Los despojos al Paraguay en Itaipú no deben quedar impunes

El resultado del examen especial que realizó la Contraloría General de la República de la deuda que se atribuye a la Itaipú Binacional, de la que el Paraguay es socio en partes iguales con la República Federativa del Brasil, confirmó lo que expertos nacionales y extranjeros han venido señalando: que nuestros gobernantes y negociadores asestaron sucesivas puñaladas a nuestro país, mediante la entrega de los intereses nacionales a nuestros socios. El informe refiere en su punto 8 que se detecta un perjuicio de más de 4.193 millones de dólares en el periodo comprendido entre 1985 y 1997, como consecuencia de la venta de energía al Brasil a un precio por debajo del costo del servicio de electricidad que establece el Tratado. La gravedad de las afirmaciones del informe especial lleva a la necesidad de iniciar investigaciones sobre la responsabilidad personal en el ámbito penal y civil.

El resultado del examen especial que realizó la Contraloría General de la República de la deuda que se atribuye a la Itaipú Binacional, de la que el Paraguay es socio en partes iguales con la República Federativa del Brasil, confirmó lo que expertos nacionales y extranjeros han venido señalando: que nuestros gobernantes y negociadores asestaron sucesivas puñaladas a nuestro país, mediante la entrega de los intereses nacionales a nuestros socios en este emprendimiento condómino.

Para comenzar, entre las dificultades que encontró el equipo auditor, se menciona en el informe que gran parte de la documentación se encontraba en idioma portugués, lo que más allá de ser un obstáculo superable, es un reflejo de la falta de respeto que muestran los mismos funcionarios paraguayos hacia su país, ya que obviamente todos los documentos deben ser producidos también en español, como lo indica el Artículo IV, parágrafo 2º del Tratado.

El informe refiere en su punto 8 que, se detecta un perjuicio de más de 4.193 millones de dólares en el periodo comprendido entre 1985 y 1997, como consecuencia de la venta de energía al Brasil a un precio por debajo del costo del servicio de electricidad que establece el Tratado, específicamente su Anexo C.

Increíblemente, fue en una sesión del Consejo de Administración, el 4 de abril de 1986, en la que el director brasileño de la época, el general Ney Braga, expuso la difícil situación inflacionaria que afectaba a su país, por lo cual no podrían abonar el monto fijado en el Tratado. Es esta una de las ocasiones en las que el entonces director paraguayo, Enzo Debernardi, y los consejeros aceptaron sin más semejante daño a los intereses del Paraguay. Ya en ese momento, pasaron por alto la Constitución Nacional y el mismo Tratado, con un acta del Consejo de Administración, ejerciendo atribuciones que no tenían.

Esta ventaja ilegal obtenida por Brasil con el consentimiento de los funcionarios paraguayos repercutió directamente en la deuda de la entidad binacional con Eletrobras (principal acreedora de Itaipú), que terminó pagando la entidad binacional y, por ende, también nuestro país, aunque su participación en el usufructo de la energía con tarifa ilegal haya sido ínfima.

Si bien es cierto que el valor artificial de la energía por debajo de su precio real benefició a la ANDE, esto representó apenas el 3% de la energía que vende Itaipú, ya que el 97% la adquiría el Brasil (Furnas y Electrosul), pero el crecimiento de la deuda se atribuyó en la misma proporción a cada uno de los copropietarios de la entidad.

Desde 1998, el precio de la energía fue superior a lo previsto en el Tratado, con el objetivo de recuperar las pérdidas generadas en el periodo 1985-1997 por la venta de energía a un precio menor. Este aumento del costo, en el caso de Paraguay, fue trasladado por ANDE a los usuarios, nuevamente perjudicados.

En términos simples, primero los antipatriotas funcionarios de Itaipú y ANDE consintieron subsidiar el costo de la energía a empresas brasileñas, lo que generó una deuda enorme a favor de Eletrobras, que seguía cobrando intereses, y luego, para pagar esa deuda, aumentaron la tarifa. Esto no significa otra cosa más que el pueblo paraguayo siempre fue perjudicado por el manejo entreguista de Itaipú.

Los gobernantes, directores y consejeros del Paraguay nunca reclamaron al Brasil la diferencia que dejó de abonar de 1985 a 1997 por imposibilidad, como habían alegado, y como consta en las actas. Más bien consintieron todo este tiempo esa ventaja indebida que obtuvo el Brasil sin tomar acciones en defensa del pueblo paraguayo. No existe ningún registro sobre algún tipo de reclamo firme de parte de gobernantes, directores o consejeros, quienes como se sabe perciben salarios obscenos.

