La crisis sanitaria está revelando cuán podrida está la administración de la cosa pública: ni la ley ni la moral constituyen obstáculos para arrogarse u otorgar beneficios a costa de todos, mientras el personal de blanco arriesga la vida, los trabajadores quedan en paro y la población, en general, sacrifica sus libertades de reunión y de tránsito. Los sinvergüenzas siguen haciendo de las suyas, como si la pandemia no estuviera causando estragos.
En efecto, una indignante muestra de la falta de escrúpulos es el aumento salarial otorgado desde enero a ciertos funcionarios de la Cámara de Senadores, presidida en mala hora por Óscar “Cachito” Salomón (ANR, abdista). Como se habían ahorrado 23.000 millones de guaraníes en combustibles, viáticos y seguro social, el personaje de marras aprobó destinar 12.000 millones a la billetera de varios “asesores” y “directores” de esa institución. En sus palabras: “Ya que tuvimos recorte, decidimos invertir en nuestra gente”.
Integran esa “gente”, entre otros, Stella Maris Rojas y María José Florentín, directoras del Gabinete de la Presidencia y de una ¡Oficina Diplomática y Consular! (¿para qué servirá?), respectivamente: pasaron de ganar 7.400.000 guaraníes mensuales a 15.700.000: ¡un aumento de ¡8.300.000 guaraníes, el sueldo de por lo menos dos enfermeras! La repulsiva “inversión” no solo agrede la moral, sino también el espíritu de la ley que el 26 de marzo de 2020 declaró el estado de emergencia sanitaria, suspendiendo, por tanto, los aumentos salariales previstos para dicho ejercicio fiscal. A la fecha, la situación se ha vuelto dramática, pero al repudiable presidente del Senado le preocupa más quedar bien con la clientela, con el dinero de todos. “Invertir en nuestra gente”, dijo muy bien, porque para este y otros legisladores, “su gente” no es el personal sanitario que está luchando contra la pandemia en medio de precariedades y, a veces, a costa de sus propias vidas. Es de reconocer, al menos, que en la repartija no habría tenido anteojeras partidarias, ya que también fue beneficiada Mercedes Canese, directora de la bancada del Frente Guasu, cuyo salario de 14.700.000 guaraníes –aunque la misma aclaró que renunció a dicho aumento–, en tanto que la directora de ¡Barómetro Legislativo! (alguien deberá explicar de qué se trata), Teresita de Jesús Báez vda. de Brítez, gana ahora 11.300.000. Verdaderos “funcionarios de oro”.
Resulta irritante comparar estas remuneraciones con las de los médicos y enfermeras que están lidiando con el coronavirus, al igual que el hecho de que en la Cámara Alta se despilfarra el dinero de los contribuyentes en cargos increíbles como, aparte de los referidos, los de director de Copiado, director de Mozos y jefe de Ascensoristas, todos dotados de elevadas remuneraciones. Si en tiempos “normales” esos puestos y esos salarios implican un notable despilfarro, en los de la pandemia se convierten en una intolerable afrenta al más elemental sentido de justicia. Todo el mundo se está apretando el cinturón, pero en el Senado se aprieta aún más el de los indefensos contribuyentes. Se supone que allí están unos “representantes del pueblo”, que deberían tener aunque más no sea una pizca de conmiseración por sus afligidos compatriotas. Lamentablemente, no es así.
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Está visto que el presidente del Senado y del Congreso tiene un gran corazón para sus subordinados, pero no así para quienes hoy se están jugando la vida por doquier y, en especial, en los centros sanitarios. Con estos regalos a su clientela, “Cachito” Salomón, quien podría llegar al Palacio de López si el presidente y el vicepresidente de la República fueran destituidos por juicio político, propinó una sonora bofetada a la ciudadanía. Claro que no es una singular excepción en un Parlamento que acostumbra otorgarse privilegios indebidos a expensas de quienes se ganan el pan con el sudor de la frente. Si llegó a presidirlo es porque se trata de un exponente del común de sus miembros que, como lo dijo el diputado Carlos Portillo (PLRA) no son como el común de los ciudadanos. Ahora también se toma nota de que los funcionarios del Senado son de una índole extraordinaria y solo falta que los demás, empezando por los “servidores públicos” de la Cámara Baja, reclamen aumentos salariales similares, invocando el principio de igualdad ante las prebendas.
La canallada en cuestión merece el enérgico repudio de las personas de bien, hartas del latrocinio y de la ineptitud en el aparato estatal que financian con sus impuestos. Este escándalo no debe ser silenciado ni quedar en la nada, por su innegable inmoralidad y por significar, a todas luces, un escupitajo al interés general. Debería buscarse alguna forma de revertir tan desatinada decisión del titular del Senado, más aún porque la importante cifra destinada a esta repugnante repartija podría haber servido para salvar vidas, redireccionando créditos presupuestarios hacia las entidades directamente afectadas a la atención de la emergencia sanitaria. Esta clase de medidas son las que enervan aún más a la ya indignada población. Los funcionarios públicos, los legisladores y políticos sinvergüenzas, insensibles o corruptos, son los responsables directos de la crispación existente, porque le siguen tocando la oreja a quienes se esfuerzan por sacar adelante al país.