ñu Guasu. Esta fue construida al costo de dos millones de dólares, mientras el titular del Centro Paraguayo de Ingenieros, Amílcar Troche, estima que una pasarela a los efectos señalados debe costar solo unos 500.000 dólares. El tristemente célebre metrobús, en el que se esfumaron decenas de millones de dólares, es responsabilidad del Gobierno de Horacio Cartes, pasando por su exministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Ramón Jiménez Gaona, hasta el último inútil que se encargó de ese proyecto. Por supuesto, nadie está procesado por ese caso, mucho menos enviado a la cárcel.
Según datos que están saliendo a la luz, la firma Engineering, a cargo de la sospechosa obra con un monto cuatro veces superior a lo que se pagó por ella, es una de las grandes beneficiadas por el Estado hace varios años. Aparentemente el gestor principal de esta empresa es Jorge López Moreira, nada menos que el hermano de la primera dama, Silvana López Moreira. A la par, investigaciones preliminares de la prensa ubican a los propietarios como muy cercanos tanto a Horacio Cartes como al presidente Mario Abdo Benítez durante su campaña política.
Igualmente, en declaraciones a un periodista de este grupo, Fernando Benítez Pappalardo, primo del Presidente de la República, confirmó ser socio de Justo Ferreira, creador del clan Ferreira vinculado al bochorno de los insumos chinos. Cabe recordar que este escándalo no tuvo ninguna consecuencia, acorde con la gravedad del caso, en funcionarios del Estado, a pesar de que el Gobierno hizo una gran parafernalia con Arnaldo Giuzzio y René Fernández a la cabeza. Los fatos de allegados a las autoridades de turno siempre son descubiertos por la prensa, nunca por las numerosas oficinas de Anticorrupción oficiales.
La práctica de asaltar las arcas del Estado para enriquecerse juntamente con los amigos aportantes, como piratas, debe terminar de una vez. Esto será posible cuando se acabe con la impunidad, lo que se logrará principalmente con una justicia honesta, pero también se necesita de un pueblo más activo en el reclamo a los corruptos que vienen robando el dinero de todos por generaciones y se presentan como empresarios exitosos. No son exitosos, son piratas.