Una muestra categórica del despojo a Paraguay en Itaipú

El informe que acaba de presentar la Contraloría General sobre la deuda de Itaipú no solamente prueba el descarado despojo que ha sufrido el Paraguay por parte del Brasil, con la colaboración de varias camadas de “paraguayos” vendepatrias, sino que no puede llegar en un momento más oportuno, cuando el país se prepara para renegociar los términos del Anexo C del Tratado y ya se perciben señales de vacilación que hacen sospechar que, una vez más, merodea la intención de cambiar algo para no cambiar nada. El informe reconfirma lo que se ha dado en llamar “deuda espuria”, uno de los episodios más desvergonzados de una larga historia de expoliación contra nuestro país. Pero esta vez los hechos no son constatados y expuestos por la prensa o por expertos o por ciudadanos indignados, sino por un órgano constitucional, a partir de documentación oficial, lo que obliga al Gobierno, le guste o no le guste, a ponerlo sobre la mesa a la hora de sentarse a negociar con Brasil.

El informe que acaba de presentar la Contraloría General de la República sobre la deuda de Itaipú no solamente prueba el descarado despojo que ha sufrido el Paraguay por parte del Brasil, con la colaboración de varias camadas de “paraguayos” vendepatrias para provecho personal en contra de los intereses nacionales, sino que no puede llegar en un momento más oportuno, cuando el país se prepara para renegociar los términos del Anexo C del Tratado y ya se perciben señales de vacilación que hacen sospechar que, una vez más, merodea la intención de cambiar algo para no cambiar nada.

El informe de la Contraloría categóricamente reconfirma lo que se ha dado en llamar “deuda espuria”, uno de los episodios más desvergonzados de una larga historia de expoliación contra nuestro país en la entidad binacional. La diferencia es que esta vez los hechos no son constatados y expuestos por la prensa o por exponentes de la academia o por profesionales del sector o ciudadanos indignados, sino por un órgano constitucional de la República, a partir de documentación oficial, lo que institucionalmente obliga al Gobierno, le guste o no le guste, a ponerlo sobre la mesa a la hora de sentarse a negociar con Brasil.

Cada quien puede sacar sus propias conclusiones o denominarlo como prefiera, pero si la tuviéramos que extrapolar a una situación cotidiana de cualquier sociedad privada la “deuda espuria” no sería otra cosa que una estafa.

El Tratado de Itaipú, ideado y redactado por Brasil, tan celoso para exigir su estricto cumplimiento solo cuando le conviene, establece que la central hidroeléctrica debe operar al costo, es decir, el valor de la tarifa tiene que ser igual al costo de operación y mantenimiento más el costo financiero, compuesto por el pago anual por amortización e intereses de la deuda. De ahí se hace un prorrateo y se calcula cuánto tienen que pagar Eletrobras y ANDE por la potencia contratada.

Sin embargo, entre 1985 y 1997, ¡durante doce años!, Brasil, aquejado por una crisis económica, solicitó y obtuvo de Itaipú, con la anuencia paraguaya, una importante reducción de la tarifa, bien por debajo del costo, en abierta violación de la mencionada disposición del Tratado.

Al no cubrirse los costos con la tarifa, la consecuencia de esa violación del Tratado fue un incremento de la deuda de 4.193 millones dólares, algo catalogado como “deuda ilegal” por la Contraloría. Pero el caso no termina allí. Ya entonces y hasta hoy, el principal acreedor de Itaipú es precisamente Eletrobras, que siempre actuó de “prestamista” (usurera si llamamos a las cosas por su nombre), y que de esta manera se benefició por doble vía: por un lado, con una tarifa reducida por debajo del costo, pese a lo dispuesto en el Tratado, y, por el otro, con un incremento de la deuda a su nombre, con la correspondiente generación de altos intereses a su favor.

Como si todo no fuera ya suficientemente ominoso, cuando se presentó una situación similar con la ANDE, el trato fue muy diferente. Paraguay tuvo dificultades económicas a fines de la década del noventa y principios del milenio, pero a la ANDE no se le benefició con una reducción de la tarifa como se había hecho con Eletrobras, sino que se le refinanciaron sus vencimientos de los años 1999, 2000 y hasta febrero de 2001 a una tasa ¡del 12 por ciento anual en dólares!

En su informe de auditoría, la Contraloría General de la República hace un cálculo y concluye que, de haberse procedido de la misma manera con Eletrobras, la porción de la tarifa que ilegalmente se le condonó entre 1985 y 1997, en abierta violación del Tratado, con los intereses acumulados y proyectados a 2020, tiene un valor de ¡59.476 millones de dólares!, más que suficientes para cancelar toda la deuda de Itaipú muchos años atrás. En cambio, Itaipú sigue debiendo, ¿y a quién? a la propia Eletrobras en un 97%, con un saldo de 3.629 millones de dólares a diciembre de 2020. Parece un chiste.

La auditoría no deja lugar a dudas y pudo por fin ser completada después de más de diez años por las muchas trabas puestas por los brasileños y sus mandaderos paraguayos en Itaipú. Comenzó con la resolución 394/09, que dispone la realización de un examen especial de la deuda de la entidad binacional y sus antecedentes, tuvo que ser interrumpida varias veces por falta de documentación, y fue reanudada a fines de 2020 por resolución 524 con información complementaria que finalmente proporcionó la entidad.

La renegociación del Anexo C es de cara al futuro. Una vez cancelada la deuda, con todos sus componentes espurios incluidos, tenemos que concentrarnos en hacer que Brasil pague un precio justo por los excedentes paraguayos y, a la vez, en desarrollar la infraestructura eléctrica interna para que la economía nacional pueda beneficiarse con la energía limpia y barata que dispone el país. Pero no podemos olvidar el pasado. Este documento fundamental no solamente es una carta para hacer valer frente a nuestro socio, sino un recordatorio para el Gobierno y para nuestros propios negociadores de que los paraguayos ya no estarán dispuestos a seguir soportando injusticias.