El Poder Ejecutivo remite hoy al Congreso el proyecto de ley de Presupuesto General de la Nación (PGN) para el ejercicio 2022. Como se hizo costumbre en las últimas décadas, es el momento propicio aprovechado por los conglomerados públicos para presionar por hacer primar sus intereses particulares por sobre el interés general. El escenario de pandemia, cuya amenaza no se ha aplacado, anticipa un año difícil por lo cual las decisiones que se asuman deben ser las más prudentes. Ante la falta de reformas profundas en las instituciones estatales, no queda otra que cuidar cada moneda que será gastada. La mayor amenaza, con certeza, no proviene del maldito virus que nos azota, sino del populismo que emerge en los periodos electorales como el que se tendrá en ese periodo.
La ley presupuestaria es la norma más importante luego de la Constitución Nacional. En ella debe verse reflejada las líneas de acción de las políticas públicas que pretende impulsar el Gobierno. En este caso puntual, existe una corresponsabilidad de los tres poderes del Estado. Lamentablemente, desde hace ya mucho tiempo, el PGN ha sido convertido en una piñata, donde cada uno de los actores políticos que intervienen en su elaboración y aprobación está más preocupado en cómo meterle un manotazo en pro de intereses mezquinos y satisfacer a la clientela política.
El proyecto presupuestario está siendo elaborado sobre una estimación de crecimiento económico del 3,8%, una inflación del 4%, un tipo de cambio de 6.992 guaraníes por cada dólar y un déficit fiscal (más gastos que ingresos financiados con endeudamiento) del 3%, por encima del tope de la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF) que lo estipula en 1,5%. La situación que vive el Estado impone una serie de desafíos, entre los que resaltan la necesidad de evitar un crecimiento importante de los gastos en remuneraciones y jubilaciones, mantener el endeudamiento en niveles razonables y al mismo tiempo sostener las inversiones públicas en niveles adecuados para coadyuvar con el crecimiento de la economía.
A juzgar por lo que se viene escuchando, el gran desafío de las autoridades será soportar las presiones en materia de salarios. Por un lado, los docentes vienen reclamando la inclusión de un aumento salarial del 16% (que forma parte de un acuerdo para el escalafón salarial), cuyo costo se estima en 118 millones de dólares anuales. No menos cierto es que el Ministerio de Salud Pública deberá mantener una estructura, tanto física como de recursos humanos que demandará mucho más dinero del Estado, por lo cual ya ha solicitado un presupuesto adicional de 1.000 millones de dólares. Además, existe un acuerdo con el gremio de enfermeros para implementar un escalafón a partir del segundo semestre cuyo costo se desconoce. A todo esto, se suman los crecimientos vegetativos en materia salarial tanto en las Fuerzas Armadas como en la Policía, así como los ajustes en los beneficios de los jubilados estipulados por ley.
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Pero aún falta que algunos sindicatos comiencen sus protestas y movilizaciones con la intención de esquilmar a los contribuyentes. Uno que se ha adelantado es el gremio del Ministerio de Hacienda, que exige un incremento salarial del 33,3%, un delirante planteamiento tomando en consideración la profunda crisis que afronta el país, ajeno a las dificultades que soportan muchos contribuyentes y una ofensa para aquellos paraguayos de bien que se han quedado sin trabajo. En los próximos días queda por seguro que pulularán otros en el microcentro de la ciudad para tratar de imponer sus caprichos. Como si no supieran que el país atraviesa uno de sus momentos más críticos.
Las autoridades están anticipando que de nuevo se recurrirá a la emisión de bonos para financiar los gastos de capital y bicicletear parte de la deuda. No se debe olvidar que en casi diez años el endeudamiento de nuestro país casi se ha triplicado, representando hoy más del 34% del Producto Interno Bruto (PIB), muy por encima del techo que se había fijado en 30%. Se trata de una “bola de nieve” a la que se debe poner freno para que no termine arrojándonos al despeñadero. Lo más alarmante de esto es que los servicios de intereses de la deuda se han elevado de manera sostenida cada año. Las autoridades deben pensar seriamente en salidas alternativas al financiamiento del presupuesto, sin que ello signifique más deudas o un impuestazo.
Más allá de los pomposos anuncios de nuevas formas de elaboración del plan de ingresos y gastos, como el de “Presupuesto por resultados”, es muy poco lo que se ha visto en materia de reformas profundas. El despilfarro continúa campante en cuanto a salarios elevados, funcionarios no capacitados y prebendas políticas. Tampoco se ha visto una actitud agresiva que apunte a mejorar la gestión de las instituciones. Se debe admitir que el Poder Ejecutivo ha mostrado en parte un atisbo de cambio, cumpliendo su promesa de presentar proyectos como el de la reforma del servicio civil (ley del funcionario público) y el de los procesos de contrataciones públicas, que lastimosamente duermen en algún cajón del Parlamento. Pero aún queda remitir planes para modificar el régimen de la Caja Fiscal que está en total quiebra y el de simplificar el espectro de entes públicos, muchos de ellos con funciones superpuestas.
Como podrá verse, se aproximan días de mucha tensión para la República. Los miembros de los tres Poderes de Estado tienen el desafío de proponer gastos acordes a los tiempos de pandemia y los sindicatos públicos de arriar sus banderas en pro de un presupuesto que permita al país salir del sumidero en el que se encuentra. La historia nos muestra que los presupuestos de años electorales (en este caso internas presidenciales) han sido de desequilibrio. Basta recordar aquel fatídico 2012 en el que las remuneraciones públicas fueron aumentadas más del 30%. Ojalá prime la cordura en el Congreso donde se toman las últimas decisiones en esta materia. Caso contrario, el país debe prepararse para darles un aleccionador castigo en las próximas elecciones.