Es función esencial del Estado preservar la seguridad para que no rija la ley del más fuerte. Podrá construir rutas o atender la salud y la educación de la gente, pero habrá perdido su razón de ser mientras no garantice su vida, su libertad y sus bienes. El orden público resulta amenazado no solo por los motoasaltantes o los secuestradores, sino también por quienes buscan imponer su voluntad paralizando el país ante la inacción de la Policía Nacional y del Ministerio Público. Se cometen delitos flagrantes para someter a las instituciones y a la población, pero ni el ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, ni la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, creen oportuno cumplir con sus respectivos deberes. Por si estos dos funcionarios aún no estén enterados en su real magnitud de lo que está pasando, el propio presidente de la Federación de Camioneros del Paraguay, Ángel Zaracho, se permitió recordar que “la situación ya es crítica, económicamente hablando (...) El paro ya está generando efectos colaterales y merece atención urgente”. Aún más, amenazó con un copamiento de Asunción por sus compañeros que, ¡”por cuenta propia”!, según dijo, vendrían si el Congreso no trata el proyecto de ley que apoya sus intereses. Es decir, por si el vil chantaje aún no haya resultado claro, tuvo a bien señalar el tremendo daño ya causado por su propia organización, como si se estuviera jactando de ello. Por su parte, Pablo Mauger, en nombre de uno de los sectores gravemente perjudicados y no defendidos por el Estado, el de los avicultores, sostuvo con acierto que “Los camioneros son los dueños de las rutas; no hay obras públicas; ellos son los dueños del país”. Lo son, repetimos, debido a la inutilidad de la Policía Nacional y de los agentes fiscales, ante cuyas narices se violan impunemente los derechos de terceros, como el de libre tránsito; también se impide, por ende, la libre circulación de los productos, provocando cuantiosas pérdidas, como lo advierte el propio dirigente camionero. Hasta se pone en riesgo con toda impunidad la vida de las personas, poniendo clavos “miguelito” o bloqueando el paso de vehículos que transportan enfermos. Y conste que el Código Penal castiga con hasta dos años de cárcel o con multa al que “produjera un obstáculo” en el tránsito terrestre, pero nada de esto inmuta a las autoridades competentes, como el ministro y la fiscala general mencionados. No hablemos ya del presidente Mario Abdo Benítez, que ignoramos si sabe realmente lo que está ocurriendo, aunque ayer su propia caravana sufrió un intento de acoso de los camioneros en Itapúa.
Por su parte, la Ley Nº 5016/14 dice que “el uso de la vía pública para fines extraños al tránsito (...) debe ser previamente autorizado por la autoridad competente”, siempre que el tránsito “pueda mantenerse con similar fluidez por vías alternativas de circulación”, que se acredite que se tomarán en el lugar las medidas necesarias de seguridad para las personas y los bienes, y que los organizadores “se responsabilicen personal y solidariamente por los eventuales daños a terceros o la infraestructura vial”.
Los extorsionadores amenazan con prolongar el paro ilícito si el siempre complaciente y populista Congreso no se pone de rodillas, es decir, se proponen aumentar los ingentes perjuicios ya causados, a los que en breve podrían sumarse el desempleo y la inflación, por los graves inconvenientes que están sufriendo algunos sectores industriales y comerciales, lo que repercute en un aumento de los precios al consumidor. Si han llegado a este extremo es porque los agentes estatales se cruzan de brazos ante el delito continuo cometido para mal de quienes nada tienen que ver con el conflicto desatado. Lo mismo ocurre cuando los indígenas y los “campesinos” creen tener derecho a cerrar calles o rutas, una y otra vez, para arrancar concesiones a costa de los contribuyentes. La población está indefensa ante quienes parecen estar dispuestos a salirse con la suya a como dé lugar, alentados por la evidente inacción policial. En especial, el ministro del Interior, que alguna experiencia tiene en materia de seguridad, ya que integró el Ministerio Público, está demostrando una inoperancia culposa, ignorando su deber constitucional de preservar, a través de la Policía Nacional, “el orden público legalmente establecido”. De hecho, de los agentes fiscales poco se espera cuando de defender los intereses de la gente se trata, pero no así cuando la cuestión afecta a ciertos políticos poderosos. Hace unos días, precisamente, varios gremios de la producción denunciaron ante la fiscala general del Estado a los camioneros que impiden el tránsito, dado que el Ministerio Público no cumplía con su obligación de intervenir de oficio; como resultado, se solicitó el despeje a la Policía Nacional, pero los delictivos bloqueos continúan y hasta se habla de copar Asunción. Recién ayer, la Policía procedió a hacer algunas pocas detenciones. Los violentos no deben hacer lo que les dé la gana, sin importarles los derechos de los demás: deben ser procesados y cargar no solo con la responsabilidad penal por sus atropellos, sino también con la civil, aunque, ciertamente, sería imposible que reparen los multimillonarios daños ya causados.
El Poder Ejecutivo tiene el deber de cumplir y hacer cumplir la ley y el Congreso el de no humillarse ante quienes agreden a sus compatriotas, hasta ahora librados a su suerte. El Estado debe justificar su existencia, restaurando el orden público vulnerado a vista y paciencia de sus autoridades. La democracia no es sinónimo de anarquía, de modo que urge aplicar la Constitución y las normativas vigentes para proteger a la población y sancionar a sus victimarios. Por último: el ministro Giuzzio está incurriendo en dejación de funciones, de modo que debería corregirse cuanto antes o, de lo contrario, tener la decencia de renunciar al cargo que tan mal está ejerciendo.
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