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El caso de la Abog. María Laura Miers, la funcionaria del Congreso que, desde hace un año, trabajaba a tiempo completo en el domicilio del exsenador Óscar González Daher, condenado por los delitos de tráfico de influencias, declaración falsa y enriquecimiento ilícito, dista mucho de ser insólito. Se recordará que el exdiputado José María Ibáñez y el diputado Tomás Rivas (ANR) hacían aparecer a sus caseros como funcionarios de la Cámara Baja, para pagarles sus salarios. El primero admitió en sede judicial haber cometido los hechos punibles de estafa, expedición de certificado de contenido falso y cobros indebidos de honorarios, en tanto que el segundo está siendo procesado como presunto autor de una estafa, delito por el que ya fueron condenados sus tres caseros. Tampoco se puede olvidar a Gabriela Quintana, la “niñera de oro” del exsenador Víctor Bogado, que cobraba salarios en el Congreso y en Itaipú.
Por su parte, la funcionaria mencionada habría hecho de secretaria, o, mejor dicho, de operadora política del también condenado Óscar González Chaves, candidato a concejal. La misma debió declarar ayer ante el Senado, pero una “oportuna” enfermedad, y el consiguiente certificado médico, impidieron el trámite.
Lo llamativo en este nuevo escándalo, que estalló solo cuando la prensa reveló su verdadero lugar de “trabajo”, es que el beneficiario de los servicios personales a costa del contribuyente seguía disfrutando de las mieles del poder, pese a que ya no era legislador y a que fue hallado culpable de la comisión de tres hechos punibles. En otras palabras, seguía mandando en el Congreso, por razones que su presidente Óscar Salomón (ANR) tiene que explicar, dado que es el ordenador de gastos y no puede atribuir la responsabilidad exclusiva al personal administrativo encargado de controlar la asistencia y la presencia de la Abog. Miers en el Palacio Legislativo, en el horario de 07:00 a 15:00. Su carrera en el Senado, iniciada en 2011, ha sido meteórica, pues empezó como ascensorista; hasta hace muy poco, fungía –en los papeles– de asesora jurídica de la Secretaría General, con un ingreso mensual de casi diez millones de guaraníes. Ni su ingreso ni su ascenso se habrán regido por la Ley de la Función Pública, sino por la graciosa voluntad del primer senador expulsado por sus pares en nuestra historia parlamentaria. Si así fue, su incorporación es nula y debe ser destituida de inmediato.
La protegida fue puesta ahora “a disposición” de la Dirección de Recursos Humanos, hasta tanto concluya el sumario administrativo instruido por la Secretaría de la Función Pública, pese a lo cual se la vio nuevamente acudiendo a la casa del exsenador luqueño. Si la falta imputada implica, además, un delito de acción penal pública y el juez sumariante cree que la acusación es verosímil, la funcionaria debe ser suspendida en el cargo hasta que termine el proceso judicial, con goce de sueldo mientras no se dicte prisión preventiva. Vale apuntarlo ya que, tratándose de un affaire similar al de los empleados domésticos de Ibáñez y de Rivas, el juez sumariante o el Ministerio Público podrían creer necesaria la persecución penal y no solo contra la Abog. Miers, sino también contra su patrón de hecho. Cuando salen a la luz corruptelas como las referidas, en los que se retribuyen servicios privados con fondos previstos para un cargo público, resulta inevitable preguntarse cuántos otros de igual carácter habrá en el caótico aparato estatal, donde ni la ley ni la moral rigen para los capitostes.
Es presumible que no solo los parlamentarios utilicen en beneficio propio los recursos humanos solventados por el erario, con toda impunidad. En efecto, puede que haya habido o sigan existiendo ministros del Poder Ejecutivo o de la Corte Suprema de Justicia, así como burócratas de alto rango, que echan mano al bolsillo de todos para retribuir a sus dependientes, disfrazados de funcionarios. Como no ingresaron en el Presupuesto por sus méritos demostrados en un concurso público de oposición, sino gracias al patrocinio de algún pez gordo, este cree tener derecho a que le sirvan para sus asuntos privados, sin el menor escrúpulo: no tiene conciencia del delito, al igual que el militar que utiliza a soldados como niñeros. Servirse del personal estatal para que atienda cuestiones particulares supone un robo liso y llano que, cabe insistir, estaría siendo perpetrado en una escala mucho más amplia que la hasta hoy revelada. Para peor, no concluye necesariamente cuando el autor renuncia a un cargo o resulta condenado por más de un hecho punible, según surge del nuevo escándalo, uno de cuyos partícipes podría volver a la cárcel.
Tal como parece, es probable que esta circunstancia no le impida al exsenador González Daher seguir influyendo en el devenir nacional, de modo que sería de ingenuos sorprenderse si desde una celda VIP continuara manejando los hilos de la politiquería y del Presupuesto, con las recomendaciones habituales en materia de contrataciones o nombramientos. Es que mientras los que mandan no aprendan a distinguir entre lo público y lo privado, seguirán considerando todo como parte de lo suyo. No habrá una efectiva Reforma del Estado ni una carrera administrativa auténtica mientras quienes se las dan de políticos intervengan en la función pública para violar la ley, en provecho propio y en el de sus allegados. González Daher es la expresión más cabal de esa desfachatez que tanto mal le hace al país. Pero más allá de este siniestro personaje, es evidente que existe toda una estructura podrida que mantiene este atroz estado de cosas, contra el cual la ciudadanía debe rebelarse con sus votos.