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Una buena administración supone fijar prioridades de acuerdo al sentido común y gastar lo estrictamente necesario; los fondos públicos deben ser invertidos con economía y eficiencia, incluso los provenientes de las entidades binacionales. El derroche y la irracionalidad van de la mano, tal como ha quedado en evidencia con el espectáculo montado por el Gobierno para presentar veinte camionetas pick up, donadas por Itaipú Binacional al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, en el marco de un convenio entre ambas partes con la participación de la OEI (Organización de Estados Iberoamericanos): servirían para transportar cómodamente unas vacunas que escasean, mientras faltan oxígeno, ambulancias, remedios, camas y equipos de bioseguridad, entre muchas otras cosas.
El Servicio de Emergencias Médicas Extrahospitalarias (SEME) solo tiene quince ambulancias operativas para Asunción y el departamento Central, ya que las diez restantes están en el taller; su director Pablo Zapattini cree que era preferible comprar ambulancias, pero su sensata opinión no habría sido requerida por el órgano que indicó al donante las especificaciones técnicas de los vehículos. A la pregunta de si, en todo caso, no hubiese sido mejor reparar las ambulancias, el ministro Julio Borba respondió que el costo del arreglo no debe superar el 40% de su valor, lo que no refuta la objeción de por qué se pidieron esos móviles, de paso, plantea la interrogante de por qué se permite que los deterioros de las ambulancias sean tan graves.
Es cierto que está previsto que la misma entidad binacional done cuarenta vehículos utilitarios, así como treinta ambulancias convencionales y cinco equipadas para terapia intensiva, pero sigue siendo insostenible que el Ministerio haya pedido camionetas para distribuir las escasas dosis que vienen llegando en forma irregular, mientras las graves carencias hospitalarias son manifiestas.
Entretanto, la situación en el interior del país es mucho peor. No se tiene un registro exacto de las ambulancias en funcionamiento, ni mucho menos la cantidad que espera en los “cementerios de chatarras” como el del patio del Hospital Regional de Caazapá. La mayoría de las ambulancias que se tienen en el interior provienen de donaciones y no se cuenta con un registro actualizado. De la situación de las ambulancias hablan los hechos. Tenemos el triste ejemplo de la que transportaba desde el Amambay al diputado Robert Acevedo y que precisamente sufrió desperfectos en el trayecto, lo cual habría contribuido a su fallecimiento posterior. Y hay miles de casos similares que padece la población. Si con estos ejemplos estamos en la Región Oriental, en la Occidental la situación es catastrófica. En Boquerón, por ejemplo, solo existen dos ambulancias para 60.000 personas. La mayoría de los vehículos de auxilio son de los menonitas, lo que ayuda a paliar la grave situación, las más de las veces.
No debe sorprender que se ignore si la donación que nos ocupa forma parte o no de los gastos “socioambientales”, ya que la falta de transparencia es una de las características de su administración arbitraria, al margen del Presupuesto nacional. El Ministerio e Itaipú Binacional negociaron a puertas cerradas, sin que se haya socializado, por lo menos, que sepamos. La transparencia es una buena “vacuna” contra el despilfarro y la insensatez.
El dispendio en que se ha incurrido mientras el sistema sanitario ha colapsado es una demostración más de la necesidad de que los fondos “socioambientales” integren el Presupuesto nacional. Ello supone que el uso que se les dé resulte de una deliberación abierta a la ciudadanía y a los parlamentarios, en vez de un oscuro acuerdo entre los capitostes de las entidades binacionales y los burócratas ministeriales. Dejar en sus exclusivas manos la asignación de recursos públicos implica delegar en ellos una facultad propia de los mandatarios de elección popular. En otros términos, resulta imperiosa la participación del pueblo y la de sus representantes a la hora de asignarlos, pues debe haber transparencia no solo en la ejecución de los gastos, sino también en la determinación de su objeto y de su cuantía.
Con toda certeza, los afectados por la pandemia y sus familiares, que carecen de oxígeno, fármacos y de camas hospitalarias en el interior del país, no saludarán alborozados la llegada de unos funcionarios del Programa Ampliado de Inmunizaciones, portadores de unas pocas dosis en unas relucientes camionetas. La población de los alejados puntos del interior se preguntaría por qué siempre le cuesta mucho hallar una ambulancia, común y corriente, en casos de urgencia; la respuesta habrá que buscarla en el descontrol y la consecuente corrupción. No debemos olvidar que bajo la administración del anterior director, la XVI Región Sanitaria del Chaco Central recibía cargas de combustibles por casi un millón de guaraníes para ambulancias que no estaban funcionando.
Es de esperar que, al menos, se verifique el uso de los vehículos donados para la finalidad anunciada. Y la próxima donación sea efectivamente de las ambulancias que tanta falta hacen.