La Constitución Nacional reza: Artículo 32 - DE LA LIBERTAD DE REUNIÓN Y DE MANIFESTACIÓN. Las personas tienen derecho a reunirse y a manifestarse pacíficamente, sin armas y con fines lícitos...”; Artículo 175 - DE LA POLICÍA NACIONAL. Dentro del marco de esta Constitución y de las leyes, tiene la misión de preservar el orden público legalmente establecido, así como los derechos y la seguridad de las personas y entidades y de sus bienes”.
La sociedad decente hizo uso el día viernes pasado de su derecho a expresarse para mostrar su hastío ante la corrupción que impera en el Gobierno. La inutilidad con la que actúan los políticos generando enormes daños a los ciudadanos, cuando roban su salud, su educación, sus fuentes de trabajo, es lo que motivó a la gente.
Los manifestantes se encontraron a la Policía Nacional con escudos, cascos azules, cachiporras, carros hidrantes y escopetas. La enorme mayoría de los presentes eran trabajadores, hombres, mujeres, muchísimos jóvenes y niños. Apenas se produjo un incidente menor provocado por una decena de personas, la policía desplegó toda su furia repartiendo golpes, disparando cañones de agua provenientes de los carros hidrantes, además de escopetazos con balines de goma. La fuerza desmedida empleada por las fuerzas policiales no se limitó a arrestar a los pocos inadaptados, sino que decidió perseguir literalmente a las personas en forma indiscriminada por varias cuadras llegando hasta el centro de la ciudad. Parece que todo estaba preparado para dar un “escarmiento” a los revoltosos que no perciben las buenas obras del Gobierno de Marito, tal como suele jactarse este mismo y sus corifeos.
El Gobierno manejado por el actual presidente y, al parecer, desde las sombras por Horacio Cartes, que tiene como mandos medios a impresentables antipatriotas, mostró en ese momento su verdadera esencia autoritaria. A los gobernantes y sus acólitos no les importa la Constitución, no les importa la gente que sufre, no les conmueven los parientes que deambulan por farmacias con el producto de las polladas solidarias para ser esquilmados al comprar medicamentos por el cuádruple de su valor.
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Es esta insensibilidad corrupta la que impulsó a la sociedad a manifestarse ejerciendo su legítimo derecho, que es expresar su descontento por los atropellos que sufre a manos de sus gobernantes diariamente.
Reprimir a las personas, de la manera que fuere, es una práctica propia de regímenes autoritarios, sanguinarios e inoperantes. La utilización de la fuerza bruta desmedida de quien ejerce el poder es la confesión de la orfandad de ideas, de la incapacidad de administrar los problemas de un pueblo, buscando soluciones inteligentes.
Es preocupante e inadmisible que, en lugar de mostrar señales de cambio estructural y de hombres, con políticas concretas en aras del bien común, los gobernantes ordenen golpear y perseguir a manifestantes pacíficos. Los Gobiernos deben escuchar a la gente, entenderla, rendir cuentas de sus actos, corregir errores y castigar a los corruptos. Esa es la obligación de quienes integran los tres Poderes del Estado.
El Presidente de la República y el ministro del Interior deben explicar por qué se reprimió a los ciudadanos, e identificar y castigar a los responsables de la barbarie. Esa es la esencia de una república democrática como el Paraguay: primero está el derecho a ser oído que tiene el ciudadano, a lo que sigue la obligación de rendir cuentas de los gobernantes. Se espera que todos los integrantes de los Poderes del Estado comprendan las reglas democráticas, comportándose a la altura de lo que demanda de ellos la historia.
Las actuales autoridades deben entender que la crispación reinante en nuestra sociedad no la ha generado la gente común, sino funcionarios y políticos insensibles, comenzando por el propio Presidente de la República, quien tolera que los inútiles y corruptos continúen enseñoreándose en su Gobierno, mientras el pueblo sufre necesidades.