Algunos de los directores y consejeros más comprometidos en los chanchullos pergeñados en perjuicio del Paraguay fueron Enzo Debernardi, Hans Wilheim Krauch, Antonio Colmán Rodríguez, Victorino Vega Giménez y Fidencio Tardivo y, principalmente, los consejeros Ezequiel González Alsina, Andrés Gómez Opitz y Salvador Rubén Paredes. A los que se sumaron ese mismo año, sin que hayan realizado cuestionamiento alguno, Luis Martínez Miltos, Luis A. Peralta Báez y Silvio Meza Brítez, muchos de ellos ya fallecidos a la fecha.

En marzo de 1997, los órganos de la alta administración de Itaipú, pese a las críticas que inclusive brotaban del interior de la entidad binacional, aunque bajo el manto protector del anonimato, incorporaron al pasivo de la entidad binacional la deuda que se acumuló a raíz de la violación del Tratado en abril de 1986.

La nómina de directores y consejeros que conforman el segundo eslabón de esta cadena de responsables de la deuda ilícita de Itaipú es como sigue: Miguel Luciano Jiménez Boggiano, Pedro Lozano Dietrich, Édgar Rolando Mengual Herken y Félix Hermann Kémper González. Por el Consejo, Héctor Ernesto Federico Richer Bécker, Joaquín Rodríguez Villalba, Miguel Fulgencio Rodríguez Romero, Adolfo Ozuna González, Paul Luis María Sarubbi Balansá. Julio César Vasconsellos fue nombrado en agosto de ese año como miembro del Consejo.

Según el informe de la Contraloría, incluso se llevaron adelante prácticas totalmente ilógicas en el ámbito financiero, como contratar préstamos para honrar otros con la misma Eletrobras. Estos nuevos contratos se emplearon para afrontar cargas financieras de préstamos anteriores en lugar de aplicarlos a inversiones.

Paraguay debe enfrentar en poco tiempo la renegociación del Anexo C del Tratado de Itaipú, por lo que el documento originado en un órgano constitucional como es la Contraloría General de la República debe ser minuciosamente considerado, ya que es la primera expresión oficial de la desventaja sufrida por nuestro país en la ejecución del Tratado del año 1973 de la mano de paraguayos entreguistas, que consintieron la expoliación por parte del Brasil.

La gravedad de las afirmaciones del informe especial lleva a la necesidad de iniciar investigaciones sobre la responsabilidad personal en el ámbito penal y civil. La primera de ellas corresponde al Ministerio Público y la segunda a la Procuraduría General. La primera institución nombrada no despierta mucha esperanza cuando se trata de investigar a altos funcionarios vinculados con el poder o que responden a ciertos “padrinos”. Un ejemplo concreto, y precisamente vinculado a otro intento de entrega de intereses y soberanía del Paraguay con respecto a Itaipú, se tuvo con la firma en 2019 del “Acta Bilateral”, que estuvo incluso a punto de costarles un juicio político al presidente Mario Abdo Benítez y al vicepresidente Hugo Velázquez. La fiscala general, Sandra Quiñónez, nombró un equipo de fiscales para investigar a los participantes de tan grave componenda, pero que, como siempre, no arrojó resultado alguno. Ahora conformó otro equipo para estudiar el informe de la Contraloría General, pero en el mismo figuran los fiscales Marcelo Pecci y Liliana Alcaraz, quienes ya integraron el equipo que “investigó” infructuosamente el Acta Bilateral, lo que sombríamente no permite esperar resultados auspiciosos sobre los entreguistas que permitieron tanto despojo al Paraguay.

Tampoco despierta esperanzas la tibia reacción del presidente Abdo Benítez, quien no demostró indignación alguna ante los graves hechos comprobados por un alto organismo del propio Estado, sino que se limitó a prometer que “vamos a estudiar el documento de la Contraloría”. Ya sabemos en qué termina esta clase de promesas: generalmente en contra de los intereses de nuestro país.

Si el Ministerio Público está interesado en realizar su trabajo como corresponde, y aun cuando la Contraloría General identifica un periodo de tiempo en el que se originó el perjuicio, corresponde trasladar la lógica del razonamiento hasta la actualidad. Los investigadores deben revisar puntillosamente cada acta, cada firma de directores, consejeros y funcionarios que por acción u omisión produjeron o no evitaron el daño a los intereses de la República. Cada funcionario debe ser citado para brindar explicaciones sobre su conducta en la defensa de los intereses del Paraguay. Más que nunca también se debe exigir al actual titular de Itaipú, Manuel María Cáceres, que exhiba los documentos que respaldan su gestión, porque tanta resistencia a exhibirlos solo mueve a pensar que allí también hay mucha tela por cortar.

Es una magnífica oportunidad para que los estudiantes, los distintos gremios y otros grupos organizados preocupados por los destinos del país, expresen en manifestaciones públicas y sostenidas la indignación tan largamente contenida por la descarada sinvergüencería tantos años predominante en las entidades binacionales, y reclamar castigo a los responsables. Este repudio debe ser extensivo a los funcionarios y organismos que no cumplen con su misión sino, más bien, se han vuelto y se vuelven cómplices de los ladrones que han empobrecido a nuestro país.